El Defensor rinde cuentas

Hace poco m¨¢s de un a?o empez¨® por fin en Espa?a la b¨²squeda de la verdad sobre la pederastia en la Iglesia cat¨®lica. Despu¨¦s de tres a?os de investigaci¨®n de este peri¨®dico, la entrega de un informe con 251 casos al Vaticano y a la Conferencia Episcopal hizo estallar definitivamente el esc¨¢ndalo, hasta entonces negado por la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica. Tras un debate sobre la f¨®rmula m¨¢s id¨®nea, el Congreso aprob¨® casi por unanimidad ¡ªcon el voto en contra de Vox y la abstenci¨®n de UPN¡ª encomendar una investigaci¨®n al Defensor del Pueblo, mientras por su parte los obispos encargaron una auditor¨ªa interna a un despacho de abogados.

Espa?a ha llegado tarde a esta tarea, aunque ya con la posibilidad de evaluar la experiencia de otros pa¨ªses como Irlanda, Francia, Australia o Alemania, que durante a?os han podido inspeccionar los archivos de la Iglesia y recoger miles de testimonios. La petici¨®n oficial a la Iglesia de que comunique todos los casos de abusos de los que tenga conocimiento desde 1950 llega tras casi un a?o de trabajos del Defensor, junto a la petici¨®n de informaci¨®n sobre los procedimientos puestos en marcha por la Iglesia ¡°de escucha y reparaci¨®n¡±. De la respuesta a la carta enviada a las 70 di¨®cesis depender¨¢ la valoraci¨®n de lo que aqu¨ª es esencial: la verdadera voluntad de saber y aclarar lo que ha ocurrido y la asunci¨®n de responsabilidades para atender las demandas de las v¨ªctimas. Ya no hay posibilidad de inhibirse ante la informaci¨®n disponible ni mirar para otro lado.

El Defensor del Pueblo ha optado por centrarse en primer lugar en la escucha y atenci¨®n a las v¨ªctimas. En nueve meses ¡ªcomenz¨® a trabajar de facto en julio¡ª ha recogido 445 testimonios y dispone de un equipo multidisciplinar de siete personas que viaja por Espa?a para mantener entrevistas personales. Una comisi¨®n de expertos elaborar¨¢ luego un informe final en el que har¨¢ propuestas de actuaci¨®n al Congreso. Por su parte, la investigaci¨®n abierta por la Iglesia y encargada a un despacho de abogados est¨¢ lastrada ante las v¨ªctimas por falta de credibilidad y de neutralidad, y solo 150 de ellas han contactado con el bufete. Atendidas por un equipo de cuatro abogadas, el primer paso es rellenar un formulario y la mayor¨ªa de las entrevistas han sido telef¨®nicas. Ha renunciado a tener su propia investigaci¨®n cuantitativa del alcance del fen¨®meno y se centrar¨¢ en el an¨¢lisis de lo ocurrido y la propuesta de recomendaciones, no vinculantes. Sin tener tampoco acceso a los archivos de la Iglesia, se marc¨® un plazo de un a?o, que ha ampliado en seis meses m¨¢s. A¨²n es pronto para una valoraci¨®n suficiente de los trabajos, pero ante una cuesti¨®n tan enorme, que abarca d¨¦cadas, resulta poco cre¨ªble que el informe de la Iglesia est¨¦ en la recta final, mientras la investigaci¨®n p¨²blica ha evitado establecer un plazo fijo, con buen criterio, dado que lo contrario podr¨ªa forzar un cierre en falso de la investigaci¨®n.

Siguen abiertas, sin embargo, algunas inc¨®gnitas sobre el alcance de la presi¨®n del Defensor del Pueblo para exigir informaci¨®n y documentaci¨®n a la Iglesia y tampoco est¨¢ claro si elaborar¨¢ un estudio demosc¨®pico, como se hizo en Francia, para dar cifras estimadas de esta lacra, una vez obtenidos datos propios a trav¨¦s de los testimonios recogidos. El buen fin de esta investigaci¨®n depende en gran medida de la disposici¨®n de la Iglesia a abrir sus archivos y ofrecer informaci¨®n veraz y completa, y sin ese paso decidido los trabajos pueden quedar en nada m¨¢s que esfuerzos bald¨ªos y bienintencionados.