Per¨² necesita una garant¨ªa clara de que no se repetir¨¢n las violaciones de derechos humanos contra los manifestantes

Reci¨¦n regres¨¦ de un viaje a Juliaca, una ciudad en los altos de la cordillera de los Andes al sur de Per¨². ¡°Ese d¨ªa, el a?o pasado, aqu¨ª en Juliaca, todos lloramos,¡± coment¨® un taxista a nuestro equipo mientras viaj¨¢bamos por las calles de la ciudad.

El 9 de enero de 2023, fuerzas del orden causaron la muerte de 18 personas en Juliaca en un solo d¨ªa. Decenas m¨¢s ¡ªmuy probablemente cientos¡ª quedaron gravemente heridas. Hablamos con padres, madres, hermanos y hermanas de v¨ªctimas fatales, algunas menores de edad. Adem¨¢s, con personas sobrevivientes que todav¨ªa viven con perdigones alojados en su cuerpo. Otras que viven con balas en sus ¨®rganos, sin que hayan recibido atenci¨®n m¨¦dica adecuada hasta el d¨ªa de hoy. Lo peor es que estas muertes y lesiones se pudieron haber evitado.

Las muertes por uso excesivo de la fuerza no fueron hechos aislados a manos de unos cuantos polic¨ªas o militares desordenados

Cuando se iniciaron una serie de protestas en diferentes regiones del pa¨ªs en diciembre de 2022, en el marco de una crisis pol¨ªtica, nunca pensamos que 50 personas morir¨ªan por el uso excesivo de la fuerza por polic¨ªas y militares. No obstante, a semanas, e incluso meses de haberse registrado las primeras muertes, la cifra de fallecidos sigui¨® en aumento. Estos no fueron hechos aislados a manos de unos cuantos polic¨ªas o militares desordenados. La naturaleza generalizada de estos ataques nos hizo preguntarnos: ?qui¨¦n, o qui¨¦nes, estuvieron detr¨¢s?

Hoy, 28 de julio, Per¨² celebra el d¨ªa de su independencia, y como es costumbre, la presidenta dar¨¢ un mensaje a la naci¨®n. Frente a un pa¨ªs que vive un profundo dolor producto de uno de los episodios m¨¢s graves de masivas violaciones de derechos humanos desde el conflicto armado interno (1980-2000), la presidenta tiene la oportunidad de hacer un cambio.

La semana pasada, desde Amnist¨ªa Internacional lanzamos el informe ?Qui¨¦n dispar¨® la orden? Responsabilidad de la cadena de mando para muertes y lesiones en protestas en Per¨², que justamente plantea las preguntas mencionadas l¨ªneas arriba. ?Qui¨¦n es responsable de estas graves violaciones de derechos humanos? ?Qui¨¦n tiene que asegurar garant¨ªas para que estos cr¨ªmenes no vuelvan a cometerse? La respuesta recae en las y los funcionarios p¨²blicos que ocupan los puestos m¨¢s altos en la cadena de mando.

Los hallazgos de esta investigaci¨®n sugieren que hay evidencia suficiente para investigar a la presidenta Dina Boluarte por posible responsabilidad penal individual, como autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Desde el primer d¨ªa de las protestas, la presidenta y sus ministros tomaron decisiones conscientes que tuvieron consecuencias letales.

Frente a un pa¨ªs que vive un profundo dolor, la presidenta tiene la oportunidad de hacer un cambio en su mensaje a la naci¨®n por el D¨ªa de la Independencia

A pesar de que, desde el d¨ªa que asumi¨® la presidencia, el 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte fue informada por el jefe de inteligencia a nivel nacional de que las personas manifestantes no ten¨ªan v¨ªnculos con terroristas y criminales, y que el n¨²mero de personas en las calles no ameritaba un despliegue de las fuerzas armadas, la presidenta opt¨® por ignorar esta informaci¨®n. Lo que sigui¨® fue una declaraci¨®n de estado de emergencia a nivel nacional, el despliegue de las fuerzas armadas, y una respuesta combativa por una fuerza de ¨¦lite de la polic¨ªa enviada a las protestas.

Durante 18 meses nuestras investigadoras entrevistaron a m¨¢s de 110 personas, hicieron 56 solicitudes de informaci¨®n p¨²blica, adem¨¢s de llevar a cabo un an¨¢lisis pormenorizado de documentos, videos, fotos, evidencia penal, y revisar las actas de las sesiones del Consejo de Ministros que presidi¨® la presidenta entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La evidencia es rotunda. Se cometieron cr¨ªmenes, y los altos mandos de la polic¨ªa, las fuerzas armadas, y los altos funcionarios civiles, aunque lo sab¨ªan o deber¨ªan haberlo sabido, no hicieron lo suficiente para detenerlos.

En d¨ªas recientes hablamos con fiscales que est¨¢n investigando a la polic¨ªa y el ej¨¦rcito en relaci¨®n con los hechos en las protestas. En semanas y meses recientes se han registrado varios avances importantes, identific¨¢ndose a numerosos mandos medios de la polic¨ªa y las fuerzas armadas como personas sospechosas, con formalizaciones en sus investigaciones penales. No obstante, falta hacer mucho m¨¢s.

A la fecha, las investigaciones penales respecto al rol de la presidenta y sus ministros por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas parecen estar estancadas. Las pocas audiencias llevadas a cabo por los fiscales a cargo de esta investigaci¨®n generan ciertas dudas sobre las diligencias que se han realizado hasta el momento y el sentido de urgencia del caso. Pero a¨²n hay tiempo. Y es posible responder a las preguntas que formulamos desde el inicio. ?Qui¨¦n dispar¨® la orden?

Para que Per¨² empiece a sanar sus profundas heridas, el primer paso queda en manos del fiscal de la Naci¨®n, para que avance con las investigaciones en contra de la presidenta y sus ministros

El 28 de julio del a?o pasado, familiares de personas fallecidas durante las protestas en Juliaca viajaron a Lima. Portando fotos de sus seres queridos, se movilizaron pac¨ªficamente en una plaza p¨²blica de la capital peruana. La polic¨ªa respondi¨® a sus dignas exigencias de verdad, justicia, y reparaci¨®n, con un despliegue excesivo y totalmente innecesario de la fuerza, lanz¨¢ndoles gas lacrim¨®geno, a pesar de que apenas llegaban a dos decenas de personas agrupadas en una plaza. D¨ªas antes, la presidenta hab¨ªa dado un discurso p¨²blico que etiquetaba a las personas del sur del pa¨ªs como ¡°terroristas¡±, tal como lo hab¨ªa hecho meses antes durante las protestas, a pesar de que hasta el d¨ªa de hoy la evidencia muestra que no ten¨ªa ninguna prueba fehaciente para esa afirmaci¨®n.

Para que Per¨² empiece a sanar sus profundas heridas de injusticia y dolor, el primer paso queda en manos del fiscal de la Naci¨®n, para que avance con las investigaciones en contra de la presidenta y sus ministros. El hecho de que, hace unos d¨ªas, el Congreso de Per¨² haya archivado una denuncia constitucional interpuesta por la anterior fiscal de la Naci¨®n en contra de la presidenta por las muertes en protestas no significa que el actual fiscal no pueda robustecer la investigaci¨®n y presentar nuevas denuncias constitucionales. Por su parte, la presidenta, como jefa suprema de las fuerzas armadas y la polic¨ªa, tiene que tomar todas las medidas a su alcance para que las graves violaciones de derechos humanos cometidas en protestas no vuelvan a ocurrir. El mundo est¨¢ mirando.

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