Muface, un problema previsible

Los casi 1,5 millones de espa?oles que reciben asistencia a trav¨¦s de Muface viven con incertidumbre las negociaciones para renovar el convenio de esta mutualidad, porque su fracaso les obligar¨ªa a dejar los m¨¦dicos y hospitales que les atienden. Las tres aseguradoras que cubr¨ªan la asistencia en el convenio anterior ¡ªAdeslas, Asisa y DKV¡ª han decidido no presentarse para renovarlo. Consideran que la prima que se les ofrece no es suficiente para cubrir los costes asistenciales, pese a que tiene un incremento del 17%. Esta crisis muestra la creciente dificultad para articular una colaboraci¨®n entre el sector p¨²blico y el privado en materia sanitaria en un momento de cambio por el envejecimiento y el aumento de los costes asistenciales.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado fue creada en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo creado durante el franquismo cuando la oferta de la Seguridad Social no era ni universal ni tan completa como ahora. Con el tiempo, el sistema p¨²blico se ha expandido hasta ofrecer sanidad completa y de calidad a toda la poblaci¨®n. Muface y las otras dos mutualidades equivalentes para los funcionarios de Defensa y Justicia, han quedado como una excepci¨®n que es vista tambi¨¦n como un privilegio. Este sistema permite a los funcionarios y sus familias elegir cada a?o entre la sanidad p¨²blica y la privada a trav¨¦s de alguna de las aseguradoras adscritas al convenio. En el caso de Muface, el 76% escoge la atenci¨®n privada.

El nuevo convenio estaba dotado con 2.681 millones de euros, 304 m¨¢s que el anterior, a raz¨®n de 1.208 euros por cada beneficiario. Las aseguradoras aseguran que en el anterior han perdido alrededor de 600 millones, y que la nueva tarifa no cubre costes, porque deben incorporar adem¨¢s algunas prestaciones que ya ofrece el sistema p¨²blico, como ciertas terapias avanzadas de c¨¢ncer o salud bucodental. En realidad, las aseguradoras son intermediarias que hasta ahora han afrontado la infrafinanciaci¨®n repercuti¨¦ndola a sus proveedores. La naturaleza del convenio, que la obliga a atender todas las contingencias de un extenso colectivo, hace que tengan que afrontar los mismos retos que la sanidad p¨²blica: un aumento del coste de los procedimientos y una mayor frecuentaci¨®n sanitaria. La situaci¨®n es delicada, porque un fracaso en la negociaci¨®n desplazar¨ªa de golpe a 1,5 millones de beneficiarios a la sanidad p¨²blica, y agravar¨ªa la sobrecarga que ya padece.

Consciente del problema que se ha creado, el Gobierno est¨¢ estudiando una nueva propuesta expr¨¦s, mientras tranquiliza a los afectados indicando que la normativa permite la pr¨®rroga forzosa del actual convenio un a?o m¨¢s. Dadas las actuales circunstancias, es deseable que se pueda llegar a un acuerdo, pero a la larga, es evidente que se debe revisar un modelo que no deja de ser una v¨ªa de acceso a la sanidad privada con dinero p¨²blico, con los problemas de equidad y costes de intermediaci¨®n que ello conlleva.