Los municipios espa?oles ante las elecciones locales

El 28 de mayo se celebrar¨¢n elecciones locales en los m¨¢s de 8.000 municipios espa?oles, en los que se renovar¨¢n a miles de concejales y alcaldes, y luego estos elegir¨¢n a los diputados provinciales y a los representantes en las entidades intermunicipales. A pesar de la relevancia pol¨ªtica e institucional de los comicios, transversal a todo el pa¨ªs y a su diversidad territorial, lo m¨¢s probable es que los debates electorales, el foco medi¨¢...

El 28 de mayo se celebrar¨¢n elecciones locales en los m¨¢s de 8.000 municipios espa?oles, en los que se renovar¨¢n a miles de concejales y alcaldes, y luego estos elegir¨¢n a los diputados provinciales y a los representantes en las entidades intermunicipales. A pesar de la relevancia pol¨ªtica e institucional de los comicios, transversal a todo el pa¨ªs y a su diversidad territorial, lo m¨¢s probable es que los debates electorales, el foco medi¨¢tico y las preocupaciones de los partidos no se centren en las problem¨¢ticas que afectan al conjunto de la realidad municipal. Como mucho nos enteraremos de alg¨²n tira y afloja en Madrid o Barcelona y en alguna otra ciudad de relevancia, y casi siempre interpretado todo, por si fuera poco, en clave nacional. Los dem¨¢s ayuntamientos, en los que a¨²n vive la mayor parte de la poblaci¨®n espa?ola, quedar¨¢n reducidos a peque?os puntos rojos o azules en el mapa televisivo de la noche electoral.

Y, sin embargo, urge ya un debate pol¨ªtico serio y riguroso sobre los retos y desaf¨ªos de nuestros municipios, que aporte soluciones integrales y valientes para la que se muestra siempre como la ¡°administraci¨®n m¨¢s cercana al ciudadano¡±, pero que es tambi¨¦n la m¨¢s depauperada y maltratada.

En primer lugar, Espa?a cuenta con una planta local excesivamente fragmentada, en la que la mayor¨ªa de sus municipios son de tan reducida escala y tienen tan poca poblaci¨®n que no pueden afrontar las atribuciones y competencias m¨¢s b¨¢sicas que tienen encomendadas. De los 8.131 municipios existentes, alrededor del 83,96% cuenta con una poblaci¨®n por debajo de los 5.000 habitantes, frontera de una m¨ªnima operatividad administrativa e institucional. Ante esta preocupante situaci¨®n, que arrastramos desde la Constituci¨®n de 1812, cabe reforzar o plantearse dos soluciones, que no tienen por qu¨¦ ser excluyentes: potenciar la intermunicipalidad (comarcas y mancomunidades) reformando sus modos de gobierno, su transparencia y su legitimidad democr¨¢tica; y estudiar la posibilidad de reducir el n¨²mero de entidades municipales (no de pueblos o localidades) fusionando aquellas en las que, por sus circunstancias y contexto, sea recomendable hacerlo. La primera es la estrategia seguida en el sur de Europa con desigual ¨¦xito y la segunda, la v¨ªa de las fusiones, en el centro y norte del viejo continente. Personalmente, creo que una combinaci¨®n sensata de ambas, en un plan presidido por par¨¢metros objetivables y liderado por las comunidades aut¨®nomas bajo un marco estatal, ser¨ªa la mejor opci¨®n, la m¨¢s realista y la que mejor se adecuar¨ªa a las singularidades espa?olas. Todo ello debiera pasar, adem¨¢s, por un tratamiento espec¨ªfico y una notoria mejora de la posici¨®n de las cabeceras comarcales, verdaderos ejes de desarrollo local y de vertebraci¨®n territorial.

En segundo lugar, se hace perentoria una reforma ambiciosa de las competencias y de la financiaci¨®n de los ayuntamientos, las cuales deben estar estrechamente unidas. Se precisa aclarar el marco competencial de nuestros municipios y asociar sus atribuciones a l¨ªneas de financiaci¨®n claras, estables y, en tanto que incondicionadas, respetuosas con la autonom¨ªa local. Para ello han de desarrollarse las participaciones de los ayuntamientos en los ingresos de las comunidades aut¨®nomas (no solo en los procedentes de sus tributos propios), intensificar la financiaci¨®n directa del Estado e introducir en todas las l¨ªneas financieras criterios que atiendan a la despoblaci¨®n y a tendencias demogr¨¢ficas singularizadas. Necesitamos evitar que los municipios, sobre todo los rurales, entren en la espiral imparable de menor poblaci¨®n, menor financiaci¨®n y, por ende, peor respuesta pol¨ªtica y administrativa frente al reto demogr¨¢fico y las necesidades espec¨ªficas de sus territorios. El demogr¨¢fico es tambi¨¦n un desaf¨ªo territorial y de pa¨ªs, que debe ser abordado ambiciosamente con soluciones integrales.

Por ¨²ltimo, es insostenible la ausencia en Espa?a del principio de diferenciaci¨®n local en la legislaci¨®n y en las exigencias burocr¨¢ticas que deben atender los municipios. La normativa y los requisitos administrativos deben adecuarse a la capacidad real y efectiva de sus destinatarios, no tratarlos por igual y uniformemente. Carece de sentido que se aplique de forma indistinta la misma Ley de Contratos del Sector P¨²blico, sin apenas diferencias, a Madrid (3,223 millones de habitantes) y a Piornal (1.500). Para los municipios peque?os o medianos se pueden flexibilizar requisitos, ampliar plazos y simplificar engorrosos tr¨¢mites administrativos o financieros, manteni¨¦ndose al mismo tiempo la necesaria transparencia y rendici¨®n de cuentas. Esta diferenciaci¨®n normativa para los entes locales supondr¨ªa un bal¨®n de ox¨ªgeno para su capacidad de operar en el territorio y de afrontar sus necesidades, especialmente las econ¨®micas.

Afirmaba Alexis de Tocqueville que ¡°sin instituciones municipales puede una naci¨®n darse un gobierno libre, pero no tendr¨¢ nunca el esp¨ªritu de libertad¡±. Nuestros ayuntamientos son la argamasa que cose la Espa?a democr¨¢tica, el primer laboratorio de nuestras instituciones y la mejor escuela de ciudadan¨ªa. Cuid¨¦moslos si queremos seguir cuidando y fortaleciendo la democracia constitucional que nos dimos en 1978. Ojal¨¢ que estas elecciones locales sean una buena oportunidad.