La crisis del mutualismo muestra las costuras de la colaboraci¨®n p¨²blico-privada

Dos millones de funcionarios y familiares llevan dos semanas sumidos en la inquietud. Las aseguradoras sanitarias que participan en el llamado modelo Muface han amenazado con irse por las p¨¦rdidas acumuladas. No ser¨ªan las primeras en marcharse. El Gobierno ha propuesto una subida de las primas del 17%, pero ni a¨²n as¨ª est¨¢ clara la viabilidad del convenio. Esta crisis nunca vista en la asistencia m¨¦dica mutual para empleados p¨²blicos coincide con la enorme conflictividad que rodea a las mutualidades de previsi¨®n social de colectivos profesionales ¡ªabogados, procuradores, arquitectos o gestores administrativos¡ª. Estos grupos que han ahorrado para la jubilaci¨®n a trav¨¦s de estas aseguradoras ven ahora que las pensiones privadas que cobrar¨¢n son muy bajas. Adem¨¢s, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, conocidas como mutuas de accidentes de trabajo, han sido se?aladas por la vicepresidenta Yolanda D¨ªaz como un foco de pr¨¢cticas corruptas, puertas giratorias y sueldos escandalosos.

Las mutualidades son empresas sin ¨¢nimo de lucro en las que un colectivo se une para tener acceso a unos servicios basados en la confianza y la reciprocidad. Una figura similar a las cooperativas. Aqu¨ª no hay unos accionistas que sean due?os de la compa?¨ªa y que repartan los beneficios seg¨²n el poder accionarial. Cada mutualista tiene un voto y los beneficios se reinvierten o se reparten de forma homog¨¦nea. Esta es la teor¨ªa, que rige para aseguradoras como Mutua Madrile?a, Pelayo o Fiatc. Pero en Espa?a tambi¨¦n se ha utilizado la figura de la mutualidad para cubrir algunas parcelas y competencias donde el Estado de Bienestar no alcanzaba.

Durante el franquismo, cuando la preocupaci¨®n por la jubilaci¨®n o la incapacidad laboral era incipiente, se crearon infinidad de mutualidades para proteger a diversos colectivos. En 1944 se cre¨® la Hermandad Nacional de Arquitectos para ayudar a este gremio con las pensiones de vejez; en 1948 surgi¨® la mutualidad de los abogados, de obligada inscripci¨®n para todos los letrados, y que les prestar¨ªa ayuda tras la jubilaci¨®n y proveer¨ªa pensiones de orfandad y viudedad. Tambi¨¦n hab¨ªa mutualidades para notarios, curas, empleados de banca...

En esa ¨¦poca, los funcionarios tambi¨¦n ten¨ªan carencias en materia asistencia sanitaria y por la cuant¨ªa de las pensiones que recib¨ªan, por lo que se crea la figura del mutualismo administrativo. Los Abogados del Estado ten¨ªan su mutua, los inspectores de Hacienda... Durante la Transici¨®n espa?ola surgi¨® la necesidad de aglutinar la acci¨®n mutual dispersa, fragmentada y desigual. As¨ª se cre¨® Muface (1975), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que hoy en d¨ªa ofrece servicios m¨¦dicos a profesores, polic¨ªas o funcionarios de prisiones; se cre¨® Isfas (1975), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que atiende militares y la Guardia Civil; y Mugeju (1978), la Mutualidad General de Justicia, para jueces, fiscales y letrados de la administraci¨®n de justicia.

Mar¨ªa Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y catedr¨¢tica de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, es una de las mayores conocedoras de la problem¨¢tica mutual. Hace unos meses la contrat¨® el Colegio de la Abogac¨ªa de Madrid para elaborar un dictamen con el fin de intentar desencallar la situaci¨®n de miles de abogados mutualistas que quieren dejar de cotizar en una mutualidad privada y pasar el dinero acumulado a la Seguridad Social para cobrar una pensi¨®n p¨²blica. ¡°Hay que tener en cuenta que hasta 1995 los abogados, y otros colectivos profesionales, ten¨ªan la obligaci¨®n de cotizar a trav¨¦s de su mutualidad correspondiente, y era la entidad quien establec¨ªa cu¨¢nto ten¨ªan que aportar¡±, recuerda la jurista.

En el caso de las mutualidades de previsi¨®n social, las costuras empezaron a saltar a causa del envejecimiento de la poblaci¨®n. En su origen, estas aseguradoras funcionaban con un sistema de reparto: tanto dinero entraba cada a?o, tanto repart¨ªan. Como ocurre con la Seguridad Social. Pero a medida que iba a aumentando la esperanza de vida, el modelo se hac¨ªa insostenible. Enrique Sanz Fern¨¢ndez-Lomana, presidente de la Mutualidad de la Abogac¨ªa, recuerda que ¡°la normativa nos oblig¨® a pasar a un sistema de capitalizaci¨®n individual, por el cual cada mutualistas va ahorrando tanto como lo que aporta¡±. El problema es que muchos abogados, procuradores o arquitectos quedaron a contrapi¨¦. Quienes siguieron cotizando en la mutualidad en lugar de hacerlo para la Seguridad Social, denuncian que nunca se les inform¨® adecuadamente del nivel de prestaciones que iban a recibir. Ahora, reclaman que se habilite para todos ellos una pasarela para ir al R¨¦gimen Especial de Trabajadores Aut¨®nomos (RETA).

Nuria Cachafeiro es abogada en un peque?o despacho de Vigo. Tras comprobar las exiguas pensiones que van a cobrar de la Mutualidad, decidi¨® fundar una asociaci¨®n para reclamar al Gobierno soluciones. ¡°Lo que nos han hecho es una verg¨¹enza¡±, relata. ¡°Nunca se nos inform¨® con claridad de lo que supondr¨ªa seguir cotizando a trav¨¦s de nuestra mutualidad, en lugar de hacerlo para recibir una pensi¨®n p¨²blica¡±.

El ministerio de Seguridad Social es consciente de la delicada situaci¨®n de cientos de miles de profesionales liberales y est¨¢ estudiando c¨®mo poner en marcha esa pasarela. Adem¨¢s, para acabar con la excepcionalidad de que haya trabajadores que tengan un sistema alternativo de cotizaci¨®n, los nuevos colegiados tendr¨¢n que cotizar a trav¨¦s del RETA a partir de 2027. De esta forma, las mutualidades de previsi¨®n social ser¨¢n simples aseguradoras con una adscripci¨®n totalmente voluntaria.

En el caso de otras mutualidades de colectivos profesionales ¡ªintegradas en la Seguridad Social en los a?os 80¡ª, algunos de sus antiguos trabajadores acabaron llegando al Tribunal Supremo hasta que les reconoci¨® que durante a?os hab¨ªan pagado impuestos de m¨¢s, que ahora Hacienda tiene que devolver. Otro ¨¢ngulo muerto vinculado al mundo mutual.

La salud de los funcionarios

Si algunos profesionales liberales temen por su escasa pensi¨®n, los empleados p¨²blicos temen por los servicios sanitarios que perciben. La inmensa mayor¨ªa de funcionarios est¨¢n cubiertos por Muface (1,49 millones de beneficiarios), Isfas (559.000) o Mugeju (92.000). Cada a?o escogen si quieren ser atendidos por la sanidad p¨²blica o la privada. En un 76% escogen la segunda opci¨®n. En el ¨²ltimo convenio, se presentaron para prestar este servicio Adeslas, Asisa y DKV, pero siempre se han quejado de que el dinero que recib¨ªan por parte del estado era muy escaso. Ahora, con una propuesta de incremento de las primas del 17%, hay un riesgo cierto de que alguna de ellas, o incluso las tres, decidan no presentarse a la renovaci¨®n del convenio.

La magistrada Luisa Mar¨ªa G¨®mez Garrido, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, es muy pesimista con la situaci¨®n de las mutualidades. ¡°Espero que alguien conserve un m¨ªnimo sentido com¨²n para evitar que las mutualidades caigan porque ser¨ªa tambi¨¦n un golpe catastr¨®fico para la sanidad p¨²blica¡±, reflexiona. En caso de que no se renovara el convenio con las aseguradoras privadas, Muface y el resto de mutuas tendr¨ªan que cerrar acuerdos con las consejer¨ªas de Sanidad auton¨®micas, en un momento en que la sanidad p¨²blica ya est¨¢ colapsada.

A las mutualidades de previsi¨®n social de colectivos profesionales y al mutualismo administrativo se suma la situaci¨®n de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, como Asepeyo, Fremap, Fraternidad o Mutua Universal. En este caso, se trata de asociaciones de empresarios que se unen para dar servicio en caso de accidentes de trabajo (altas y bajas), enfermedades laborales, rehabilitaci¨®n, chequeos peri¨®dicos... Los sindicatos han denunciado con frecuencia el funcionamiento poco transparente de estas instituciones, su posici¨®n de poder a la hora de forzar el regreso al trabajo de asalariados enfermos, as¨ª como los altos sueldos de los directivos ¡ªque en muchos casos superan los 200.000 euros¡ª, junto con indemnizaciones de oro en caso de despido.

Un directivo sindical reconoce las dudas que hay sobre el papel que juegan estas antiguas mutuas de accidentes de trabajo: ¡°Los empresarios tienen una ascendencia sobre ellas muy fuerte, lo que condiciona las decisiones sobre altas y bajas laborales¡±. Adem¨¢s, ¡°son un h¨ªbrido extra?o porque, a¨²n siendo entidades privadas, toda su actividad est¨¢ enmarcada dentro de las competencias de la Seguridad Social¡±. Un ejemplo m¨¢s de que las estructuras de propiedad alternativas (como fueron en su d¨ªa las cajas de ahorros) as¨ª como las colaboraciones p¨²blico-privadas generan conflictos de intereses y zonas de sombra donde es f¨¢cil perderse.