Las derechas y las leyes de memoria

A pesar de que sobraban razones para legislar con anterioridad, hubo que esperar hasta el a?o 2007 para que el Gobierno Zapatero aprobara la Ley 52/2007, primera norma legal espa?ola en materia de Memoria que, pese a sus limitaciones, fue una disposici¨®n importante e innovadora.

Tras su publicaci¨®n,...

A pesar de que sobraban razones para legislar con anterioridad, hubo que esperar hasta el a?o 2007 para que el Gobierno Zapatero aprobara la Ley 52/2007, primera norma legal espa?ola en materia de Memoria que, pese a sus limitaciones, fue una disposici¨®n importante e innovadora.

Tras su publicaci¨®n, se impulsaron actuaciones como la exhumaci¨®n de restos, la supresi¨®n de nombres del callejero o la retirada de s¨ªmbolos de la dictadura. Adem¨¢s, y esta es una cuesti¨®n que ha terminado siendo muy relevante, la ley de 2007 sirvi¨® de acicate y referencia para que hasta 13 Comunidades Aut¨®nomas aprobaran en su ¨¢mbito normas legales en la materia. Se trata, por orden de publicaci¨®n, de las de Catalu?a, Navarra, Pa¨ªs Vasco, Islas Baleares, Andaluc¨ªa, Comunidad Valenciana, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n, Islas Canarias, Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja.

Por la limitaci¨®n de competencias propia de las comunidades aut¨®nomas, las leyes de Memoria que aprobaron sus instituciones no pudieran resolver los problemas b¨¢sicos que dej¨® pendientes la norma estatal de 2007. Sin embargo, estas iniciativas fueron muy ¨²tiles no solo porque aportaron disposiciones de gran calado para la legislaci¨®n memorialista sino adem¨¢s porque sirvieron de contrapeso a las maquinaciones del Gobierno Rajoy empe?ado entonces en suprimir cualquier financiaci¨®n de la Ley de Memoria vigente.

En octubre de 2022, 15 a?os despu¨¦s de la publicaci¨®n de la primera ley, el Gobierno de coalici¨®n constituido por PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de las fuerzas pol¨ªticas que apoyaron su investidura, aprob¨® la nueva y actualmente vigente Ley 20/2022 de Memoria Democr¨¢tica que sustituye a la de 2007 e incluye novedades de gran importancia muchas de ellas provenientes de la legislaci¨®n auton¨®mica. Trascurrido casi un a?o desde su aprobaci¨®n, la pr¨¢ctica totalidad de las fuerzas progresistas coinciden en que la nueva ley da respuesta a las m¨¢s importantes reivindicaciones de las v¨ªctimas de la dictadura y establece procedimientos adecuados para llevarlas a cabo. Se trata en suma de una herramienta muy ¨²til para poner fin a la impunidad de la dictadura franquista.

Tras las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, los dos partidos de la derecha han constituido coaliciones de gobierno en diversas comunidades que han hecho de la supresi¨®n de instituciones para proteger a las mujeres contra el maltrato machista y de la derogaci¨®n de las Leyes Auton¨®micas de Memoria objetivos de urgente prioridad. Por lo que respecta a las Leyes de Memoria y aunque sus impulsores no lo mencionan, se trata de una medida completamente in¨²til porque la anulaci¨®n de una ley auton¨®mica no puede impedir la aplicaci¨®n de la Ley estatal 20/2022 de Memoria Democr¨¢tica que se mantiene vigente y sin alteraci¨®n. Resulta evidente que el proyecto de derogaci¨®n formulado con la m¨¢xima urgencia por el bloque de la reacci¨®n es una mera maniobra propagand¨ªstica sin contenido real.

Pretexta el bloque de derechas que la derogaci¨®n de las leyes auton¨®micas de Memoria se debe a su naturaleza ideol¨®gica y a su pretensi¨®n de modificar el relato hist¨®rico, pero tales afirmaciones no son m¨¢s que mentiras imp¨²dicas y ofensivas para las v¨ªctimas porque las razones fundamentales para aprobar estas leyes, tal y como consta de una u otra forma en sus textos son:

? El asesinato de m¨¢s de 120.000 personas en toda Espa?a, enterradas clandestinamente y cuyos cad¨¢veres se encuentran en paraderos desconocidos y pendientes de recuperar.

? El robo a sus progenitores de miles de menores

? Los asesinatos, torturas y encarcelamientos de opositores.

? La expulsi¨®n al exilio de casi medio mill¨®n de personas.

? Las incautaciones de bienes y las cuantiosas sanciones econ¨®micas que se impusieron a los partidarios del leg¨ªtimo Gobierno de la Rep¨²blica.

La existencia de estos desmanes est¨¢ acreditada m¨¢s all¨¢ de cualquier duda razonable y como el bloque de derechas es incapaz de cuestionarlo recurre a la cantinela de la equivalencia resumida en la manida frase ¡°todos hicieron lo mismo¡±, que aparece de forma inmediata ante cualquier reclamaci¨®n de las v¨ªctimas del franquismo. Nuevamente, hay que proclamar que no existe equivalencia de ninguna clase desde el origen de la dictadura porque los responsables de la misma dieron un golpe de Estado sanguinario que termin¨® en una guerra de casi tres a?os, mientras que los partidarios de la Rep¨²blica se limitaron a defender el r¨¦gimen legalmente constituido. Tampoco la hay en el tratamiento que recibieron las v¨ªctimas y esta es la raz¨®n profunda de la Ley de Memoria Democr¨¢tica: que a¨²n hay decenas de miles de personas cuyos restos hay que descubrir, identificar y dar entierro digno, que todas ellas pertenecen al mismo bando y que hay victimarios que todav¨ªa se mantienen en la impunidad lo que representa el mayor riesgo para la convivencia y la paz futura.

En los pa¨ªses de referencia de la Uni¨®n Europea, la pol¨ªtica de Memoria es una cuesti¨®n de Estado que inspira y determina la acci¨®n p¨²blica en materias b¨¢sicas como la justicia, la ense?anza o la cultura y ello en el convencimiento de que es necesario impedir la impunidad y trabajar para evitar el retorno de las dictaduras. En Espa?a hay fuerzas pol¨ªticas que todav¨ªa no han asumido estos est¨¢ndares democr¨¢ticos y hace falta continuar trabajando para que los que llevaron Espa?a al desastre sean irrelevantes social y pol¨ªticamente.

A estas alturas no hay razones para esperar una reflexi¨®n de estas coaliciones reaccionarias empe?adas en volver a humillar a unas v¨ªctimas que reclaman el fin de la impunidad de la dictadura franquista. Pero como la ideolog¨ªa no tiene por qu¨¦ ser incompatible con el razonamiento, siempre hay que mantener la esperanza de que las personas que han contribuido con su voto a la formaci¨®n de estas coaliciones se pregunten y decidan si est¨¢n de acuerdo con negar los derechos de verdad, justicia, reparaci¨®n y garant¨ªa de no repetici¨®n a las v¨ªctimas de la dictadura franquista.