Legislar y juzgar

La inminente presentaci¨®n de una proposici¨®n de ley de amnist¨ªa ha dado lugar a una pluralidad de declaraciones procedentes del mundo de la judicatura que sorprenden tanto por el momento elegido para hacerlo (antes de conocer la ley), como por el juicio negativo que vierten sobre una iniciativa que les corresponder¨ªa aplicar si terminara siendo aprobada por el Parlamento.

El primer pronunciamiento fue emitido por un grupo de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ¨®rgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caduc¨® hace cinco a?os y a cuya renovaci...

La inminente presentaci¨®n de una proposici¨®n de ley de amnist¨ªa ha dado lugar a una pluralidad de declaraciones procedentes del mundo de la judicatura que sorprenden tanto por el momento elegido para hacerlo (antes de conocer la ley), como por el juicio negativo que vierten sobre una iniciativa que les corresponder¨ªa aplicar si terminara siendo aprobada por el Parlamento.

El primer pronunciamiento fue emitido por un grupo de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ¨®rgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caduc¨® hace cinco a?os y a cuya renovaci¨®n se niega el Partido Popular. En su comunicado, esos vocales del CGPJ solicitaban a su presidente la celebraci¨®n de un pleno extraordinario ¡ªprevisto para hoy¡ª a fin de pronunciarse sobre la citada iniciativa legislativa y mostrar ¡°su intensa preocupaci¨®n y desolaci¨®n por lo que esa medida supone de degradaci¨®n, cuando no de abolici¨®n, del Estado de derecho en Espa?a¡±. La declaraci¨®n resulta extravagante porque expresa de manera preventiva un juicio sobre una iniciativa legislativa cuyo texto todav¨ªa no se conoce y sobre el que el Consejo solo se podr¨ªa pronunciar si tuviera la forma de proyecto de ley, algo que no es previsible que ocurra.

La segunda manifestaci¨®n ha sido elaborada por la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. En este caso, la agrupaci¨®n que re¨²ne a la mayor¨ªa de los jueces y magistrados de Espa?a tambi¨¦n ha emitido un juicio desfavorable sobre un texto que, aunque tampoco ha podido examinar, no duda en rechazar de plano por entender que no cabe en la Constituci¨®n. De materializarse, afirma, ser¨ªa ¡°el principio del fin de la democracia¡± al ¡°romper las reglas de la Constituci¨®n de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho¡±. Parece un juicio poco ponderado por parte de quienes no solo est¨¢n llamados a aplicar esta y cualquier otra ley, sino que adem¨¢s carecen de toda competencia para cuestionar su constitucionalidad antes de su aprobaci¨®n y al margen de los instrumentos procesales previstos al efecto: en el caso de jueces y magistrados, plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Los pronunciamientos que arrojan este tipo de declaraciones contienen adem¨¢s expresiones sin demasiado fundamento y de todo punto excesivas. Es el caso, por ejemplo, de la que sugiere que una ley de amnist¨ªa aprobada por el Parlamento supondr¨ªa el fin de la democracia o la voladura del Estado de derecho. Se trata de f¨®rmulas impropias de la mesura que se les debe exigir a quienes est¨¢n obligados a aplicar la ley con imparcialidad si esta entra en vigor y siempre que el Tribunal Constitucional no le encuentre reparos.

En un Estado fundado en la divisi¨®n de poderes, no es admisible que el poder judicial emita juicios preventivos sobre iniciativas cuya aprobaci¨®n corresponde al poder legislativo, si se alcanzan las mayor¨ªas exigidas. Poco ayuda a la calidad democr¨¢tica de nuestro pa¨ªs ver a integrantes del poder judicial usar de manera inapropiada las estructuras asociativas o al propio CGPJ para emitir juicios que corresponder¨¢ ofrecer en exclusiva al tribunal competente, el Constitucional. No cuestionar este ejercicio de irresponsabilidad s¨ª supondr¨ªa validar un desaf¨ªo a la separaci¨®n de poderes que fundamenta nuestra democracia.