Soluciones realistas para Catalu?a

Catalu?a necesita cuanto antes un Govern que ponga fin a una larga d¨¦cada en la que la discusi¨®n identitaria ¡ªexacerbada por intereses partidistas¡ª ha ido aplazando la b¨²squeda de soluciones para los muchos problemas que afectan a los ciudadanos en su vida diaria. Como reconocieron todos los candidatos a las elecciones del pasado d¨ªa 12, algunos de esos problemas derivan de un sistema de financiaci¨®n auton¨®mica que ¡ªtambi¨¦n para el resto de Espa?a¡ª lleva a?os necesitado de reformas. Sin embargo, pedir como ha hecho ERC el traspaso ¨ªntegro de todos los impuestos a la Generalitat como contrapartida para la investidura del ganador de los comicios, Salvador Illa, equivale a rechazar de entrada la posibilidad de que el candidato socialista forme Gobierno en el plazo de dos meses.

Es un silogismo perverso del independentismo ¡ªasumido tambi¨¦n por el PP y Vox¡ª el que conduce a tal propuesta: si para conseguir la investidura de Pedro S¨¢nchez la amnist¨ªa se convirti¨® en ley despu¨¦s de que el PSOE la negara repetidamente, nada deber¨ªa impedir, seg¨²n este razonamiento, que S¨¢nchez concediera a ERC algo similar al concierto vasco y navarro para obtener la de Illa.

La amnist¨ªa, como los indultos, pretende resta?ar cuanto antes las heridas del proc¨¦s. Nunca la actual democracia espa?ola se hab¨ªa enfrentado a unas circunstancias tan dif¨ªciles como las suscitadas por la intentona secesionista de 2017, en la que el Gobierno central ¡ªliderado por Mariano Rajoy¡ª se caracteriz¨® por su pasividad pol¨ªtica, dej¨® en manos de los jueces la resoluci¨®n del desaf¨ªo y solo actu¨® en las zonas de sombra legal, con el c¨²mulo de disparates y delitos de la llamada Operaci¨®n Catalu?a. Ninguna de las circunstancias que dieron lugar a las medidas de gracia se dan para un replanteamiento precipitado del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, que requiere al menos una reforma radical de la LOFCA y la participaci¨®n de todas las comunidades aut¨®nomas, sea cual sea su color pol¨ªtico. Ante todo, porque afecta a los equilibrios del Estado de las autonom¨ªas y a la solidaridad territorial.

Todo ello, sin demonizar la relaci¨®n bilateral entre el Gobierno central y un Ejecutivo auton¨®mico. No hace falta remontarse a los acuerdos por los que Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar obtuvo su investidura accediendo a la petici¨®n de Jordi Pujol de traspasar el 30% del IRPF a la Generalitat ¡ªo de eliminar el servici¨® militar obligatorio y la figura de los gobernadores civiles¡ª para comprobar que las investiduras son momentos propicios para reclamar reformas.

Sin embargo, plantear reivindicaciones maximalistas que se saben imposibles de atender de forma realista es optar sin decirlo por la repetici¨®n electoral. Sobre todo, cuando el Estatut vigente ¡ªcon categor¨ªa de ley org¨¢nica y refrendado por el Parlament, el Congreso y el Tribunal Constitucional¡ª recoge ya el desarrollo de un consorcio paritario entre la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria y la Agencia Tributaria catalana para la gesti¨®n, recaudaci¨®n, liquidaci¨®n e inspecci¨®n de los impuestos del Estado recaudados en Catalu?a al margen de los propios de la Generalitat. El Estatut, de 2006, establec¨ªa un plazo de dos a?os para desarrollar ese consorcio. Si no se hizo fue, en parte, porque los soberanistas optaron por abrir la v¨ªa unilateral. Nada impide ahora cumplir con el Estatut.

ERC ha salido mal parada de las elecciones del 12 de mayo, por eso Junts trata de forzar nuevas elecciones que ratifiquen su hegemon¨ªa en el ¨¢mbito nacionalista y maquillen la derrota de su l¨ªder, Carles Puigdemont, que se comprometi¨® a abandonar la pol¨ªtica si no sal¨ªa investido. ERC se juega su futuro como partido y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero tambi¨¦n est¨¢ jugando con el de Catalu?a, es decir, con el de los catalanes, asediados a diario por los problemas acumulados en el laberinto del proc¨¦s. La p¨¦rdida de la mayor¨ªa parlamentaria por parte del independentismo ilustra bien d¨®nde tienen puestas sus prioridades los ciudadanos.