Los amenazados defensores del medio ambiente en Colombia se temen lo peor
La pandemia ha dejado en claro que los derechos territoriales y la autodeterminaci¨®n de las comunidades ind¨ªgenas y afrodescendientes en Am¨¦rica Latina y alrededor del mundo son m¨¢s importantes que nunca
Dos a?os despu¨¦s de la toma de poder como presidente de Colombia, Iv¨¢n Duque ha convertido el pa¨ªs en el m¨¢s mort¨ªfero del mundo para los defensores de la tierra y del medio ambiente. Un nuevo informe de Amnist¨ªa Internacional deja las razones tr¨¢gicamente claras: ¡°Las fallas en la implementaci¨®n del Acuerdo de Paz (...) est¨¢n poniendo en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente aquellas que defienden los territorios m¨¢s ricos en recursos naturales del pa¨ªs¡±.
El deterioro de la situaci¨®n llev¨® a miles de miembros y l¨ªderes de comunidades ind¨ªgenas a participar la semana pasada en una minga, una acci¨®n colectiva que deriva su nombre de la palabra quechua mik¡¯a, que significa trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad. Los manifestantes tomaron d¨ªas viajando a Bogot¨¢ para exigir un di¨¢logo p¨²blico con Duque, pero este se neg¨® a dialogar en territorio ind¨ªgena y en Bogot¨¢.
Los participantes de la minga, que incluyeron miembros de comunidades afrodescendientes e ind¨ªgenas de todas partes del pa¨ªs, quer¨ªan abordar en persona los temas de la defensa a la vida, el derecho al territorio, la democracia y la paz; la violencia y la inseguridad que enfrentan como resultado de la miner¨ªa en sus territorios; la negativa del Gobierno a implementar los acuerdos de paz, y su fracaso en los esfuerzos de protecci¨®n de la covid-19.
El presidente Duque se ha negado a reunirse con los manifestantes, alegando preocupaci¨®n de seguridad por la propagaci¨®n del coronavirus, y a pesar de asistir a otros eventos. Para los manifestantes, sus pol¨ªticas representan una amenaza mayor para su seguridad, literalmente una cuesti¨®n de vida o muerte.
Nada de esto ten¨ªa que suceder. El hist¨®rico Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) represent¨® un momento de esperanza y una ruptura con el pasado violento del pa¨ªs para muchos colombianos.
El presidente Duque se ha negado a reunirse con los manifestantes, alegando preocupaci¨®n de seguridad por la propagaci¨®n del coronavirus, y a pesar de asistir a otros eventos
Pero Duque ha desafiado abiertamente tanto la letra como el esp¨ªritu del Acuerdo. La negativa de su Gobierno de abordar el tema de la extraordinaria desigualdad que afecta la propiedad de la tierra en el pa¨ªs, una de las causas clave de la guerra civil de varias d¨¦cadas de duraci¨®n, ha puesto en riesgo a las comunidades ind¨ªgenas, afrodescendientes y campesinas. Tambi¨¦n ha abierto la puerta a la explotaci¨®n acelerada de las tierras de las comunidades para la miner¨ªa, la agroindustria y el ecoturismo.
Ahora, cuando la pandemia ha dejado en claro que los derechos territoriales y la autodeterminaci¨®n de las comunidades ind¨ªgenas y afrodescendientes en Am¨¦rica Latina y alrededor del mundo son m¨¢s importantes que nunca, la Administraci¨®n Duque quiere lograr la reactivaci¨®n econ¨®mica a trav¨¦s de una mayor inversi¨®n en industrias de los sectores energ¨¦ticos y extractivos.
Y el Gobierno pretende hacer esto sin aplicar los principios de no regresividad y protecci¨®n de los derechos colectivos del cap¨ªtulo ¨¦tnico del Acuerdo de Paz, sin resolver las solicitudes de titulaci¨®n colectiva de los pueblos ind¨ªgenas, reiterando una estrategia que cre¨® el ciclo de violencia que nos es familiar a quienes vivimos la guerra civil.
Como colombiana, conozco de primera mano el trauma que han dejado d¨¦cadas de violencia y guerra en nuestro pa¨ªs. Pero, despu¨¦s de dos d¨¦cadas en los Estados Unidos, tambi¨¦n tengo una perspectiva externa. El resto del mundo ve a Colombia como un pa¨ªs que se recupera de la guerra, pero la realidad sobre el terreno es marcadamente diferente. De hecho, en 2019 se registraron los niveles m¨¢s altos de violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente en Colombia por la falta de implementaci¨®n del Acuerdo de Paz, un aumento del 150% en un a?o. La covid-19 y los esfuerzos para reactivar la tambaleante econom¨ªa del pa¨ªs mediante una mayor explotaci¨®n de los recursos naturales han empeorado la situaci¨®n.
El resto del mundo ve a Colombia como un pa¨ªs que se recupera de la guerra, pero la realidad sobre el terreno es marcadamente diferente
Si bien los grupos paramilitares y los criminales son responsables de muchos de los actos violentos contra las comunidades locales y sus aliados, la Administraci¨®n del presidente Duque tambi¨¦n debe asumir parte de la responsabilidad. No solo el Gobierno actual no ha logrado detener la violencia, sino que ha contribuido activamente a ello. Una noticia de principios de este a?o ilustra la actitud generalizada de impunidad ante la violaci¨®n de los derechos de las comunidades ind¨ªgenas y afrodescendientes. Siete soldados colombianos fueron acusados de violar a una ni?a de 13 a?os de la comunidad ind¨ªgena embera. A¨²n no han sido condenados, subrayando el mensaje de que la violencia contra las comunidades, incluida la violencia sexual, es aceptable.
Estas acciones amenazan la rica diversidad de nuestro pa¨ªs y la fr¨¢gil paz que a¨²n existe, si se puede considerar como tal. La soluci¨®n es que el Gobierno proteja las vidas y reconozca los derechos a la tierra, la autodeterminaci¨®n y los medios de subsistencia, de las comunidades afrodescendientes e ind¨ªgenas.
El presidente Duque podr¨ªa comenzar llevando ante la Justicia a los asesinos de los defensores y a las personas que les pagan para matarlos. Pero incluso esos pasos ser¨ªan socavados por una estrategia para reactivar la econom¨ªa del pa¨ªs a expensas de las comunidades ind¨ªgenas, afrodescendientes y campesinas. Los valientes l¨ªderes que defienden sus tierras y comunidades buscan solo la supervivencia del planeta y la paz para todos los colombianos. La forma en que Duque implementa su programa de Gobierno pone en peligro ambos objetivos.
Omaira Bola?os es directora de los Programas de Justicia de G¨¦nero y Am¨¦rica Latina de RRI en Washington, DC.
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