Resistencia irresponsable a la agenda verde

La mala calidad del aire a causa del tr¨¢fico y la aceleraci¨®n del cambio clim¨¢tico han obligado a muchas ciudades a revisar su modelo y aplicar una nueva agenda urbana destinada a proteger la salud de los ciudadanos, combatir la degradaci¨®n ambiental y mitigar los efectos del calentamiento global. La Agenda Urbana Espa?ola, aprobada en 2019 siguiendo las directrices de Naciones Unidas, establece 10 grandes l¨ªneas de actuaci¨®n, entre las cuales destaca el impulso de nuevas formas de movilidad que permitan reducir la contaminaci¨®n y ganar espacio para los ciudadanos. Muchas ciudades las est¨¢n aplicando, pero algunas de estas medidas encuentran resistencias irresponsables que se presentan como una demag¨®gica defensa de la libertad. En realidad, defienden intereses vinculados a un modelo insalubre que provoca cada a?o miles de muertes.

El ejemplo m¨¢s reciente es la demanda interpuesta por la entidad Barcelona Oberta, que representa promotores tur¨ªsticos y ejes comerciales, contra la transformaci¨®n de la calle Consell de Cent en un eje verde peatonal de la capital catalana. Es la primera de varias actuaciones englobadas en el proyecto Superilla Barcelona, cuyo objetivo es reducir el tr¨¢fico y mejorar la calidad de vida en el castigado distrito del Eixample, que registra los mayores niveles de contaminaci¨®n de la ciudad. Se trata de un problema al que muchas metr¨®polis han dado diferentes respuestas. Londres, por ejemplo, ha decidido cobrar un peaje de acceso a los veh¨ªculos contaminantes. Barcelona ha optado por un modelo de ejes verdes que permite mitigar tambi¨¦n el cambio clim¨¢tico. Ahora una sentencia en primera instancia obliga a deshacer las obras de Consell de Cent y restituir la calle al tr¨¢fico rodado. Es un claro ejemplo de torticera guerra judicial. El objetivo de los demandantes no es tanto frenar los cambios con iniciativas que muchas veces no prosperan por falta de fundamento jur¨ªdico como poner trabas que retrasan su aplicaci¨®n.

En las ciudades compactas del sur de Europa el coche acapara m¨¢s del 60% del suelo p¨²blico, pero solo resuelve las necesidades de desplazamiento del 20% de la poblaci¨®n. La resistencia afecta tambi¨¦n a otra de las grandes medidas destinadas a reducir el tr¨¢fico privado y promover otras formas de movilidad mediante la creaci¨®n de una red de carriles segregados para bicicletas y patinetes. Es una forma de desplazarse no solo m¨¢s ecol¨®gica, porque no contamina, sino tambi¨¦n m¨¢s saludable porque promueve el ejercicio f¨ªsico. En Espa?a varios ayuntamientos gobernados por PP y Vox han anunciado la supresi¨®n de carriles bici, una actuaci¨®n alineada con el discurso de negaci¨®n del cambio clim¨¢tico y de defensa del transporte privado que practica la ultraderecha.

El tercer ejemplo de resistencia es el incumplimiento de la ley que obliga a crear zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de m¨¢s de 50.000 habitantes. La norma entr¨® en vigor en enero. Nueve meses despu¨¦s, solo 14 de las 151 ciudades obligadas a hacerlo tienen regulada la zona de bajas emisiones. Del resto, 120 est¨¢n a¨²n tramitando el proyecto y 17 ni siquiera han comenzado los tr¨¢mites. Tras las ¨²ltimas elecciones municipales, varios dirigentes locales de PP y Vox han expresado su intenci¨®n de retrasar o no aplicar la normativa. Se trata, sin embargo, de una obligaci¨®n legal prevista en la ley de Cambio Clim¨¢tico y el Gobierno debe hacerla cumplir con la m¨¢xima celeridad. Su incumplimiento por parte de los gobernantes municipales tiene costes que pagan los ciudadanos con su salud.