Acoso y derribo a las ONG en Centroam¨¦rica

Agosto 2017. En San Salvador. Del aeropuerto a una pac¨ªfica protesta en la que cientos de salvadore?os reclaman el derecho al agua potable. Se lo quieren privatizar, en un pa¨ªs de un estr¨¦s h¨ªdrico apabullante. Entre las convocantes est¨¢ la ONG Provida, nada que ver en su objeto social con la espa?ola. Con su gente, certifico la brutal contaminaci¨®n de r¨ªos, el expolio de acu¨ªferos y la sobreexplotaci¨®n fruto de una gesti¨®n h¨ªdrica nefasta en un pa¨ªs cuyo territorio tiene poca capacidad de absorci¨®n de las cada vez m¨¢s escasas lluvias, cuando no torrenciales. ¡°El agua se defiende¡±. ¡°No nos roben el agua¡±. Son los gritos de bienvenida.

Noviembre 2021. Las fuerzas de seguridad salvadore?as entran en las oficinas de Provida. Se llevan sus ordenadores, documentos, intimidan a sus trabajadoras. Todo un allanamiento al que se le da cobertura medi¨¢tica oficial con la falsa denuncia de que malversan fondos p¨²blicos que pr¨¢cticamente no reciben, apenas un 10% de su escu¨¢lido presupuesto es salvadore?o.

Agosto 2018. En Cob¨¢n (Guatemala). Juzgan a un l¨ªder ind¨ªgena, Bernardo Caal, acusado de secuestro, robo, incitaci¨®n a disturbios. Es un defensor de los r¨ªos Cahab¨®n y Oxec frente a grandes hidroel¨¦ctricas. El juicio es un teatro de pruebas falsas, pero es condenado a siete a?os y cuatro meses.

Noviembre 2021. Bernardo, tras 20 meses, puede abrazar a sus hijas en la c¨¢rcel. Sus recursos judiciales han sido todos rechazados. No le queda sino acudir a la Corte Constitucional, ahora af¨ªn al Gobierno de Alejandro Giammattei que le mantiene preso, o a instancias internacionales de las que ese mismo Gobierno reniega, mientras limita la acci¨®n de cualquier organizaci¨®n que pueda alzar la voz.

Las ONG y los defensores de derechos humanos y ambientales en Centroam¨¦rica est¨¢n en el ojo de un hurac¨¢n que, vestido de democracia, oculta el creciente acoso y derribo de quienes se atreven a denunciar o reclamar a unos gobiernos crecientemente totalitarios. En Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala viven inmersos en una vor¨¢gine persecutoria que solo en Honduras podr¨ªa girar despu¨¦s de que el pasado domingo 28 haya ganado las elecciones la izquierdista Xiomara Castro.

?nicamente en Nicaragua, desde 2018, m¨¢s de 120.000 personas han sido desplazadas en el pa¨ªs, que tiene la poblaci¨®n de la Comunidad de Madrid, 6,6 millones. Desde ese a?o, su Asamblea Nacional ha ilegalizado 34 ONG, incluido el Centro Nicarag¨¹ense de Derechos Humanos (CENIDH) e Interm¨®n Oxfam. Las ¨²ltimas seis, este verano pasado, bajo la excusa de que obstaculizaban el control de una financiaci¨®n que, por otro lado, les llegaba de fuera.

Las ONG y los y las defensoras de derechos humanos y ambientales en Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala viven inmersos en una vor¨¢gine persecutoria

Es m¨¢s, desde octubre de 2020 hay una Ley de Agentes Extranjeros que bloquea las donaciones y el financiamiento de organizaciones civiles, bajo la excusa de salvaguardar la seguridad nacional. En Nicaragua hoy es dif¨ªcil dar apoyo al m¨¢s de medio mill¨®n de personas con el que las organizaciones trabajaban en proyectos de desarrollo y de defensa de unos derechos cada d¨ªa m¨¢s invisibles. ¡°Todo ello genera mucha frustraci¨®n y dolor, ¨²nicamente surge esperanza cuando nuestros presos pol¨ªticos, tan maltratados, nos dicen desde la c¨¢rcel que resistamos¡±, se?alaba en un reciente encuentro virtual la representante de una organizaci¨®n de este pa¨ªs.

Sus palabras no eran muy distintas a las que llegaban desde Guatemala. All¨ª, insist¨ªan desde Udefegua, el poder pol¨ªtico est¨¢ coptado por el poder econ¨®mico. Si en 2015, cuando exist¨ªa una Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIT) puesta en marcha con la ONU para acabar con la corrupci¨®n, hubo 441 agresiones a defensores de derechos, en 2020 ¨D despu¨¦s de que en 2019 la CIGIT fuera expulsada¨D subieron a 1.055, pese a ser el a?o del confinamiento.

A las agresiones a personas defensoras en particular, se suma el acoso oficial: en mayo de este mismo a?o, se aprobaba la Ley de las ONG, que supuestamente es para fiscalizar sus fondos, pero que busca perseguir e ilegalizar a todas aquellas que el Gobierno estime que vulneran el orden p¨²blico. Un ataque a la defensa de derechos humanos que ha sido calificado de ¡°discrecional y arbitrario¡± por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. En la Guatemala de hoy, convocar una manifestaci¨®n o una rueda de prensa puede ser considerado un desorden, como bien sabe el l¨ªder ind¨ªgena Bernardo Caal, que lleva tres a?os en prisi¨®n por la defensa del r¨ªo Cahab¨®n frente a grandes hidroel¨¦ctricas. Caal fue criminalizado por un poder judicial cuya fiscal general actual tambi¨¦n ha dictado orden de captura contra un ex fiscal anticorrupci¨®n.

En la Guatemala de hoy, convocar una manifestaci¨®n o una rueda de prensa puede ser considerado un desorden

Igualmente desolador es el escenario en El Salvador. Los ¨²ltimos allanamientos en las sedes de varias ONG de izquierdas, entre ellas Provida, con la que trabaja en Espa?a Alianza Action Aid, son buena muestra de ello.

Como en Nicaragua, el presidente Nayib Bukele trata de amordazarlas y promueve ahora la aprobaci¨®n de una Ley de Agentes Extranjeros similar a la de su vecino Daniel Ortega. Seg¨²n esta propuesta, todas las ONG que reciban fondos del extranjero ¨Cen el interior pr¨¢cticamente no consiguen nada¨C deben registrarse y pagar un impuesto del 40% de lo recibido. Adem¨¢s, les proh¨ªbe participar en ¡°actividades pol¨ªticas¡± bajo la excusa de proteger al pa¨ªs de injerencias. ¡°Lo que quieren es deslegitimizar nuestro trabajo, cuando consiste en hacer lo que no hace el Estado, pretenden que la sociedad nos vea como enemigos internos, y quienes lo pagar¨¢n son la poblaci¨®n abandonada y empobrecida¡±, denunciaba Samuel Ventura, del Foro del Agua. ¡°?Qui¨¦n va a pagar ese impuesto por venir a ayudar en El Salvador, con el riesgo de ser criminalizado o multado con 30.00 d¨®lares si convoca una movilizaci¨®n?¡±, insiste.

En este mismo sentido, Karen Ram¨ªrez, de Provida, asegura que ¡°se est¨¢ amedrentando a la poblaci¨®n con la que trabajamos en zonas del conflicto, acus¨¢ndonos de ocultar informaci¨®n, una persecuci¨®n a las organizaciones de izquierdas para acabar con la voz de los territorios, a la vez que nos ponen en riesgo personal al difundir estos mensajes. ?Es delito reclamar un derecho cu¨¢ndo el Estado reduce el presupuesto social y encima quiere decomisar el 40% del dinero de todos los proyectos?¡°, se pregunta.

Desde Costa Rica, el hondure?o Candelario Reyes Garc¨ªa recuerda los 39 asesinatos de defensores de derechos humanos y del territorio en 2021 en su pa¨ªs. ¡°Honduras expulsa a su gente. Hasta 510 personas salen hacia Guatemala cada d¨ªa por la terminal de autobuses y de all¨ª al norte andando¡±. Respecto a las ONG, hace tiempo que se denuncia c¨®mo se acosa a todas las organizaciones de desarrollo por ¡°incitar a la movilizaci¨®n ciudadana¡±. En realidad, la movilizaci¨®n m¨¢s evidente es la de casi ese 9% de la poblaci¨®n del pa¨ªs que ha tenido que dejar su tierra en caravanas de incierto destino.

Incluso en la propia Costa Rica, ¡°la democracia no es como la pintan¡±, afirman los activistas, que ven crecer el poder de las transnacionales que extraen sus riquezas. Si bien las ONG all¨ª lo tienen mejor, ¡°hay un retroceso real en derechos humanos, sin que exista siquiera comunicaci¨®n alguna con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene aqu¨ª su sede¡±, como recuerda Francisco Cordero, de la Asociaci¨®n de Derechos Humanos costarricense.

Con todo este panorama, desde organizaciones como Alianza por la Solidaridad-Action Aid se echa en falta un mayor compromiso de las instituciones diplom¨¢ticas espa?olas, especialmente porque son ONG que, en muchos casos, se apoyan desde instituciones espa?olas. ¡°Nuestros representantes deber¨ªan pedir explicaciones sobre este retroceso de los derechos humanos en pa¨ªses donde tiene influencia¡±, se?ala Almudena Moreno, de esta organizaci¨®n con d¨¦cadas de experiencia en la regi¨®n. Sin embargo, ante la criminalizaci¨®n de quienes los defienden, ya sea a nivel individual o a trav¨¦s de organizaciones, el Gobierno calla.

En el encuentro virtual mantenido hace pocos d¨ªas, los activistas de Centroam¨¦rica recordaban que sin presi¨®n internacional, poco se podr¨¢ conseguir frente a esa deriva totalitaria que se contagia esa zona del planeta, cada vez m¨¢s afectada, adem¨¢s, por el cambio clim¨¢tico y la explotaci¨®n de los territorios. Tambi¨¦n reclamaban el apoyo para los defensores y defensoras amenazados que se juegan la vida tanto si se quedan como si salen de sus fronteras sin ayuda alguna. Los escasos programas de acogida que existen en Espa?a son insuficientes. Es m¨¢s, algunos que funcionaron bien ¨Ccomo el que hab¨ªa con el Ayuntamiento de Madrid¨C son historia.

Centroam¨¦rica es hoy persecuci¨®n y acoso, asesinatos y violencia, masivas huidas y retornos forzosos a la miseria. Este cortar las alas y cerrar las voces de quienes trabajan para paliar los da?os, no nos pueden ser ajenos.

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