Per¨²: pacto de corruptos en el poder

No debe llevar a confusi¨®n lo de Pacto de los Corruptos a prop¨®sito de qui¨¦n y c¨®mo se ejerce el poder pol¨ªtico. Fue esa la precisa calificaci¨®n que se dio al ejercicio del poder en Guatemala hasta hace pocos meses.

El drama guatemalteco est¨¢ siendo superado, gracias a la movilizaci¨®n popular, por el activo papel de Washington y de la comunidad internacional (que no se puso ¡°de perfil¡±) y, especialmente, de las fuerzas guatemaltecas democr¨¢ticas y de renovaci¨®n. Proceso que culmin¨® con la asunci¨®n de la presidencia en enero de este a?o por el democr¨¢ticamente elegido Bernardo Ar¨¦valo.

Hoy en Per¨² est¨¢ avanzando algo similar a lo que fue ese pacto. Ello, esencialmente, debido a la venalidad y a intereses viles en la conducci¨®n del poder p¨²blico que ha llevado a un intenso proceso de demolici¨®n institucional.

Pacto de corruptos en el volante

?Cu¨¢les son las partes medulares de este ¡°pacto corrupto¡±? Las m¨¢s visibles y prominentes son dos: el Congreso y el Ejecutivo. En su momento concurri¨® activamente la cuestionada exfiscal Patricia Benavides.

Empecemos por el gris e ineficiente ejecutivo. Presidido por Dina Boluarte, quien acab¨® como presidenta por casualidad luego del pat¨¦tico y fracasado autogolpe de Pedro Castillo a fines del 2022. No es un gobierno caracterizado por ¡°eficiencia¡± o ¡°liderazgo¡±.

Segundo, el Congreso, presidido por el condenado por la justicia Alejandro Soto, e integrado por un abanico de corrientes en que domina el retardatario fujimorismo y grupos afines, como Renovaci¨®n Popular de ideolog¨ªa conservadora extrema, al que pertenece el actual alcalde de Lima. Es digamos, el Vox peruano.

Jug¨® un papel activo en ese aquelarre, en su momento, la exfiscal Benavides, hoy suspendida e investigada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como presunta cabeza de una red criminal. Investigada, entre otras cosas, por haber librado a su hermana jueza de una investigaci¨®n fiscal por temas vinculados con el narcotr¨¢fico.

La JNJ es en todo esto una verdadera manzana de la discordia. Ente independiente, que tiene por funciones la designaci¨®n y/o destituci¨®n de jueces y fiscales en todos los niveles, no por casualidad el venal Congreso le puso la ¡°punter¨ªa¡± a la JNJ.

Tienen entre ejecutivo y legislativo pocas cosas ¡°pol¨ªticas¡± en com¨²n. Parecer¨ªa que poco -o nada- de ¡°program¨¢tico¡± o ¡°ideol¨®gico¡± presente en las conductas de ambos. No hay que pedirle peras al olmo: todo se reduce a solo intereses. Que son bastante banales, por cierto.

Detr¨¢s de esas ¡°partes¡±, que vienen ostentando el poder, hay poderosos intereses que medran. Organizaciones ilegales, como la miner¨ªa ilegal y, particularmente, la ilegal explotaci¨®n y exportaci¨®n de oro.

Per¨² es el principal productor y exportador de oro desde Sudam¨¦rica. Pero el 70% del oro exportado tiene origen ilegal, explotado/exportado por poderosas e impunes organizaciones criminal/empresariales. Usualmente depredan el medio ambiente y hacen uso de la violencia. Y all¨ª est¨¢n, impunes, tranquilos. Verdaderas organizaciones criminales, que se valen incluso de actos terroristas usando la legitimidad que les ha dado el Congreso y con la indolencia/inoperancia del Ejecutivo.

El Congreso derog¨® este a?o la disposici¨®n legal que buscaba fortalecer el proceso de formalizaci¨®n y actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos. A eso siguieron, como era previsible, varios actos criminales con explosivos contra empresas mineras formales.

Mirando hacia otro lado

M¨¢s all¨¢ de la miner¨ªa ilegal y violenta, debido al Pacto de los Corruptos, existe hoy un Estado ¡°ausente¡±, ocupado ¨²nicamente en favorecer intereses personales de gobernantes y congresistas. Con golpeados mecanismos de control sobre la corrupci¨®n o de b¨²squeda de la eficiencia en el gasto p¨²blico.

La mayor¨ªa congresal, con pactos bajo la mesa con la entonces fiscal, Patricia Benavides, en presunto delincuencial toma y daca: ¡°No investigamos las graves denuncias de corrupci¨®n contra la fiscal¡±. A cambio la fiscal bloqueaba las denuncias por seria corrupci¨®n de congresistas. Simple y claro.

Todo esto va de la mano de la incontenible demolici¨®n institucional. Si bien no ha logrado meter a¨²n el zarpazo definitivo a la independencia judicial, apunta a ello. Y estuvo a punto de lograrlo con el intento de destituci¨®n de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, frustrado por la reacci¨®n de la sociedad democr¨¢tica. Ahora est¨¢ apuntando, visiblemente, a minar la independencia del sistema electoral, v¨ªa la decapitaci¨®n del correcto presidente de la justicia electoral, Jorge Luis Salas Arenas. Lo impulsa -?c¨®mo no!- el ¡°pacto¡± en el Congreso.

Finalmente, la libertad de expresi¨®n, tolerando actos sistem¨¢ticos y reiterados de acoso y vandalismo contra periodistas independientes destacados, como Gustavo Gorriti y Rosa Mar¨ªa Palacios. Y, en ello, una inaceptable ¡°investigaci¨®n¡± de la Fiscal¨ªa a Gorriti apuntando -ilegalmente- a que revele sus fuentes de informaci¨®n. ¡°Inaceptable¡±, s¨ª, en una sociedad democr¨¢tica. Mientras, al r¨¦gimen y, en particular al gobierno, este acoso no parece hacerles recordar que est¨¢n obligados a garantizar la libertad de expresi¨®n y los derechos de quienes la ejercen.

Dentro de todo esto se destaca una grosera deficiencia en la gesti¨®n p¨²blica. Que est¨¢ llevando a que con una sucesi¨®n de ineptitudes y de medidas populistas, se est¨¢ poniendo en riesgo la caja fiscal. Algo que no pasaba en Per¨² en muchos a?os: que el gasto p¨²blico incumpla la norma de responsabilidad fiscal.

Ocurrir¨ªa este 2024 por segundo a?o consecutivo, seg¨²n han denunciado especialistas. La irresponsabilidad se generaliza. Por ejemplo, se dieron varios cuestionamientos y advertencias sobre la intenci¨®n de la Municipalidad Metropolitana de Lima -conducida por Renovaci¨®n Popular, el Vox peruano, socio pol¨ªtico del Gobierno- de sobre endeudarse, comprometiendo a las siguientes gestiones municipales. Ante este riesgo el Gobierno, a trav¨¦s del Ministerio de Econom¨ªa y Finanzas, decidi¨® flexibilizar este a?o el nivel de deuda precisamente a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Le dio luz verde, sin problema, a este sobre endeudamiento que hace volar la caja fiscal este a?o.

En medio de ese aquelarre fiscal, no le viene mal al Pacto la ya conquistada ¡°domesticaci¨®n¡± de la Contralor¨ªa: el Congreso le ha ¡°prorrogado¡± el puesto al ya d¨®cil Contralor, cuya silente ¡°vida¡± futura depende ahora de lo que el Congreso decida. A la par, la Contralor¨ªa -en el furor de la demolici¨®n institucional en marcha- gener¨® un informe con grosera informaci¨®n falsa. Seg¨²n ese informe Fernando Tuesta no tendr¨ªa los m¨¢s de tres a?os de experiencia en temas electorales requeridos para ser contratado por el JNE.

Evidente falsedad, pues hasta las paredes saben que Tuesta es uno de los m¨¢s solventes expertos peruanos en materia electoral. Pero el Congreso usa ese informe del Contralor -con informaci¨®n falsa- para denunciar constitucionalmente nada menos que al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, pues contrat¨® al especialista Tuesta, con d¨¦cadas de experiencia en funciones importantes en materia electoral.

La impune aplanadora

El camino que sigui¨® Guatemala en los ¨²ltimos meses -y en el que logr¨® dejar atr¨¢s su pacto de los corruptos-, no parece estar cerca en Per¨². El movimiento popular esta en buena medida neutralizado. Y en el contexto externo, la comunidad internacional reci¨¦n empieza a reaccionar. Por ejemplo, con el serio informe sobre derechos humanos preparado por el Departamento de Estado de EE UU recientemente publicado. En ¨¦l se describe, con precisi¨®n, la delicada situaci¨®n de los derechos humanos hoy prevaleciente en Per¨² y su ¡°marco¡± institucional: no solo el ejecutivo, como suele ser el caso, sino tambi¨¦n al Congreso.

Respecto del Gobierno, el Departamento de Estado, sin pelos en la lengua (1.a, 1.c y 1.d), destaca los reportes de ejecuciones arbitrarias e ilegales por agentes del Estado, el uso de la tortura u otros tratos degradantes, la impunidad de las fuerzas de seguridad y las masivas detenciones arbitrarias.

Tambi¨¦n se dirige el informe a la otra parte del oscuro Pacto, el Congreso: violaci¨®n al debido proceso y a la independencia judicial. Ejemplo: la destituci¨®n irregular de la exfiscal Zoraida ?valos y el proceso de irregular intervenci¨®n pol¨ªtica iniciado contra la Junta Nacional de Justicia, afectando la independencia judicial.

El movimiento social, crucial para enfrentar crisis de esta naturaleza, est¨¢ latente en Per¨². Pero se encuentra neutralizado. La represi¨®n de fines 2022 e inicios de 2023 est¨¢ en la memoria y dolor de muchos. Especialmente los 49 muertos por mano de agentes del Estado y la grosera impunidad subsecuente. Y, junto con ello, las persistentes campa?as de satanizaci¨®n contra cualquier movimiento social desde la presidencia del pa¨ªs: ¡°v¨¢ndalos¡±, ¡°gente de EVO¡±, ¡°terroristas¡±, etc.

Curioso que mientras la institucionalidad del pa¨ªs se desmorona, los silentes grupos y gremios empresariales parecen preferir, por comodidad, mirar hacia otro lado.

Y¡­?qu¨¦ viene?

Tres aspectos fundamentales que hacen dif¨ªcil encontrar respuestas.

Primero, la naturaleza de la interacci¨®n hoy prevaleciente entre el gobierno gris, ineficiente e impopular de Dina Boluarte y, por otro lado, un Congreso, tambi¨¦n impopular plagado de corrupci¨®n y con metas de destrucci¨®n institucional para beneficios individuales.

Segundo, no vienen elecciones generales inmediatas. En el contexto del colapso de las organizaciones pol¨ªticas y de los liderazgos democr¨¢ticos, dif¨ªcil pensar que unas elecciones podr¨ªan ser per se la ¨²nica ruta de salida ante el colapso democr¨¢tico.

La deleznable ilegitimidad, generalizada, del poder pol¨ªtico impulsa a muchos sectores de la sociedad al clamor: que se vayan todos, junto con ?elecciones generales, ya! Camino deseable pero complicado. Pues, ya el Congreso actual desactiv¨® las elecciones primarias obligatorias y abiertas, para favorecer sus intereses. Deja, as¨ª, caminos abiertos a impredecibles y poco confiables caudillismos de ocasi¨®n.

Tercero: pese a existir fundamento jur¨ªdico para la aplicaci¨®n de la Carta Democr¨¢tica Interamericana dada la ¡°ruptura del orden democr¨¢tico¡± (arts. 19, 20, 21), no se ha avanzado en esa direcci¨®n. Ser¨ªa un camino para impulsar di¨¢logos pol¨ªticos efectivos, monitoreados internacionalmente.

Algo que ocurri¨® en Guatemala es la aplicaci¨®n por el Gobierno de EE UU de la ley Magnitsky, dise?ada para reaccionar frente a atropellos y corrupci¨®n. En Guatemala el 2023-24, actu¨® contra los corruptos -en el Congreso y el empresariado- retirando m¨¢s de 300 visas e interviniendo en sus finanzas en EE UU.

El fin del pacto de los corruptos en Guatemala, pues, no cay¨® del cielo. Lo que s¨ª cay¨® fue el pacto. Precedente a no dejar caer en saco roto. Se esperar¨ªa que al menos algo as¨ª se ponga en marcha ante quienes conducen y articulan el Pacto Corrupto.

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