¡°Pactos corruptos¡±: en colisi¨®n con el mundo
Ante la nueva amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil y la democracia del Pacto Corrupto en Per¨², la comunidad internacional reaccion¨®: par¨® en seco esta pretensi¨®n y amenaza autoritaria
Los llamados ¡°asuntos internos¡±, dentro de Estados ¡°soberanos¡±, sirvieron antes como ¡°parapetos¡± para la impunidad total de dictadores y corruptos. En Am¨¦rica Latina y el mundo.
Pero eso era antes, cuando no se contaba con herramientas institucionales y jur¨ªdicas adecuadas para actuar. Tiempos hist¨®ricos de impunidad/continuidad c¨ªclica de autocracias latinoamericanas a lo largo del siglo XX. En sucesi¨®n de impunes -y prolongados- cabecillas dictatoriales. S¨®lo a rescatar, el copioso material que aport¨® para nutrir la pluma de ¡°los grandes¡± de la literatura latinoamericana: ...
Los llamados ¡°asuntos internos¡±, dentro de Estados ¡°soberanos¡±, sirvieron antes como ¡°parapetos¡± para la impunidad total de dictadores y corruptos. En Am¨¦rica Latina y el mundo.
Pero eso era antes, cuando no se contaba con herramientas institucionales y jur¨ªdicas adecuadas para actuar. Tiempos hist¨®ricos de impunidad/continuidad c¨ªclica de autocracias latinoamericanas a lo largo del siglo XX. En sucesi¨®n de impunes -y prolongados- cabecillas dictatoriales. S¨®lo a rescatar, el copioso material que aport¨® para nutrir la pluma de ¡°los grandes¡± de la literatura latinoamericana: Garc¨ªa M¨¢rquez, Cort¨¢zar, Vargas Llosa, Asturias.
Evidente cambio de contexto hoy, de normas internacionales y de conciencia ciudadana. Pero dentro de ello, aparecen c¨ªclicamente en la regi¨®n hay quienes no se han percatado de eso. Y que a¨²n creen -ilusamente- que se puede continuar haciendo ¡°historia¡± al estilo antiguo. Y escribiendo libros de historia centr¨¢ndose en las listas de presidentes y dictadorzuelos. Y, con ello, contribuir a legitimar impunidades. Y, peor, convalidando la grosera corrupci¨®n, el pan de cada d¨ªa.
Aunque la bestia del autoritarismo se niega ¡°a morir¡±, no es ni puede ser ese el futuro.
Silenciar a la sociedad civil
Ya lo hizo Ortega en Nicaragua. Y lo pretende ahora el Pacto Corrupto en Per¨²: acabar con la ¡°molestia¡± de la sociedad civil y sus organizaciones no gubernamentales, borrarlas del mapa. Las organizaciones criminales que controlan el Congreso preparan la ley para ahogar/silenciarlas, sepultando, as¨ª, ese importante espacio de acci¨®n y expresi¨®n de la sociedad civil.
Todo haci¨¦ndose en oscura convergencia, Congreso corrupto/gobierno idem. Mientras, echando le?a al fuego, el canciller, p¨²blicamente, dice desconocer cu¨¢nto dinero reciben las ONG. Muy curioso... o, mejor dicho, imposible: esa informaci¨®n est¨¢ toda -completa- en la agencia gubernamental sobre la materia (la APCI). Que funciona, desde hace 20 a?os, precisamente en la canciller¨ªa. Todas las organizaciones est¨¢n inscritas en ese registro e informan peri¨®dicamente de sus recursos y actividades.
Pero los detalles ¡°administrativos¡± no es lo que preocupa al Pacto Corrupto. Lo ¡°insoportable¡±: la vigilancia democr¨¢tica y la transparencia que provienen desde organizaciones de la sociedad civil, que hacen lo que les corresponde: presentando casos para la protecci¨®n internacional de v¨ªctimas de sistem¨¢ticas -y crecientes- violaciones a los derechos humanos.
Ante el sistema interamericano de derechos humanos, el de la ONU y, en general, la comunidad internacional. Sobre asuntos ¡°sensibles¡±, pues tocan graves responsabilidades de Estado por las cuales se tiene que responder internacionalmente. Comunidad internacional que, por su lado, no est¨¢ ¡°dormida¡±, sino reaccionando ante una situaci¨®n delicada como la que hoy afecta al Per¨².
Ante esta nueva amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil y la democracia del Pacto Corrupto en Per¨², la comunidad internacional reaccion¨®. Oportuna y rotundamente. Par¨® en seco esta pretensi¨®n autoritaria contra la sociedad civil: 16 embajadas en Per¨² se pronunciaron, de manera clara y contundente, contra esta amenaza. En claro -y expl¨ªcito- respaldo a la sociedad civil y rechazo a las pretendidas enmiendas legales controlistas.
Amplio y representativo grupo de embajadas en Per¨² se pronunci¨® sin pelos en la lengua: Alemania, Australia, Austria, B¨¦lgica, Canad¨¢, Espa?a, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Pa¨ªses Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Uni¨®n Europea. Respaldando a la sociedad civil peruana y rechazando, sin ambig¨¹edades ni medias tintas, propuestas legislativas ¡°que restringir¨¢n la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son m¨¢s inclusivas, equitativas, estables, y pr¨®speras cuando la sociedad civil est¨¢ plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos¡±.
Parada ¡°en seco¡±, pues, a este nuevo paso de autoritarismo. Que podr¨ªa muy venir seguido de otros pasos concretos de relevancia. Desde los Estados Unidos, en particular, aplicando la ley Magnitsky para retirarle sus visas estadounidenses a los del Pacto Corrupto peruano: varios congresistas, integrantes del ejecutivo y algunos otros ¡°personajes¡±. Luego que Estados Unidos hizo algo as¨ª en Guatemala el a?o pasado con m¨¢s de 600 pol¨ªticos y empresarios todo cambio: el Pacto Corrupto guatemalteco termino de colapsar.
Negada la posibilidad de ver lo que conocen de Estados Unidos (Pato Donald o Mickey Mouse en Disneyworld), muchas conductas cambiaron en Guatemala. Y el Pacto Corrupto en Guatemala termin¨®. Ya lo plante¨®, desde Washington, Human Rights Watch para Per¨². La ¡°bola¡±, pues, est¨¢ en el Departamento de Estado, bas¨¢ndose en la fundamental ley Magnitsky y con elementos de informaci¨®n m¨¢s que suficientes con los que ya cuenta.
Nuevos ¡°formatos¡± de autoritarismo
Pero el hecho es que, mientras tanto, habr¨¢ que seguir bregando ante la inagotable obsesi¨®n autoritaria: imaginativos ¡°formatos¡± de ejercicio autoritario del poder. Como los Pactos Corruptos de estos tiempos. Como el que afect¨® a Guatemala hasta la juramentaci¨®n del presidente Ar¨¦valo en enero de este a?o.
Y al Per¨² de hoy: demoliendo la institucionalidad democr¨¢tica, principalmente desde el Congreso, plagado de oscuridad y corrupci¨®n. De los 130 parlamentarios, 67 (?el 51.5%!) est¨¢n bajo investigaci¨®n por presuntos delitos contra la administraci¨®n p¨²blica, la fe p¨²blica y contra el patrimonio. Legislativo que tumb¨® ya el sistema independiente de designaci¨®n y evaluaci¨®n de magistrados (Junta Nacional de Justicia). Avanzando, tambi¨¦n, en consagrar la impunidad a las graves violaciones a los derechos humanos. Y, apuntando, asimismo, a someter al sistema electoral, a¨²n independiente.
En convergencia con tales estropicios: el gris e impopular ejecutivo (5% de respaldo) de Boluarte. Cuya posici¨®n retardataria en todos los ¨¢mbitos es conocida y declarada. Por ejemplo, no acatar las sentencias de la Corte Interamericana. Como ya lo expres¨® p¨²blicamente, en su momento, el propio canciller al ¡°blindar¡±, para ello -e ilegalmente-, el irregular indulto a Fujimori.
Y, junto al desprecio de la institucionalidad democr¨¢tica, la exuberante corrupci¨®n. Urbi et orbi: adem¨¢s del Congreso, el ejecutivo lime?o, encabezado por una se?ora, tambi¨¦n investigada por corrupci¨®n, como lo est¨¢ m¨¢s del 50% del legislativo. Presidenta que, adem¨¢s, goza a¨²n de impunidad por la muerte -a balazos de la polic¨ªa y el ej¨¦rcito-, de 49 ciudadanos en las protestas sociales en diciembre de 2022. Muy grave.
Sistema interamericano: en acci¨®n
Nada de lo que viene azotando al Per¨² est¨¢ pasando desapercibido para el sistema interamericano, que est¨¢ vivo y en acci¨®n en al menos tres planos fundamentales.
Primero: decenas de personalidades y organizaciones democr¨¢ticas peruanas e internacionales han planteado p¨²blicamente que la OEA aplique, ya, la Carta Democr¨¢tica Interamericana. Es lo que corresponde ante la evidente ruptura del orden democr¨¢tico (art. 19): la ¡°ruptura del orden democr¨¢tico o ¡ alteraci¨®n del orden constitucional¡ constituye, mientras persista, un obst¨¢culo insuperable para la participaci¨®n de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General ¡ y dem¨¢s ¨®rganos de la Organizaci¨®n¡±. Como corresponde, el asunto ahora est¨¢ bajo examen entre los pa¨ªses miembros de la OEA.
Segundo: la firmeza de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), brindando creciente atenci¨®n a la demolici¨®n democr¨¢tica en Per¨². En reciente comunicaci¨®n p¨²blica ha condenado el ¡°¡deterioro de la democracia en Per¨². El uso de las facultades de control del Congreso de la Rep¨²blica de Per¨², en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo cr¨ªtico. El ejercicio del poder ha afectado instituciones aut¨®nomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democr¨¢tica del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situaci¨®n de los derechos humanos. En este contexto, es apremiante tomar medidas de car¨¢cter inmediato que aseguren el principio de separaci¨®n e independencia de los poderes p¨²blicos¡±.
Sin pelos en la lengua, llama la CIDH al Estado peruano ¡°¡ a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democr¨¢tica Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Para ello, debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupci¨®n¡±.
Tercero, el m¨¢ximo tribunal interamericano: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Firme en el ejercicio de sus atribuciones. Y que ha adoptado ya dos decisiones relevantes en esta coyuntura.
La primera: requerir al Estado peruano presentar sus observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales ante la amenaza de que queden en la impunidad dos casos muy sonados de graves violaciones a los derechos humanos: Barrios Altos y La Cantuta. Por esos hechos, entre otros, fue condenado penalmente el expresidente Alberto Fujimori.
La segunda: a la vez, la Corte le ordena al Estado ¡°interrumpir el tr¨¢mite legislativo¡± sobre los alcances restrictivos que se pretende dar a la tipificaci¨®n del delito de lesa humanidad. Pues para la Corte dicho proyecto legislativo ¡°¡ impide que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra ocurridos en Per¨² antes de 2002, con lo que se excluye el per¨ªodo del conflicto interno que dej¨® m¨¢s de 69.000 v¨ªctimas¡±.
Buscando las ¡°impunidades totales¡±
Si bien los tiempos de impunidades totales para las autocracias/dictaduras corruptas en Am¨¦rica Latina acabaron, no s¨®lo quedan en la obra literaria de los grandes. La historia contin¨²a: los intereses oscuros buscan, por diversos medios, desactivar la capacidad de acci¨®n de la sociedad civil.
Y acabar don el equilibrio de poderes: liquidando la independencia judicial y la del sistema electoral. El poder pol¨ªtico en Per¨² est¨¢ hoy, precisamente, en eso, en manos del pacto corrupto. Pero en dimensiones y extensiones tan grandes y complejas, que ha empeque?ecido al que rigi¨® en Guatemala hasta hace pocos meses.
Mientras, los partidos pol¨ªticos en Per¨² destacan por su debilidad, la sociedad civil y sus organizaciones son una de las pocas fuentes de examen y seguimiento constante del deterioro democr¨¢tico en curso. No llama la atenci¨®n, pues, que desde el Pacto Corrupto se dise?en campa?as, normas y pol¨ªticas para trabar y mellar a las organizaciones no gubernamentales y su papel vigilante. Dentro de ese contexto, cumplen papel ¡°perturbador¡± y fundamental.
Por ejemplo, para apoyar en la protecci¨®n del derecho ambiental, en los esfuerzos contra la deforestaci¨®n amaz¨®nica acelerada. Territorios en los que el Estado es pr¨¢cticamente inexistente y que est¨¢n bajo la hegemon¨ªa del crimen organizado. Cuando ya han sido asesinados estos meses 33 dirigentes ambientales amaz¨®nicos en Per¨², es muy grave entorpecer el trabajo de las valiosas ONG que ven precisamente el tema amaz¨®nico: se le hace a las mafias y las econom¨ªas ilegales.