Si Catalu?a nos roba

El lubricante principal para el desarrollo del Estado auton¨®mico han sido las discusiones y los acuerdos sobre el modelo de financiaci¨®n. Si la reforma del Estatut catal¨¢n de 2006 lo intent¨® por otra v¨ªa, a sus impulsores el resultado les acab¨® llevando a Guatepeor. El dinero, en fin, ha sido el aut¨¦ntico factor de cambio. Tradicionalmente, al decir de los expertos, el proceso de reforma del modelo lo hab¨ªa activado siempre el mismo actor: la Generalitat de Catalu?a. Primero se produc¨ªa la negociaci¨®n bilateral de los ministros de Econom¨ªa con los consellers catalanes y despu¨¦s se replanteaba formalmente en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. En ese foro multilateral se validaban f¨®rmulas que, problematizando la propuesta de partida y parcheando el modelo hasta hacerlo cada vez m¨¢s enrevesado, posibilitaban que todas las comunidades viesen aumentados sus ingresos porque esa ha sido siempre la condici¨®n necesaria.

Desde 2014 el modelo aprobado en 2009, catalogado como ¡°chapuza¡± e ¡°insolidario¡± por el Rajoy de la oposici¨®n, est¨¢ caducado. No hace falta ser muy perspicaz para intuir por qu¨¦ durante la ¨²ltima d¨¦cada no se ha producido una nueva propuesta catalana: la prioridad de los cuatro ¨²ltimos gobiernos de la Generalitat era otra. Pero hoy no hay gobierno independentista. Y hay una nueva propuesta de financiaci¨®n. En el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC se han puesto negro sobre blanco unos principios que no plantean una reforma del modelo, efectivamente, sino un cambio en profundidad. Un cambio federalizador para algunos, para otros confederal, un concierto o no. Sea una cosa o sea la otra hoy el marco pol¨ªtico de interpretaci¨®n de dichos principios parece haber quedado establecido: Catalu?a, insolidaria, nos roba.

Fijada esta interpretaci¨®n, que conecta la propuesta con un proc¨¦s frankensteniano y que contrasta con los matices de la discusi¨®n entre economistas que se est¨¢ produciendo en Catalu?a, se hace muy dif¨ªcil activar una deliberaci¨®n constructiva para enfrentarse a la necesaria reforma del modelo para el conjunto (con la excepci¨®n, eso s¨ª, de la desigualdad fiscal constitucionalizada de las comunidades de r¨¦gimen foral). Lo que el viernes firmaron los presidentes auton¨®micos del Partido Popular asume que se trata de un ¡°peaje separatista que supondr¨ªa la quiebra del derecho que tenemos todos los espa?oles a acceder en las mismas condiciones a servicios p¨²blicos como la Sanidad, la Educaci¨®n o la Dependencia¡±. Da igual que el acuerdo de investidura de Salvador Illa explicite lo siguiente: ¡°la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos auton¨®micos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal tambi¨¦n similar¡±. Da igual. El marco es la insolidaridad y la desigualdad.

La ¨²ltima propuesta fiscal catalana se elabor¨® durante la legislatura anterior a la aceleraci¨®n del proc¨¦s. Lo que pod¨ªa ser un cambio estructural, discutido durante meses en el Parlament, fue reconvertido a ¨²ltima hora por Artur Mas en una t¨¢ctica partidista que olvid¨®. El trileo con el que chantaje¨® al presidente Rajoy fue catastr¨®fico, aunque la vicepresidenta S¨¢enz de Santamar¨ªa, de entrada, anunci¨® que el gobierno pondr¨ªa en marcha de manera inmediata una reforma del modelo. Nunca m¨¢s se supo. Cuando la crisis territorial empezaba a ser un problema de estado, en 2013, el secretario general del PSOE P¨¦rez Rubalcaba elabor¨® una propuesta federal que entreg¨® al presidente del Gobierno. Un apartado estaba dedicado a impulsar un modelo de financiaci¨®n y se part¨ªa de este principio: ¡°bien puede afirmarse que la Constituci¨®n no es m¨¢s que una hoja en blanco en lo relativo a la definici¨®n del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica¡±. Alg¨²n d¨ªa podr¨ªa escribirse. ?Tampoco ahora?