Todo lo que fall¨® en el centro de menores de Ateca, clausurado por torturas y vejaciones

Un candado sella una de las ventanas del centro de acogida para menores de la localidad zaragozana de Ateca, que este jueves se vio sacudido por una operaci¨®n de la Guardia Civil contra su director y cuatro de sus trabajadores. La jueza Aida Ram¨ªrez, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Calatayud, envi¨® este viernes a todos a prisi¨®n al apreciar delitos de torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal, como indica su auto judicial. La instructora orden¨® clausurar el centro mientras se investiga el relato de varios adolescentes, que detallan episodios de encierros en habitaciones, golpes, falta de alimento y comentarios sexuales. Los acusados negaron todos estos hechos tras su puesta a disposici¨®n judicial. El pueblo se pregunta ahora si todo eso sucedi¨® en este peque?o caser¨®n de ventanas verdes en la parte alta de la localidad sin que nadie se percatara.

Ateca es un pueblo de 1.800 habitantes a una hora de Zaragoza que ha vivido principalmente de una industria que hoy languidece. Todav¨ªa resiste aqu¨ª la f¨¢brica de los famosos Huesitos y alguna que otra empresa chocolatera de mucho menos tama?o. Aqu¨ª se instalaron con sus familias hace al menos 15 a?os, siendo a¨²n unos ni?os, Mohammed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R., los cuatro trabajadores detenidos, dos de ellos hermanos, todos de entre 23 y 29 a?os. El director, Iv¨¢n R., lleg¨® hace menos de un a?o para dar el relevo al antiguo responsable de las instalaciones.

La investigaci¨®n, liderada por la polic¨ªa judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, comenz¨® con la denuncia de la madre de uno de los internos de 16 a?os, que asegur¨® que su hijo recib¨ªa un trato degradante por parte de algunos de los empleados. A este primer testimonio se uni¨® el de otra chica de 17, que describi¨® ¡°insultos, comentarios de car¨¢cter sexual acerca de su madre y agresiones¡±, tal como reza el auto que envi¨® a prisi¨®n a los cinco investigados. Por esta declaraci¨®n la jueza les atribuye tambi¨¦n un delito de agresi¨®n sexual.

Esta denunciante mostr¨® a la instructora durante su declaraci¨®n varias marcas de quemaduras de cigarrillos en sus brazos que asegura que le hab¨ªan provocado en el centro. El chico, por su parte, explic¨® que le somet¨ªan a castigos como tener los brazos en alto durante periodos muy prolongados en el tiempo, que no le daban de comer y que lleg¨® a defecarse encima sin que le dejaran cambiarse.

El alcalde de Ateca, Ram¨®n Crist¨®bal, explica que se enter¨® de las detenciones por los medios de comunicaci¨®n como el resto de sus vecinos, aunque recuerda un episodio que lo puso en alerta entre 10 y 12 d¨ªas antes de que explotara el caso. La madre denunciante llam¨® a la polic¨ªa local de Ateca para insistir en que su hijo era maltratado en el centro. Los agentes municipales acudieron a las instalaciones acompa?ados de la Guardia Civil y se entrevistaron brevemente con el menor, que en ese momento no declar¨® nada. El meg¨¢fono de la furgoneta del chatarrero interrumpe la conversaci¨®n con el regidor, y prosigue: ¡°Esto nos ha pillado a todos por sorpresa, en el pueblo no se hab¨ªa o¨ªdo nada, ni se intu¨ªa¡±.

El alcalde explica que el ayuntamiento facilita al equipo del centro de menores instalaciones municipales para que puedan hacer actividades, as¨ª como entradas para la piscina, de la que disfrutaron hace solo un par de d¨ªas. Jes¨²s, un camarero de un bar c¨¦ntrico del pueblo, asegura que en esa instituci¨®n siempre ha habido mucha rotaci¨®n de personal, tanto de Ateca, como de pueblos de los alrededores y que era habitual ver por la localidad a los menores con los monitores.

El centro oper¨® como residencia de mayores municipal hasta 2015. ¡°Ese a?o decidimos cesar su actividad porque no cumpl¨ªa con la normativa y era muy complicado adaptarlo y lo vendimos al grupo propietario del centro de menores¡±, resume el alcalde. Poco despu¨¦s recibi¨® los primeros ni?os. Entonces estaba al frente el anterior director, que se march¨® del pueblo hace dos o tres meses cuando dio el relevo definitivo al nuevo, seg¨²n el testimonio de varios vecinos, entre ellos el propio alcalde.

El centro es de titularidad privada y est¨¢ gestionado por la Fundaci¨®n Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz y tiene capacidad para una treintena de menores. Veinte de ellos son tutelados del Gobierno de Arag¨®n y otros cinco pertenecen a otras comunidades aut¨®nomas. Una portavoz de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales indica que todos ellos han sido reubicados en otras casas de acogida y asegura que el Ejecutivo Auton¨®mico pretende personarse en la causa como perjudicado.

El auto de la magistrada deja otro dato preocupante y que refleja un agujero en el sistema. Ninguno de los encausados contaba con la titulaci¨®n necesaria para ejercer como auxiliares y mucho menos como educadores de un centro de menores, que adem¨¢s est¨¢n diagnosticados con problemas de conducta. Una portavoz de la consejer¨ªa afirma que es la empresa privada de la que depende el centro la que se encarga de las contrataciones y que, al ser un caso bajo investigaci¨®n judicial, no pueden revelar si el centro ha pasado por alguna inspecci¨®n desde que abri¨® sus puertas en 2017.

Dos de los detenidos viven en casas contiguas en las que la puerta no est¨¢ cerrada. A trav¨¦s de una cortinilla multicolores, la mujer de uno de ellos declina hablar. Dos amigos de la infancia de su marido, Pablo Egido e Iris Vivas, se han acercado para mostrarles su apoyo. Le dan un abrazo a la mujer. La pareja descarta por completo que sus amigos hayan podido hacer nada y echan la culpa al nuevo director. ¡°Ellos entraron como auxiliares y, a partir de ah¨ª, fueron haciendo cursos y form¨¢ndose. Son chavales trabajadores que han ido aqu¨ª al instituto y nunca han dado ning¨²n problema¡±, asegura el amigo.

¡°Esto son cosas que pasan y hay que afrontarlas, cuando hablemos con ellos, sabremos m¨¢s. El mayor llevaba ah¨ª trabajando muchos a?os y el hermano peque?o se hab¨ªa incorporado hac¨ªa un par de a?os¡±, se?ala Maled B., el t¨ªo de dos de los detenidos, Mohamed y Yousef B., en conversaci¨®n telef¨®nica, mientras va camino del centro penitenciario junto con el padre de los investigados. Sobre si sus sobrinos ten¨ªan alg¨²n certificado acad¨¦mico que les permitiera ejercer de educadores o trabajadores sociales, Maled responde que lo desconoce.

La jueza es muy dura con el director del centro, del que apunta que ha tenido una ¡°despreocupaci¨®n absoluta acerca de la situaci¨®n de los menores¡±, que nunca llev¨® a cabo ¡°correcciones ni sanciones¡± y que, cuando lleg¨® a su conocimiento la primera denuncia de la madre del menor de 16 a?os, llev¨® a cabo una investigaci¨®n ¡°incompleta y parcial¡±.

Este peri¨®dico se ha puesto en contacto con dos de los trabajadores del centro que no forman parte de esta investigaci¨®n, una empleada dom¨¦stica y un monitor, y ambos han preferido no hacer declaraciones. Una psic¨®loga del centro y un enfermero corroboraron ante la instructora las declaraciones de las v¨ªctimas. El sanitario incluso testific¨® que el director le hab¨ªa pedido que elaborara un informe falso sobre el estado del menor cuya madre destap¨® las irregularidades.

Gracias a esta operaci¨®n se ha descubierto adem¨¢s que nueve de los menores internos permanecen fugados del centro. La jueza ha ordenado dar con ellos para averiguar si se han escapado fruto de las supuestas vejaciones que se ejerc¨ªan dentro o por otros motivos.