No hay democracia sin igualdad de g¨¦nero

La violencia contra las mujeres y las ni?as es uno de los abusos a los derechos fundamentales m¨¢s extendidos y persistentes a nivel global que, en cierta medida, deriva de lo que consideramos como normal en nuestras sociedades. Adem¨¢s de condenar con firmeza que una de cada tres mujeres en el mundo sufra de violencia f¨ªsica o sexual, debemos cuestionarnos sobre qu¨¦ estamos normalizando como sociedad para que esto suceda.

Ante esta pregunta, el ?ndice de Normas Sociales de G¨¦nero publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que el 90% de la poblaci¨®n tiene al menos un prejuicio contra las mujeres, que va desde creer que los hombres son mejores l¨ªderes empresariales y que tienen m¨¢s derecho que las mujeres a ocupar un empleo, hasta la convicci¨®n de que est¨¢ bien que un hombre golpee a su pareja. La violencia de g¨¦nero no es un fen¨®meno que surge de la nada y su prevenci¨®n y erradicaci¨®n tambi¨¦n pasa por que cada uno de nosotros sea consciente de sus propios sesgos.

Desde ONU Mujeres y PNUD trabajamos para reducir la discriminaci¨®n de g¨¦nero y transformar las actitudes sexistas mediante el fomento de normas sociales y roles de g¨¦nero positivos. Esto requiere empoderar a las ni?as y las mujeres, y tambi¨¦n trabajar con toda la sociedad para desterrar los estereotipos que fomentan masculinidades violentas. Para conseguirlo, aplicamos las ciencias del comportamiento para involucrar a los hombres y comprometerlos en la prevenci¨®n de la violencia contra las mujeres y las ni?as con campa?as de sensibilizaci¨®n m¨¢s eficaces y que se adapten a la realidad de cada pa¨ªs de la regi¨®n. Las normas sociales que limitan los derechos de las mujeres tambi¨¦n perjudican a la sociedad en su conjunto; limitan la expansi¨®n del desarrollo humano y aumentan las brechas de desigualdad.

No es casualidad que la dificultad para lograr avances en las normas sociales de g¨¦nero tenga lugar en medio de una crisis de desarrollo humano. El ?ndice de Desarrollo Humano (IDH) global perdi¨® valor en 2020 por primera vez en la historia y lo mismo ocurri¨® al a?o siguiente. A su vez, para Am¨¦rica Latina y el Caribe, el PNUD estim¨®, a partir de su propuesta de ?ndice de Pobreza Multidimensional con foco en mujeres, que el 27,4% de ellas en 10 pa¨ªses de la regi¨®n vive en condiciones de pobreza multidimensional.

El impacto de la pobreza en las mujeres var¨ªa por su ubicaci¨®n en el territorio: en los 16 pa¨ªses analizados, el 19% de aquellas que viven en zonas urbanas son pobres multidimensionales, mientras que un 58% viven en zonas rurales. Las mujeres m¨¢s pobres son las que enfrentan mayores desigualdades, participan menos en el mercado laboral y experimentan una mayor pobreza de tiempo producida por el exceso de trabajo no remunerado de cuidados.

Estas brechas de desigualdad, adem¨¢s de ser una barrera para el desarrollo humano, son una amenaza para la democracia. Am¨¦rica Latina y el Caribe, la tercera regi¨®n m¨¢s democr¨¢tica del mundo y la ¨²nica regi¨®n emergente que aspira a llegar al desarrollo a trav¨¦s de la democracia y el respeto a los derechos humanos, no lo lograr¨¢ si contin¨²a siendo la regi¨®n m¨¢s violenta y peligrosa para las mujeres.

En la construcci¨®n de sociedades m¨¢s pac¨ªficas, justas e inclusivas, el acceso universal a la Justicia es indispensable para erradicar la violencia de g¨¦nero y la impunidad

El informe de Latinobar¨®metro 2023 se?ala un claro retroceso democr¨¢tico en Am¨¦rica Latina: el porcentaje de su poblaci¨®n que ve la democracia como la forma preferida de gobierno cay¨® del 60% en 2000 al 48% en 2023. Las mujeres permanecen subrepresentadas en la toma de decisiones y son las m¨¢s insatisfechas con la democracia, con un 70%. Al mismo tiempo, seg¨²n los ¨²ltimos datos informados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de G¨¦nero de la regi¨®n, en 2022, al menos 4.050 mujeres fueron v¨ªctimas de feminicidio: 4.004 de Am¨¦rica Latina y 46 del Caribe.

Esta es una clara se?al de que a pesar de los avances en varios pa¨ªses de la regi¨®n en la aprobaci¨®n de marcos legales espec¨ªficos e integrales y el establecimiento de fiscal¨ªas especializadas y protocolos para responder a la violencia de g¨¦nero, los derechos fundamentales de las mujeres siguen sin traducirse en logros tangibles. Sin una gobernanza efectiva e instituciones s¨®lidas que garanticen a las mujeres y ni?as el pleno goce de sus derechos, incluyendo el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminaci¨®n, ser¨¢ imposible recobrar la confianza en la democracia en la regi¨®n.

En la construcci¨®n de sociedades m¨¢s pac¨ªficas, justas e inclusivas, el acceso universal a la Justicia es indispensable para erradicar la violencia de g¨¦nero y la impunidad. Las ni?as, adolescentes y mujeres que sufren violencia no encuentran el suficiente amparo en el sistema de justicia, y cuando tienen el coraje de denunciar, muchas veces son revictimizadas hasta que desisten de su denuncia, de la b¨²squeda de ayuda y protecci¨®n por parte de las instituciones p¨²blicas. A su vez, estas mujeres tienen una triple carga laboral: afrontan tareas de cuidado, trabajo dom¨¦stico y sus empleos remunerados, que suelen ser precarios, informales y de bajos ingresos.

En el caso de experimentar violencia, suele existir desconfianza por parte de las mujeres respecto a la celeridad y eficacia de la respuesta judicial ante su situaci¨®n

Adem¨¢s, gran parte del impulso al proceso judicial recae sobre la denunciante, quien debe, no solo presentarse en numerosas ocasiones ante el juzgado, sino tambi¨¦n asumir los costos econ¨®micos de traslado, las dificultades para organizarse con las responsabilidades del hogar, y el temor a las represalias por parte del agresor o de miembros de sus comunidades.

A esto deben sumarse, tanto el posible desconocimiento que muchas mujeres puedan tener sobre los procedimientos judiciales o extrajudiciales, como tambi¨¦n las dificultades para acceder a servicios gratuitos o el desconocimiento de su existencia. Tambi¨¦n pesan la escasa o nula informaci¨®n p¨²blica sobre los servicios especializados. Por ejemplo, en el caso de experimentar violencia, suele existir desconfianza por parte de las mujeres respecto a la celeridad y eficacia de la respuesta judicial ante su situaci¨®n y, tambi¨¦n, suelen enfrentar pr¨¢cticas de revictimizaci¨®n como verse obligadas a contar los hechos en varias ocasiones o que su testimonio sea puesto en entredicho.

Desde PNUD y ONU Mujeres llamamos a construir sociedades m¨¢s justas para las mujeres. Todas las personas y sociedades pueden avanzar, ya sea a trav¨¦s de la educaci¨®n, la movilizaci¨®n social, la adopci¨®n de medidas legales y pol¨ªticas, la abogac¨ªa por mayores presupuestos para prevenir la violencia, la promoci¨®n de di¨¢logos y b¨²squeda de consensos. Para derribar sesgos y abrir paso a sociedades m¨¢s pac¨ªficas, seguras, justas, inclusivas e igualitarias como requisito para no dejar a nadie atr¨¢s en la senda hacia el desarrollo sostenible.

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