Gritos, aislamiento y castigo en la ¡°habitaci¨®n del terror¡± del centro de menores de Ateca

A principios de julio, una mujer acudi¨® a una comisar¨ªa de la Polic¨ªa Nacional en Zaragoza para denunciar que su hijo estaba sufriendo agresiones en el centro de acogida de menores en el que viv¨ªa, en la localidad de Ateca. La Guardia Civil, que es la que puede investigar en esa demarcaci¨®n, asumi¨® las pesquisas y descubri¨® que la coordinadora de los educadores hab¨ªa dimitido recientemente como consecuencia de la situaci¨®n en el centro. Esta empleada hab¨ªa informado de los problemas a la empresa propietaria de la instituci¨®n tras descubrir las medidas disciplinarias sospechosas que un menor aseguraba que hab¨ªa sufrido durante el ¨²ltimo fin de semana de junio. Este adolescente lleg¨® a decir que hab¨ªa temido por su vida y la trabajadora descubri¨® que algunos internos llamaban a una de las estancias del centro la ¡°habitaci¨®n del terror¡±.

Los hechos denunciados se concentran principalmente en el ¨²ltimo fin de semana de junio y en los d¨ªas posteriores, pero la investigaci¨®n se abre a todo el periodo que el centro lleva funcionando, desde 2017, y el objetivo de la causa es averiguar si parte del personal utilizaba los abusos y agresiones de forma habitual, desde cu¨¢ndo y qui¨¦n lo ha permitido. Por el momento, las pesquisas han llevado a prisi¨®n sin fianza a cuatro educadores y al director acusados de torturas, contra la integridad de los menores y, en el caso de alguno de ellos, de agresi¨®n sexual.

La jueza instructora del caso, a juzgar por su auto, da total credibilidad a los testimonios de los adolescentes y cree que cuadran con el relato de otros trabajadores. La defensa de los detenidos sostiene que, hasta el momento, no se han aportado pruebas que corroboren la veracidad de los abusos, que la acusaci¨®n se basa en testimonios y que sus representados llevan muchos a?os trabajando en las instalaciones sin que se detectara ninguna irregularidad.

Esta instituci¨®n lleva abierta desde 2017 en esta localidad zaragozana de apenas 1.800 habitantes, pertenece a una entidad privada, pero tiene concierto con el Gobierno de Arag¨®n para alojar a 20 menores tutelados por la Administraci¨®n. Se trata de una instituci¨®n especializada en ni?os y adolescentes con problemas de conducta. Cinco de los internos que se encontraban en estos momentos en la residencia han regresado con sus familias, a las que se les ha devuelto la tutela, y el resto han sido realojados en otras ubicaciones, algunas fuera de Arag¨®n.

Seg¨²n el relato que hacen varios testigos a la Guardia Civil, entre el menor que inicia este caso y uno de los cuidadores se produce un rifirrafe a cuenta de un paquete de galletas el ¨²ltimo fin de semana de junio. En ese momento, dos auxiliares, ahora detenidos, se llevan al chico a una habitaci¨®n y le someten a una primera ¡°contenci¨®n¡±.

Este es un t¨¦rmino que se repite constantemente en boca de todos los implicados y que se usa para describir c¨®mo los empleados del centro paralizan a los internos en momentos de nerviosismo o enfrentamiento. Seg¨²n el reglamento, cada una de estas intervenciones debe quedar debidamente detallada, justificada y reflejada en un parte, pero, seg¨²n el testimonio de varios trabajadores, el director del centro orden¨® obviar algunos de estos episodios en el registro oficial. El denunciante asegur¨® que ese fin de semana y los d¨ªas sucesivos le hicieron m¨¢s de 10. Un hecho que la defensa de los acusados niega y asegura que todo se hizo seg¨²n el protocolo. No fue el menor, sino una compa?era, la que relat¨® estos hechos a una empleada.

Despu¨¦s de esta revelaci¨®n, la coordinadora de los educadores y otra compa?era interrogaron a otros internos sobre lo ocurrido ese fin de semana y les contaron que hab¨ªan escuchado ¡°muchos gritos¡± procedentes de esa estancia. Esta mujer puso todo en conocimiento del director, tambi¨¦n en prisi¨®n por estos hechos, quien le asegur¨® que todo entraba dentro de las normas. Ella, que no estaba de acuerdo, escribi¨® directamente a la gerencia del centro, propiedad del Grupo Lagunduz y gestionado por la Fundaci¨®n Salud y Comunidad. Un responsable del ¨¢rea de infancia le inst¨® a seguir investigando y reflejarlo por escrito. Tambi¨¦n el director llev¨® a cabo un informe que la jueza describir¨ªa despu¨¦s como ¡°parcial e incompleto¡±.

Una semana despu¨¦s, a mediados de julio, se reunieron todas las partes implicadas en el informe, el director insisti¨® en que no se hab¨ªa producido ning¨²n abuso y la coordinadora dimiti¨®. El responsable de la empresa due?a de las instalaciones advirti¨® que se planteaba poner en conocimiento de la justicia las posibles irregularidades en el trato a los menores. Durante los ¨²ltimos d¨ªas previos a la detenci¨®n, se apart¨® a los trabajadores investigados del centro, para que no coincidieran con las supuestas v¨ªctimas.

Varios testimonios recabados en la investigaci¨®n coinciden en que la habitaci¨®n en la que presuntamente fue agredido el adolescente permaneci¨® cerrada y con la ventanilla tapada por una manta, algo que, apuntan los interrogados, ¡°no es lo normal¡±. Adem¨¢s, el chico estuvo aislado del grupo por un periodo muy prolongado de tiempo, sin permitirle contacto con otros adolescentes ni tampoco con su familia. Seg¨²n consta en el auto de prisi¨®n de los detenidos de la jueza, estos llegaron a dejar al joven sin comer, por lo que sus compa?eros le hicieron un bocadillo a escondidas.

A esta denuncia se uni¨® la de otra interna del centro de 17 a?os que adem¨¢s habl¨® a los investigadores de supuestas agresiones sexuales. Ella tambi¨¦n relat¨® que uno de los castigos que ha vivido durante su estancia en la instituci¨®n consisti¨® en permanecer despiertos hasta altas horas de la noche sin poder dormir, a pesar de que los menores les ped¨ªan a los educadores ir a la cama.

Durante este ¨²ltimo mes, la tensi¨®n fue creciendo dentro de las instalaciones, estallaron varios conflictos entre los propios menores e incluso dos empleadas solicitaron una baja m¨¦dica con motivo de la situaci¨®n que se hab¨ªa generado. En este periodo el director tambi¨¦n pidi¨® al enfermero del centro que emitiera un informe falso asegurando que el estado de salud de uno de los adolescentes era id¨®neo y no hab¨ªa apreciado ninguna lesi¨®n, algo a lo que el sanitario se neg¨® y adujo que ¨¦l ni siquiera se hab¨ªa cruzado con este interno en esos d¨ªas.

Finalmente, este jueves la instructora del juzgado n¨²mero 2 de Calatayud orden¨® la detenci¨®n de los cuatro auxiliares y el director del centro y les tom¨® declaraci¨®n. Estos negaron los hechos de los que se les acusa y dieron unas breves explicaciones, tras lo que la jueza decidi¨® el ingreso en prisi¨®n de los cinco sin posibilidad de fianza. No solo eso, sino que consider¨® que era imposible que las instalaciones continuaran abiertas hasta que no se clarifique el alcance de las irregularidades y las supuestas din¨¢micas de abusos que se hab¨ªan establecido en el centro de acogida. Para conocer el alcance de la gravedad, la instructora ha ordenado localizar a nueve menores que constan como fugados para saber si el motivo de la huida es la situaci¨®n que se viv¨ªa en el centro.