Reformar la ¡®ley mordaza¡¯, ahora s¨ª

M¨¢s de nueve a?os despu¨¦s de su entrada en vigor, parece abrirse un camino claro para ¡ªesta vez s¨ª¡ª acabar con los aspectos m¨¢s regresivos de la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza. Los dos socios del Gobierno y EH Bildu han llegado a un acuerdo ¡ªanunciado ayer y al que ERC y el PNV ya han adelantado que se sumar¨¢n¡ª para desbloquear una reforma que lleg¨® a estar avanzada en 2023 y que termin¨® fracasando por las desavenencias entre los propios partidos comprometidos en la necesidad de cambiarla. Las cuatro principales discrepancias de entonces se resuelven en el pacto con la izquierda aber?tzale, de forma que las pelotas de goma usadas por los antidisturbios se sustituir¨¢n progresivamente por medios ¡°menos lesivos¡± y en seis meses desde que la nueva norma entre en vigor se abordar¨¢ una reforma de la ley de extranjer¨ªa para mejorar la salvaguarda de los derechos de los inmigrantes en situaci¨®n irregular. La intenci¨®n es poner coto a las llamadas devoluciones en caliente (nada m¨¢s cruzar la frontera), avaladas por el Constitucional pero muy cuestionadas.

Junto a ello, se delimita la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad en los casos de desobediencia y falta de respeto a la autoridad. El nuevo texto incluir¨¢ todos los puntos que ya se acordaron el a?o pasado en la comisi¨®n de Interior del Congreso para cuestiones como suprimir las sanciones por manifestarse ante el Parlamento o modificar el criterio casi absoluto de veracidad de las declaraciones de los agentes.

La ley mordaza, impropia de una sociedad democr¨¢tica asentada, fue aprobada por el PP en 2015 con sus ¨²nicos votos para castigar las movilizaciones que se suced¨ªan en la calle contra las pol¨ªticas del Gobierno de Rajoy, acentuando el enfoque m¨¢s represivo de la seguridad y obviando interesadamente que el derecho a la protesta pac¨ªfica es esencial en un Estado de derecho.

No hay libertad sin seguridad ciudadana y se debe actuar contra las causas de la inseguridad y la delincuencia, pero tambi¨¦n contra sus efectos, que sufren en mayor medida precisamente quienes menos recursos tienen. Pero esa seguridad debe entenderse ligada a la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer las libertades p¨²blicas. El propio cambio de nombre de la norma, que pasar¨¢ a llamarse de Protecci¨®n de las Libertades y la Seguridad Ciudadana ¡ªy no solo de esta ¨²ltima¡ª es un buen indicio del camino a seguir para materializar el pacto. Un cambio legal, adem¨¢s, que no desprotege a las fuerzas de seguridad como argumentan sus cr¨ªticos usando criterios puramente coercitivos.

Como ley org¨¢nica, la reforma necesita mayor¨ªa absoluta en el Congreso. Resultar¨ªa incomprensible que formaciones como Junts y Podemos, que ayer expresaron su distancia respecto al acuerdo, lo hagan fracasar por razones tacticistas. M¨¢s a¨²n cuando ambas han llegado a defender incluso su derogaci¨®n. En el discurso de la moci¨®n de censura que le convirti¨® en presidente en 2018, Pedro S¨¢nchez consider¨® urgente una reforma en profundidad de la ley mordaza. La ocasi¨®n ha tardado demasiado, y no puede frustrarse.