Regularizaci¨®n de inmigrantes: a falta de 122 d¨ªas y 143.000 firmas
Desde el punto de vista laboral, la irregularidad no solo supone la indefensi¨®n absoluta frente a la explotaci¨®n, sino que impide al mercado de trabajo beneficiarse de las capacidades esenciales que podr¨ªan ofrecer profesionales cuya titulaci¨®n y m¨¦ritos no est¨¢n reconocidos
Al cierre de este art¨ªculo, 356.594 ciudadanas y ciudadanos espa?oles hab¨ªan apoyado formalmente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la regularizaci¨®n de inmigrantes que residen sin papeles en nuestro pa¨ªs. Eso significa que estamos a poco m¨¢s de 143.000 firmas para que salga adelante una iniciativa, promovida por la campa?a Esenciales, que responde a un principio b¨¢sico: los derechos fundamentales de un ser humano ¨Ccomo la educaci¨®n, la salud o la protecci¨®n de la justicia¨C no pueden quedar en suspenso como consecuencia de las circunstancias particulares del individuo, sean la raza, el g¨¦nero o, en este caso, la condici¨®n administrativa. Un principio simple que todos entendemos cuando se habla del apartheid sudafricano o de la humillaci¨®n de las mujeres en los pa¨ªses del Golfo; pero que, por alguna raz¨®n m¨¢gica, se nos escapa cuando los afectados son el medio mill¨®n de personas con los que compartimos el transporte, la escuela, el centro de trabajo¡ o nuestro propio hogar.
Adem¨¢s de una tara ¨¦tica del Estado de derecho, la irregularidad constituye un importante coste de oportunidad fiscal y laboral para el conjunto de la sociedad. La obligaci¨®n de permanecer en la econom¨ªa sumergida impide a los trabajadores y a sus empleadores contribuir a las arcas p¨²blicas de acuerdo a sus obligaciones. Una investigaci¨®n de la Fundaci¨®n porCausa y la Universidad Carlos III estim¨® en 2020 que la regularizaci¨®n supondr¨ªa un beneficio neto medio para el Estado espa?ol de unos 3.250 euros por persona y a?o. Desde el punto de vista laboral, la irregularidad no solo supone la indefensi¨®n absoluta frente a la explotaci¨®n, sino que impide al mercado de trabajo beneficiarse de las capacidades esenciales que podr¨ªan ofrecer profesionales cuya titulaci¨®n y m¨¦ritos no est¨¢n reconocidos.
Estos argumentos pr¨¢cticos est¨¢n en la base de la reforma migratoria aprobada por el Gobierno este verano, que busca resolver en parte el problema de la irregularidad. La flexibilizaci¨®n de las condiciones existentes de arraigo ¨Cfamiliar, laboral y social¨C y la introducci¨®n de un nuevo mecanismo de arraigo por formaci¨®n podr¨ªa permitir la regularizaci¨®n de decenas de miles de trabajadores y de sus familias. Es un paso en la buena direcci¨®n, no cabe duda, que est¨¢ en sinton¨ªa con las regularizaciones que se han producido en pa¨ªses como Alemania, Francia, Italia o Colombia en los dos ¨²ltimos a?os. O con los nueve procesos extraordinarios realizados por gobiernos espa?oles del PP y el PSOE en el pasado.
Para cerca de 125.000 menores de edad que residen en nuestro pa¨ªs, la irregularidad se traduce en exclusi¨®n social, angustia y maltrato institucional
Lamentablemente, no es suficiente. En primer lugar, algunas de las reformas propuestas ¨Ccomo el refuerzo de las oficinas de extranjer¨ªa o las condiciones del arraigo por formaci¨®n¨C est¨¢n a¨²n por definir o dependen de una inversi¨®n econ¨®mica y de una transformaci¨®n cultural que se extender¨¢ durante a?os. Lo que es m¨¢s importante, el Gobierno ha elegido no incorporar medidas de sentido com¨²n que hubiesen concitado el acuerdo de casi todos los grupos pol¨ªticos, como es la regularizaci¨®n de las ni?as y ni?os. Para cerca de 125.000 menores de edad que residen en nuestro pa¨ªs, la irregularidad se traduce en exclusi¨®n social, angustia y maltrato institucional. Sus consecuencias se har¨¢n sentir a lo largo de toda una vida y vulneran importantes obligaciones legales de nuestro pa¨ªs.
Necesitamos, por tanto, una medida extraordinaria que afecte a todos y lo haga ahora. El ¨¦xito de esta ILP no conllevar¨ªa de forma autom¨¢tica una regularizaci¨®n, sino la garant¨ªa de que sus contenidos ser¨¢n debatidos en el Parlamento, que es quien tiene la ¨²ltima palabra. Lo sorprendente es que esta propuesta no haya llegado al Congreso de la mano de los partidos, que en su mayor¨ªa han hecho contorsionismo pol¨ªtico para evitarla. Ha tenido que ser la ciudadan¨ªa organizada la que promueva este ejercicio de decencia colectiva frente la agresividad de los nacionalpopulistas, la arrogancia de los sindicatos y, ay, el desinter¨¦s de algunos medios.
Pero, ?saben qu¨¦? Creo que esta v¨ªa es m¨¢s digna y transformadora que cualquier otra. Este medio mill¨®n de firmas ¨C600.000, si queremos evitar sorpresas en la Junta Electoral Central¨C, que debe llegar al Congreso antes de fin de a?o, ser¨¢ una demostraci¨®n de que nuestra sociedad sigue viva y tiene el coraz¨®n en el lugar correcto. Somos cerca de 850 organizaciones que abarcan todo el espectro social y pol¨ªtico, desde la Conferencia Episcopal hasta el activismo de barrio. Capaces de navegar contra la corriente de los tiempos pero a favor de la historia. Lo que es a¨²n m¨¢s importante, esta campa?a est¨¢ siendo liderada por organizaciones y personas migrantes que est¨¢n aqu¨ª para embridar los t¨¦rminos del debate y hablar con voz propia de los asuntos que les afectan. Ya era hora de que esto ocurriese en nuestro pa¨ªs. Antes incluso de que llegue al Congreso, esta ILP ya nos est¨¢ cambiando a todos.
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