La cesi¨®n del 30% de IRPF reducir¨¢ los ingresos del Estado en 200.000 millones anuales

La negociaci¨®n entre el Partido Popular (PP) y Converg¨¦ncia i Uni¨® (CiU) para garantizar la investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como presidente de Gobierno implica un coste presupuestario que pone en peligro el ya delicado equilibrio del d¨¦ficit p¨²blico (necesidad de financiaci¨®n) y, por lo tanto, aleja a Espa?a del cumplimiento de este criterio de convergencia con Europa en 1997. Seg¨²n las fuentes consultadas por este peri¨®dico la concesi¨®n de un tramo adicional del 15% del IRPF a la gesti¨®n de las comunidades aut¨®nomas implicar¨¢ un recorte para las arcas del Estado en torno a 200.000 millones.

Cada paso en la negociaci¨®n PP-CiU para la investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en carece un poco m¨¢s la convergencia espa?ola con Europa en materia de d¨¦ficit p¨²blico, plasmada en un objetivo de necesidad de financiaci¨®n de. las administraciones p¨²blicas del 3% del PIB en 1997.Los primeros c¨¢lculos realizados por los expertos fiscales se?alan que si la ampliaci¨®n del IRPF transferido a las comunidades aut¨¢nomas se ampl¨ªa al 30%, desde el 15% actual, por el procedimiento de recargo en la base imponible hasta el equivalente del 15% de la cuota, la operaci¨®n tendr¨¢ un coste para el Presupuesto del Estado. Aunque este coste no est¨¢ calculado con exactitud, diversas fuentes han indicado que puede aproximarse a los 170.000 millones de pesetas

Asimismo, la ampliaci¨®n en tres o cuatro puntos de los topes m¨¢ximos, establecidos para que las transferencias no superen determinadas cantidades, costar¨ªan al Presupuesto entre 20.000 y 25.000 millones de pesetas.

En teor¨ªa, la transferencia de una parte del IRPF no deber¨ªa suponer un coste adicional, puesto que las cantidades transferidas son simplemente gestionadas por una Administraci¨®n distinta y se descuentan despu¨¦s en la liquidaci¨®n correspondiente por participaci¨®n en los ingresos.

Deducciones de la cuota

Sin embargo, el coste se produce cuando la transferencia se hace sobre la base liquidable, por la simple raz¨®n de que se produce una transferencia de ingresos, pero las deducciones de la cuota (por vivienda, gastos sanitarios, seguros, ascendientes) correpondientes a ese impuesto deben ser pagadas -soportadas, en el lenguaje tributario- por el Estado y lucen como gasto fiscal -menores ingresos- y no por la administraci¨®n aut¨®noma correspondiente.Este coste se produce cuando la transferencia se hace sobre la base liquidable, que es, seg¨²n las informaciones conocidas hasta el momento, la pretensi¨®n difundida en las informaciones recogidas en torno a los acuerdos pactados por PP y CiU.

Pedro Solbes, ministro de Econom¨ªa y Hacienda en funciones, declar¨® ayer en Radio Nacional que el pacto entre Converg¨¨ncia i Uni¨® y el Partido Popular acarrear¨¢ sin duda un coste, pero no lo quiso cuantificar. Posteriormente, a requerimiento de este peri¨®dico, tampoco quiso precisar las cifras de este coste.

En otro ¨¢mbito clave de la negociaci¨®n, la financiaci¨®n de la sanidad, el peligro de asumir gastos peligrosos para el objetivo de convergencia con Europa es igualmente notable. Las peticiones de CiU pueden tener un coste m¨ªnimo de 60.000 millones de pesetas, si solamente se atiende la petici¨®n de renunciar al compromiso de ahorro por mejor gesti¨®n, pactado con las comunidades aut¨®nomas en 1994; pero pueden sumarse cantidades adicionales m¨¢s elevadas si, adem¨¢s, Pujol y su equipo imponen el pago de parte de la deuda acumulada por la sanidad catalana.

Estas previsiones aproximan el coste inicial del pacto de investidura a los 250.000 millones de pesetas. A partir de la formaci¨®n de Gobierno, probablemente se pondr¨ªan en marcha los pagos de otros compromisos "en funci¨®n de las posibilidades reales del Presupuesto", seg¨²n expresi¨®n de fuentes del PP.

Aunque las mismas fuentes indican que las posibilidades de inversi¨®n en Catalu?a "est¨¢n seriamente restringidas por la promesa de cumplir el 3% de objetivo de d¨¦ficit", es cierto que la tentaci¨®n de rehacer el Presupuesto de 1996 para reconocer mayores gastos y justificar as¨ª retrasos o dificultades en la convergencia puede ser muy fuerte.

El problema m¨¢s acuciante se plantea en la definici¨®n del Presupuesto para 1997. Con el peso adicional de al menos los 200.000 millones de pesetas de disminuci¨®n de ingresos, la necesidad de, financiaci¨®n (criterio Maastricht) de las Administraciones P¨²blicas debe situarse en el 3% del PIB.

En 1996, el objetivo es situar la necesidad de financiaci¨®n en el 4,4% del PIB; es decir, el Presupuesto de 1997 debe recortar aproximadamente 1,5 puntos de PIB contando, como se ha dicho, con unos ingresos fiscales menores y un aumento de los gastos derivados del acuerdo con CiU que solamente podr¨¢n evaluarse una vez que el nuevo Gobierno tome posesi¨®n.