Amnist¨ªa Internacional asegura que la polic¨ªa peruana utiliz¨® armas letales para controlar las protestas en Per¨²

A un par de semanas de cumplir su primer semestre en Palacio, el Gobierno de Dina Boluarte contin¨²a en jaque por un nuevo informe de una instituci¨®n de derechos humanos que escarba en la manera como encararon las protestas en su contra desde que asumieron el mando. Amnist¨ªa Internacional ha presentado este jueves otro documento valioso que ayuda a esclarecer la muerte de 49 civiles. Lleva por nombre Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ileg¨ªtimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Per¨², y documentan sucesos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Su trabajo de campo se enfoc¨® en las ciudades con mayor n¨²mero de heridos y fallecidos: Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno), Andahuaylas y Chincheros (Apur¨ªmac), y tambi¨¦n Lima, la capital.

Despu¨¦s de analizar 92 piezas de informaci¨®n audiovisual, acceder a carpetas de la Fiscal¨ªa, escudri?ar en certificados m¨¦dicos, necropsias, pericias forenses, y entrevistarse con familiares de las v¨ªctimas, funcionarios p¨²blicos, entre ellos la presidenta Boluarte, representantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, Amnist¨ªa Internacional asegura haber encontrado cinco hallazgos principales: En primer lugar, ¡°la Polic¨ªa Nacional del Per¨² y el Ej¨¦rcito Peruano utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden p¨²blico (perdigones) de manera ileg¨ªtima y la fuerza menos letal (gas lacrim¨®geno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria¡±. En segundo lugar, ¡°lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales apuntar¨ªa a una respuesta estatal deliberada y coordinada¡±..

El tercer hallazgo pone el foco en el racismo: ¡°Hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigi¨¦ndose contra poblaciones hist¨®ricamente discriminadas¡± debido a que ¡°el uso de la fuerza letal se emple¨® de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima¡±. En cuarto lugar, ¡°la presidenta de la Rep¨²blica y la Presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y p¨²blicamente no exigieron la rendici¨®n de cuentas a la polic¨ªa y al ej¨¦rcito¡±. Y por ¨²ltimo, ¡°las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigaci¨®n¡±.

Amnist¨ªa Internacional accedi¨® a 23 necropsias, en 22 de ellas la causa de la muerte fue notificada como ¡°proyectil de arma de fuego¡±. Sin embargo, en tres de ellos se debi¨® a perdigones de plomo, proyectiles m¨²ltiples concebidos para fines de caza. Se?alan que ello fue ocultado por la Polic¨ªa. ¡°Los perdigones conllevan un gran riesgo de imprecisi¨®n, logran f¨¢cilmente penetrar la piel y no est¨¢n concebidos para este tipo de funciones por lo que su uso en estos escenarios de protestas o manifestaciones debe prohibirse¡±, remarcan. La v¨ªctima que ilustra este uso indebido es el juliaque?o Gabriel Omar L¨®pez Amanqui, un chofer de carga de 35 a?os que muri¨® en enero de 72 perdigones. Asimismo, se pone en negritas que las fuerzas armadas emplearon fusiles Galil (Ayacucho), FAL (Juliaca) y fusiles AKM (Juliaca y Ayacucho), todas ellas con munici¨®n letal.

Por lo expuesto, Amnist¨ªa Internacional tiene una petici¨®n para el Gobierno espa?ol: ¡°Que mantenga la decisi¨®n del pasado febrero de suspender la venta de material antidisturbios a Per¨² hasta que se juzgue a los responsables de la violencia que provoc¨® la muerte a 49 personas y se ofrezca una rendici¨®n de cuentas sobre lo ocurrido¡±. La solicitud remarca que esa suspensi¨®n se haga extensiva a la venta de cualquier munici¨®n y armas ligeras ¡°ya que existe un alto riesgo de que puedan servir para que las fuerzas armadas o la polic¨ªa peruanas cometan vulneraciones de derechos humanos¡±.

El informe tambi¨¦n denuncia que las armas utilizadas por la Polic¨ªa y el Ej¨¦rcito no fueron incautadas y, por lo tanto, no fueron examinadas lo que hubiese servido para identificar a los autores de las muertes. Tambi¨¦n apuntan que el personal policial y militar no fue entrevistado y que varios deudos o heridos todav¨ªa no hab¨ªan rendido su manifestaci¨®n a tres meses de los acontecimientos. ¡°Las fuerzas de seguridad peruanas podr¨ªan haber incurrido en actos de encubrimiento al no reportar el uso de municiones durante las protestas y poner obst¨¢culos a la presentaci¨®n de otras piezas clave de informaci¨®n¡±, concluyen.

Amnist¨ªa dice haber solicitado una reuni¨®n con altos cargos de la Polic¨ªa, pero que la instituci¨®n cancel¨® la cita en dos oportunidades. Adem¨¢s, junto al Ministerio de Defensa, fueron las dos entidades del Estado que rechazaron solicitudes de acceso a la informaci¨®n p¨²blica para elaborar este documento, excus¨¢ndose en que se trata de ¡°informaci¨®n reservada¡± o ¡°confidencial¡±.

La investigaci¨®n tambi¨¦n incluye un testimonio an¨®nimo de un polic¨ªa de la regi¨®n de Apur¨ªmac que, seguramente, encender¨¢ el debate sobre el accionar de las fuerzas del orden. ¡°Una cosa que nadie te dice en el entrenamiento... pero que solemos conversar entre polic¨ªas es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno ca¨ªdo se aplacan...¡±.

En cuanto a las investigaciones penales, se enfatiza que a fines de marzo todas las investigaciones penales se trasladaron a Lima. ¡°Esto se produjo justo cuando los militares estaban a punto de ofrecer sus declaraciones a los fiscales locales de Ayacucho, seg¨²n varios abogados y organizaciones de derechos humanos. ?ste habr¨ªa sido un hito importante en las investigaciones en Ayacucho, que ahora han sido bloqueadas por las decisiones de la Fiscal¨ªa de Lima¡±. Pero existe un hecho de mayor gravedad: c¨®mo se habr¨ªa roto la cadena de custodia de pruebas clave. ¡°En Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca muchas balas se extrajeron de los cad¨¢veres de los pacientes en los hospitales, pero se tiraron a la basura, se extraviaron o no se entregaron al personal de la Fiscal¨ªa¡±.

El informe fue presentado la ma?ana de este jueves por Agnes Callamard, secretaria general de Amnist¨ªa Internacional, otras autoridades de dicha instituci¨®n y Ra¨²l Samill¨¢n, presidente de la Asociaci¨®n de M¨¢rtires y V¨ªctimas del 9 de enero en Juliaca, Puno. Agnes Callamard concuye: ¡°El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transe¨²ntes. Casi todas ellas pertenec¨ªan a entornos pobres, ind¨ªgenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioecon¨®mico en el uso de fuerza letal¡±.

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