Freno a las plataformas digitales
Los nuevos modelos de negocio no pueden sustanciar su ventaja competitiva en una erosi¨®n de los derechos de sus trabajadores o en el incumplimiento de las regulaciones vigentes
La negativa de Glovo a pagar las multas por incumplimiento de la llamada ley rider muestra las limitaciones del modelo de regulaci¨®n laboral para embridar las peores pr¨¢cticas de la econom¨ªa basada en plataformas digitales. Glovo, una start-up de origen espa?ol que ha crecido hasta tener una valoraci¨®n de mercado, seg¨²n algunos analistas, de m¨¢s de 2.000 millones de d¨®lares,...
La negativa de Glovo a pagar las multas por incumplimiento de la llamada ley rider muestra las limitaciones del modelo de regulaci¨®n laboral para embridar las peores pr¨¢cticas de la econom¨ªa basada en plataformas digitales. Glovo, una start-up de origen espa?ol que ha crecido hasta tener una valoraci¨®n de mercado, seg¨²n algunos analistas, de m¨¢s de 2.000 millones de d¨®lares, se ha negado sistem¨¢ticamente a pagar multas por valor de 200 millones de euros, en un flagrante incumplimiento de una ley que se aprob¨® para proteger a sus precarios trabajadores, y que el Supremo confirm¨® como empleados laborales cuando la empresa los calificaba de aut¨®nomos. La estrategia de negocio de Glovo se basa en crecer, aun asumiendo p¨¦rdidas, para ganar escala y cuota de mercado, alimentada por las expectativas de inversores que esperan un retorno futuro muy superior al habitual. Frente a esta estrategia, las actuales multas se han mostrado insuficientes para garantizar que sus trabajadores accedan a los derechos que otorgar¨ªa un contrato laboral, como ocurre en algunas de sus competidoras.
El caso de Glovo, empresa que incluso lleg¨® a obtener apoyo p¨²blico en sus primeros pasos a trav¨¦s de la Empresa Nacional de Innovaci¨®n, es paradigm¨¢tico en la medida en que vuelve a poner en primer plano el pulso que mantienen muchas empresas tecnol¨®gicas con los intentos de los gobiernos de regular sus actividades y efectos, no siempre positivos. Bruselas puso en marcha el a?o pasado una directiva que avanza en la misma direcci¨®n que la regulaci¨®n espa?ola, pero su aplicaci¨®n todav¨ªa no ha sido efectiva. La Organizaci¨®n Internacional del Trabajo busca tambi¨¦n dotar de derechos a los millones de personas que obtienen un salario a trav¨¦s de su participaci¨®n en estas plataformas digitales, sin muchos avances hasta hoy.
La ret¨®rica habitual que acompa?a este pulso es oponer la regulaci¨®n a la innovaci¨®n, particularmente en la Uni¨®n Europea. Ninguna innovaci¨®n digital, por prometedora que sea, puede sustanciar su ventaja competitiva en una erosi¨®n de los derechos de sus trabajadores o en el incumplimiento de las regulaciones vigentes. Bien al contrario, crecer bajo esas condiciones es una hipoteca que tarde o temprano termina por pasar factura. Espa?a y la Uni¨®n Europea deber¨ªan intensificar su presi¨®n sobre estos modelos de negocio para evitar que abusos disfrazados de innovaciones prosperen aprovech¨¢ndose de la precariedad. Unos abusos que no solo afectan a los trabajadores, sino que contribuyen a distorsionar la libre competencia favoreciendo a las empresas tramposas frente a aquellas que han optado por cumplir con la normativa. Si un modelo de negocio solamente resulta viable salt¨¢ndose la ley, no es un modelo de negocio viable, y los inversores deber¨ªan tenerlo en cuenta a la hora de apostar por este tipo de empresas.