El PSOE en el laberinto de la amnist¨ªa

Las encuestas muestran que el PSOE est¨¢ sufriendo un cierto desgaste electoral a pesar de los buenos resultados econ¨®micos del pa¨ªs. Puede que se trate del desgaste natural que sufren los partidos en el poder durante el ciclo de gobierno, o que problemas como el de la vivienda est¨¦n pasando factura. Pero tambi¨¦n cabe pensar que el raca-raca de la amnist¨ªa, que no cesa, est¨¦ teniendo alg¨²n efecto sobre el electorado socialista.

Durante estos ¨²ltimos meses, ha habido dos l¨ªneas de cr¨ªtica al proyecto de ley de amnist¨ªa. La primera se centra en la idea misma de perd¨®n: insiste en que la Constituci¨®n no contempla la amnist¨ªa y que ¨¦sta, por lo dem¨¢s, resulta incompatible con la divisi¨®n de poderes y el Estado de derecho. Sobre la constitucionalidad de la amnist¨ªa se ha escrito mucho, en todos los sentidos. El caso es que, nos guste m¨¢s o menos, la ¨²ltima palabra al respecto la tendr¨¢ el Tribunal Constitucional. Hasta entonces no saldremos de dudas. Sobre la divisi¨®n de poderes y el Estado de derecho, el reciente informe emitido por la Comisi¨®n de Venecia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo corta de ra¨ªz muchos de los juicios exagerados y tremendistas que se han expresado en nuestro debate p¨²blico. Con pocas palabras: una ley de amnist¨ªa no pone en peligro el orden democr¨¢tico ni el Estado de derecho.

La segunda l¨ªnea de cr¨ªtica ha ido ganando protagonismo recientemente. En lugar de atacar el contenido del proyecto de ley, que ya se da por descontado, se objeta que las circunstancias en que se est¨¢ tramitando dicho proyecto suponen su completa deslegitimaci¨®n. Quiz¨¢ en otras condiciones y con otro gobierno se podr¨ªa contemplar una amnist¨ªa, pero no con el gobierno actual y su precaria situaci¨®n parlamentaria.

Por un lado, se dice que esta amnist¨ªa es un pago que hace el Gobierno de coalici¨®n por los votos que recibi¨® de Esquerra y Junts en la investidura de Pedro S¨¢nchez. Lejos de responder a los elevados fines que proclama la Ley en su exposici¨®n de motivos (la mejora de la convivencia y la cohesi¨®n social, la integraci¨®n de diversas sensibilidades pol¨ªticas), la Ley constituye un enjuague entre S¨¢nchez y los nacionalistas catalanes que permite al primero permanecer en el poder tras haber quedado segundo en las elecciones generales del pasado 23 de julio. Siguiendo esta l¨®gica, a muchos les parece inaceptable que los beneficiarios de la amnist¨ªa est¨¦n negociando los t¨¦rminos de la misma con los partidos que integran el Gobierno. En cierto modo, sucedi¨® algo similar en 1977 cuando UCD introdujo entre los beneficiarios de la Ley de amnist¨ªa a las autoridades, funcionarios y agentes del Orden P¨²bico del franquismo que pudieran haber cometido delitos en la persecuci¨®n de actos de intencionalidad pol¨ªtica.

Por otro lado, se alega que el PSOE no tiene legitimidad suficiente para negociar amnist¨ªa alguna despu¨¦s de las m¨²ltiples declaraciones de dirigentes del partido antes del 23-J en las que se afirmaba, a veces de forma muy enf¨¢tica, que la amnist¨ªa no tiene cabida en nuestro sistema constitucional. ?C¨®mo es posible un cambio tan ¡°descarado¡± de posici¨®n? ?Acaso no revela este giro que toda la operaci¨®n no se hace sino por ambici¨®n de poder?

El presidente S¨¢nchez y su partido se encuentran en un aprieto, de eso no hay duda. No sucede lo mismo con su socio de coalici¨®n, Sumar, pues siempre ha sido favorable a este tipo de medidas. El PSOE tiene verdaderas dificultades para salir airoso de esta cr¨ªtica. S¨¢nchez ha recurrido al refranero, ¡°hacer de la necesidad virtud¡±. Asimismo, los socialistas alegan que las circunstancias han cambiado tras las ¨²ltimas elecciones generales, por lo que es l¨®gico que en un parlamento tan fragmentado como el actual el PSOE tenga que pactar con varios grupos minoritarios simult¨¢neamente.

En mi opini¨®n, estas razones no solo son insuficientes para justificar un viraje como el realizado por el PSOE, sino que adem¨¢s no reflejan los motivos de fondo. Por decirlo as¨ª, dichos motivos son inmencionables, en el sentido de que los socialistas no pueden reconocerlos abiertamente por la situaci¨®n inc¨®moda en la que quedar¨ªan. Pero, curiosamente, aunque los socialistas no lo puedan admitir, los motivos que quiero se?alar son los que con mayor efectividad neutralizan la acusaci¨®n de un cambio interesado e ileg¨ªtimo de posici¨®n.

En esencia, lo que me gustar¨ªa sugerir es esto: a la luz del cambio realizado, lo que vale es la posici¨®n actual, era la posici¨®n anterior la que no se ten¨ªa en pie. Seg¨²n esta interpretaci¨®n, el PSOE, o al menos buena parte de su n¨²cleo dirigente, no se cre¨ªa realmente mucho de lo que dijo en su momento sobre la crisis catalana. Todo aquello de que la amnist¨ªa era inconstitucional, que la m¨¢xima prioridad consist¨ªa en traer a Puigdemont a Espa?a para juzgarlo, que lo ocurrido en 2017 hab¨ªa sido una rebeli¨®n, etc¨¦tera, no era exactamente una mentira, pero s¨ª una muestra de la debilidad discursiva y pol¨ªtica de los socialistas. El PSOE, durante demasiado tiempo, en la cuesti¨®n territorial, ha hecho seguidismo del Partido Popular, de los altos tribunales, de la prensa derechista y de la mentalidad centralista de la mayor¨ªa de los analistas e intelectuales espa?oles. El PSOE ha tenido, por as¨ª decirlo, ¡°p¨¢nico esc¨¦nico¡± a desviarse del discurso dominante sobre la naturaleza de la crisis constitucional catalana, sobre todo cuando estaba en la oposici¨®n.

Incluso ya instalado en el gobierno, el PSOE, cuando ha tomado medidas que le alejaban progresivamente de la doctrina de la derecha con respecto a la cuesti¨®n catalana, siempre lo ha hecho de manera algo vergonzante, sin ser del todo claro sobre sus fines y razones, apelando en cada caso a circunstancias especiales en lugar de impugnar de forma definitiva el marco represivo que ha instalado la derecha como nueva forma de sentido com¨²n. Primero fueron los indultos, luego la reforma del delito de sedici¨®n y, ahora, finalmente, la amnist¨ªa. Cada una de estas medidas ha levantado una gran polvareda; todas ellas, contempladas conjuntamente, apuntan claramente hacia una pol¨ªtica propia, diferenciada del relato que considera que los independentistas son unos delincuentes golpistas y antidem¨®cratas.

Esto no quiere decir, por supuesto, que el PSOE comparta los principios del independentismo, pero s¨ª implica que el PSOE aborda el asunto de la integraci¨®n de la diversidad seg¨²n par¨¢metros distintos a los de la derecha nacionalista. Esa derecha no va a perdonar tan f¨¢cilmente que los socialistas rompan amarras con las actitudes excluyentes que han sido hegem¨®nicas en este asunto. De ah¨ª la hostilidad brutal con la que los espa?olistas se dirigen ahora a la gente del PSOE, como si fueran unos traidores o se hubieran vendido al ¡°enemigo¡±.

Como antes he se?alado, los socialistas no pueden reconocer que se encuentran en pleno proceso de afirmaci¨®n de su autonom¨ªa pol¨ªtica en materia territorial. Si lo reconocieran, estar¨ªan admitiendo que en otros momentos adoptaron una posici¨®n subalterna, que asumieron como propia una tesis pol¨ªtica por presi¨®n ambiental. Para quienes, como es mi caso, nunca hemos compartido la visi¨®n de lo ocurrido en Catalu?a como un ¡°golpe de Estado¡± contra la democracia espa?ola, lo criticable no es que el Gobierno apruebe la Ley de amnist¨ªa, sino que, durante un tiempo largo, el PSOE le siguiera la corriente a la derecha en la cuesti¨®n nacional.