Un estudio cuestiona la voluntad pol¨ªtica del Gobierno colombiano para proteger a los l¨ªderes sociales

Una y otra vez, informe tras informe, distintas organizaciones sociales y organismos internacionales han llamado la atenci¨®n sobre el asesinato de l¨ªderes sociales en Colombia. ?Qu¨¦ hace que se repitan con frecuencia? ?Por qu¨¦ las medidas no son efectivas? ?D¨®nde est¨¢ fallando el Gobierno de Iv¨¢n Duque? Esas son las pregunta que se hizo Amnist¨ªa Internacional para elaborar el estudio ?Por qu¨¦ nos quieren matar?, que revela los errores en la protecci¨®n de los defensores de derechos humanos en Colombia. ¡°A pesar de las declaraciones de preocupaci¨®n sobre el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos por funcionarios del m¨¢s alto nivel, incluido el presidente Duque, no pareciera que exista una aut¨¦ntica voluntad pol¨ªtica en las autoridades colombianas para abordar las causas estructurales que las ponen en riesgo¡±, advierte el documento.

Las cifras de las cuales parte Amnist¨ªa revelan la dimensi¨®n del problema. ¡°A pesar de que el presidente Duque ha dicho que durante su Gobierno los asesinatos de l¨ªderes sociales han disminuido en un 25%, las cifras de fuentes confiables revisadas por Amnist¨ªa Internacional indican lo contrario¡±, se?ala el informe. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al 30 de septiembre de 2020, se hizo seguimiento a 97 asesinatos de l¨ªderes, de los cuales pudo verificar 45 homicidios. A finales de 2017, la organizaci¨®n Somos Defensores, la Defensor¨ªa del Pueblo y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Colombia, reportaron entre 96 y 126 casos de defensores asesinados en todo el pa¨ªs. En 2018, la cifra pas¨® a estar entre 115 y 178. Y en 2019, se documentaron entre 108 y 118 asesinatos de personas defensoras, entre 10 y 31 asesinatos m¨¢s que ocurrieron en 2019 est¨¢n siendo verificados.

Amnist¨ªa Internacional reconoce que el Estado colombiano tiene ¡°numerosas normas e instituciones para la protecci¨®n del trabajo y las actividades de las personas defensoras de derechos humanos¡±, y que es uno de los primeros pa¨ªses en crear una Unidad Nacional de Protecci¨®n (UNP), que se enfoca en la protecci¨®n individual y otorga escoltas, celulares, carros blindados y esquemas de seguridad a las personas amenazadas; as¨ª como sistemas de protecci¨®n colectiva. Sin embargo, Amnist¨ªa se?ala que no son efectivos. La raz¨®n ¨Casegura Erika Guevara Rosas, directora para las Am¨¦ricas de Amnist¨ªa Internacional¨C es que ¡°las autoridades se reh¨²san a actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras¡±.

Uno de los mayores vac¨ªos ¨Cdice el informe¨C se encuentra en la reacci¨®n del Gobierno al Sistema de Alertas Tempranas, a trav¨¦s del cual la Defensor¨ªa del Pueblo le advierte al Ministerio de Interior de las amenazas y posibles ataques a los l¨ªderes sociales. A menudo, cuando ocurren masacres o asesinatos a defensores, sale a la luz que el Estado estaba advertido. Para Amnist¨ªa esto ocurre porque no hay consecuencias pol¨ªticas ni jur¨ªdicas para los funcionarios del Gobierno nacional o los Gobiernos locales que no cumplen su labor de protecci¨®n, ¡°mientras que las consecuencias para las personas defensoras son, literalmente, fatales¡±.

El otro hoyo negro estar¨ªa en la Unidad Nacional de Protecci¨®n que, seg¨²n cifras de la entidad, desde 2011 hasta 2020 ha dado protecci¨®n f¨ªsica a 4.890 personas. Sin embargo, seg¨²n las entrevistas que hizo Amnist¨ªa Internacional a defensores de derechos humanos, las medidas llegan tarde o con deficiencias de calidad. ¡°Incluyendo, por ejemplo, la entrega de veh¨ªculos sin gasolina, tel¨¦fonos celulares sin cr¨¦dito o chalecos blindados en zonas de altas temperaturas que hace inviable su uso¡±, dice la ONG. Esa ha sido una denuncia permanente de l¨ªderes sociales como Francia M¨¢rquez, ganadora del Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental; o Leyner Palacios, hoy miembro de la Comisi¨®n para el Esclarecimiento de la Verdad. M¨¢rquez fue v¨ªctima de un atentado, mientras que el escolta de Palacios fue asesinado en Cali en circunstancias a¨²n no establecidas. ¡°El asesinato de mi escolta es un mensaje y una amenaza a mi labor¡±, dijo en su momento Palacios, quien perdi¨® a 28 familiares durante la masacre de Bojay¨¢.

Por ¨²ltimo, Amnist¨ªa Internacional recuerda que durante la negociaci¨®n de los acuerdos de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno se adoptaron unas medidas para proteger a los l¨ªderes sociales. Pero estas no se han implementado. En al menos cuatro comunidades en las cuales la organizaci¨®n document¨® la situaci¨®n, est¨¢n a cargo de la fuerza p¨²blica que ha perdido la confianza de la comunidad o la capacidad de acci¨®n recae en municipios con pocos recursos econ¨®micos. ¡°Amnist¨ªa Internacional considera que es preocupante que la polic¨ªa sea la instituci¨®n a cargo de la protecci¨®n colectiva de personas defensoras, ya que podr¨ªa representar un enfoque policiaco, y no una perspectiva integral de protecci¨®n, que va m¨¢s all¨¢ de la polic¨ªa garantizando la vida e integridad¡±, contin¨²a.

Ante los incesantes homicidios, en 2019 el Gobierno de Iv¨¢n Duque ha respondido con la creaci¨®n del Plan de Atenci¨®n Oportuna, pero esto tampoco ha detenido el desangre. Y la Fiscal¨ªa General cre¨® una Unidad Especial de Investigaci¨®n que ha reportado ¡°alg¨²n avance¡± en la investigaci¨®n de 173 de los 317 casos de homicidios al 31 de marzo de 2020. La ONG valora los esfuerzos y avances pero considera que no han sido suficientes para combatir la impunidad en los ataques contra defensores de derechos humanos, pues existen apenas 49 sentencias firmes para homicidios relacionados con l¨ªderes sociales.