Torturas en un centro de menores

Una jueza de Calatayud envi¨® el viernes a prisi¨®n al director y a cuatro trabajadores de un centro de menores de la localidad zaragozana de Ateca acusados de torturas y delitos contra la integridad de varios adolescentes. Los cinco implicados hab¨ªan sido detenidos el d¨ªa anterior por la Guardia Civil, que investigaba los hechos desde comienzos de julio tras la denuncia de la madre de un menor acogido. Los arrestados han negado las acusaciones y cuentan, obviamente, con la presunci¨®n de inocencia en un caso que a¨²n est¨¢ bajo investigaci¨®n. Pero la jueza ha dado completa credibilidad al relato del menor cuya madre interpuso la denuncia inicial y de otros internos, hasta el punto de ordenar prisi¨®n sin fianza contra los cinco detenidos y cerrar el centro.

El auto de la instructora y los testimonios recabados componen un escalofriante cat¨¢logo de vejaciones a los menores ¡ªincluidas humillaciones, castigos corporales y supuestas agresiones sexuales¡ª y de irregularidades del director de las instalaciones. Este responsable desoy¨® las denuncias de los abusos que le hizo llegar la coordinadora de los educadores, quien dimiti¨® por la situaci¨®n creada. El centro, que funciona desde hace siete a?os, es de titularidad privada, pero mantiene un concierto con el Gobierno de Arag¨®n para alojar a 20 menores tutelados. En manos del Ejecutivo aut¨®nomo est¨¢ revisar en profundidad lo ocurrido y analizar si pod¨ªan haberse evitado hechos de esta gravedad. Responsables de la firma due?a de las instalaciones tambi¨¦n hab¨ªan sido informados de las posibles irregularidades y no mostraron inter¨¦s a la altura del alcance de unos supuestos abusos, que al final solo han sido conocidos por la investigaci¨®n judicial.

La salud de una sociedad y sus instituciones se mide, entre otras cosas, por c¨®mo tratan a los m¨¢s necesitados de ayuda, entre ellos los menores que presentan conductas disociales y con escaso o nulo apoyo familiar. Las administraciones no pueden excusarse en la titularidad o gesti¨®n privada de muchos de estos centros para ceder en sus responsabilidades. Por conflictiva que sea la conducta de un menor ¡ªy resulta comprensible que pueda plantear problemas a sus educadores¡ª las medidas coercitivas nunca son la ¨²nica soluci¨®n, y menos a¨²n la violencia por sistema. No est¨¢ de m¨¢s recordar que la ley determina que las medidas de seguridad que deban aplicarse a los menores en los centros de protecci¨®n se llevar¨¢n a cabo con el respeto debido a su dignidad, privacidad y derechos. Todo indica que no ha sido as¨ª en el caso de Ateca.

Sin ser por supuesto un patr¨®n de actuaci¨®n, no es el de Ateca el primer caso que sale a la luz de supuesto malos tratos a menores tutelados en centros de protecci¨®n. Un solo caso ya ser¨ªa suficientemente grave y obliga a todos, pero en especial a las instituciones concernidas, a poner todo de su mano para evitar esa ignominia.