Crecer sin papeles en Espa?a

Ustedes no son conscientes, pero se han cruzado con ellos en muchas ocasiones. Puede incluso que les hayan invitado al cumplea?os de alguno de sus hijos o compartan las excursiones de su grupo scout. Se llaman Sady, Sheriff, Micaela, Daniel, Lamina, Ana. Les han visto de la mano de sus hermanos, entrando en el colegio. O sentados en el extremo del and¨¦n, esperando el metro. Su rutina est¨¢ empapada por el miedo. El miedo a ser identificados en la puerta de un parque, a poner un pie en un ambulatorio, a despertar cualquier sospecha que atraiga la atenci¨®n de las autoridades y destruya de un plumazo el camino recorrido y las esperanzas acumuladas durante a?os.

Olviden la propaganda alarmista que hayan escuchado sobre los menores extranjeros que viven en nuestro pa¨ªs. La realidad es infinitamente m¨¢s pavorosa. Para uno de cada cinco ni?os, ni?as y adolescentes migrantes que forman parte de nuestra sociedad, la irregularidad administrativa supone lo m¨¢s parecido a vivir en un r¨¦gimen de apartheid.

Los pr¨®ximos meses ofrecen la oportunidad de poner fin a esta injusticia insoportable.

Un estudio presentado esta semana por nuestras organizaciones ¡ªSave the Children y la fundaci¨®n por Causa¡ª ofrece una fotograf¨ªa ajustada de la infancia sin papeles en Espa?a, marcada por el elevado riesgo de pobreza y la vulneraci¨®n de derechos fundamentales. Para los chavales extranjeros, la ausencia de un permiso de residencia y un n¨²mero de identificaci¨®n personal obstaculiza la educaci¨®n en todas sus fases, les enfrenta a la arbitrariedad de las instituciones sanitarias, les excluye del acceso efectivo a la protecci¨®n y la justicia, multiplica su vulnerabilidad frente a la violencia, los abusos f¨ªsicos y mentales, e incluso la explotaci¨®n y la trata. En lugares como Melilla, esta situaci¨®n alcanza niveles kafkianos, con la invisibilizaci¨®n de ni?os nacidos en la propia ciudad pero expulsados del sistema educativo por carecer de determinados papeles.

La magnitud de este desaf¨ªo deber¨ªa hacer saltar todas las alarmas de un Estado de derecho. De acuerdo con nuestras estimaciones, alrededor de 147.000 ni?as y ni?os migrantes se encuentran hoy en esta situaci¨®n (ver gr¨¢fico). Aproximadamente la mitad de esta poblaci¨®n tiene menos de 10 a?os y la inmensa mayor¨ªa procede de Am¨¦rica Latina, de donde miles de familias han llegado a Espa?a en los ¨²ltimos a?os huyendo del derrumbe institucional y la violencia. Las comunidades aut¨®nomas m¨¢s pobladas ¨CCatalu?a, Madrid, Valencia y Andaluc¨ªa¨C presentan los n¨²meros absolutos m¨¢s altos de infancia sin papeles, pero es en otras comunidades donde la concentraci¨®n es mayor. Asturias y Galicia, por ejemplo, tienen tasas de irregularidad en ni?os y ni?as superiores al 35%.

El punto de partida de esta conversaci¨®n deber¨ªa ser simple: incluso en el intrincado y polarizado debate de las pol¨ªticas migratorias es posible llegar al acuerdo de que un ni?o es, por encima de cualquier otra cosa, un ni?o. Las dem¨¢s consideraciones administrativas y pol¨ªticas acerca de su situaci¨®n legal o la de sus padres quedan sujetas a esta idea principal. La protecci¨®n y el bienestar de todos los menores de edad constituyen una obligaci¨®n indiscutible de los Estados, adem¨¢s de un baremo de la dignidad de sus sociedades y la calidad de sus democracias.

No hay nada sencillo o r¨¢pido en la erradicaci¨®n de la pobreza infantil, lo sabemos bien. Pero en este caso contamos con un as en la manga. La decisi¨®n pol¨ªtica de regularizar a las familias inmigrantes con hijos resolver¨ªa autom¨¢ticamente una parte considerable del problema al que hacemos frente. Como han hecho otros pa¨ªses comparables al nuestro por su contexto econ¨®mico y pol¨ªtico ¨Cdesde Portugal, Italia y Francia hasta Canad¨¢, Colombia y los Estados Unidos¨C, Espa?a puede aprovechar la situaci¨®n abierta por la covid-19 para plantear medidas excepcionales que resuelvan problemas excepcionales. Una respuesta simple como la regularizaci¨®n puede ser determinante para reducir el sufrimiento de miles de ni?os y facilitar niveles m¨ªnimos de inclusi¨®n social, precisamente el compromiso firme que ha hecho este gobierno.

El tiempo corre en nuestra contra. De acuerdo con nuestras previsiones, la crisis derivada del coronavirus podr¨ªa incrementar el n¨²mero de personas inmigrantes en situaci¨®n irregular en Espa?a en un n¨²mero superior a los 160.000 trabajadores (un incremento del 42% sobre las cifras actuales). A eso hay que a?adir la situaci¨®n de irregularidad de los ni?os y las ni?as derivada de los rechazos previstos a las peticiones de protecci¨®n internacional, y que nuestro an¨¢lisis ha estimado en unos 13.000 casos m¨¢s.

La incorporaci¨®n de los progenitores a la econom¨ªa formal no solo reducir¨ªa de manera tangible la vulnerabilidad social de sus familias, sino que supondr¨ªa un importante beneficio fiscal para el conjunto de la sociedad. De acuerdo con nuestros c¨¢lculos, los impuestos directos y contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores regularizados llegar¨ªan al punto de compensar casi de forma completa la inversi¨®n del Estado en la salud y educaci¨®n de sus menores a cargo.

La pregunta no es si se debe regularizar a cerca de 147.000 ni?os inmigrantes en nuestro pa¨ªs, sino cu¨¢ndo y c¨®mo se va a hacer. Si les surge alguna duda, miren a los ojos de sus hijos y p¨®nganse en la situaci¨®n de Salka, de Mustaf¨¢, de Heidi y de Gabriel. Todo a partir de ah¨ª es m¨¢s simple.

Gonzalo Fanjul es director de investigaciones de por Causa. Andr¨¦s Conde es director general de Save the Children Espa?a.