El infierno de las violaciones de ni?as en comunidades awaj¨²n de Per¨² no es ¡°una pr¨¢ctica cultural¡±

Solo en 2023, se registraron 21.000 casos de violencia sexual a menores de edad en Per¨². Este mes de junio, el tema salt¨® a los titulares de todo el mundo cuando la profesora Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awaj¨²n y Wampis, interpuso una denuncia sobre los presuntos casos de violencia sexual de 524 docentes a escolares desde el 2010 hasta la fecha. Seg¨²n su denuncia, los delitos ocurrieron en la provincia de Condorcanqui (s¨¦ptima provincia m¨¢s pobre del pa¨ªs andino), en el Departamento de Amazonas. El asunto se agrav¨® tras las declaraciones del ministro de Educaci¨®n, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, ?ngela Hern¨¢ndez, apuntando que estas presuntas violaciones son ¡°pr¨¢cticas culturales¡±.

De estos profesores, solo 111 han sido destituidos. Cuatro casos han caducado y 72 han sido absueltos. Es decir, no se evidencian sanciones por los cr¨ªmenes cometidos. Es por ello que se han pedido respuestas a los ministerios correspondientes. Sin embargo, y lamentablemente, sus respuestas dejen mucho que desear.

El Estado y otras instituciones tienen la imperiosa necesidad de velar por el bienestar de la ni?ez

Lo expresado por ambos ministros muestra la insensibilidad de estos profesores que da?an cruelmente a las ni?as y ni?os. No son ¡°pr¨¢cticas culturales¡± de ninguna manera. Las violaciones sexuales son un grave delito y siendo dirigidas a personas menores de edad deber¨ªan atenderse de manera oportuna y con la celeridad que corresponde. Todo ello en el marco del principio del inter¨¦s superior de la infancia; sin embargo, en Per¨², vemos todo lo contrario.

La Constituci¨®n Pol¨ªtica del Per¨², en su art¨ªculo 149, establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ¨¢mbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario (usos y/o costumbres): esto, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Se especifica que la ley establecer¨¢ las formas de coordinaci¨®n de dicha jurisdicci¨®n especial con los juzgados de Paz y con las dem¨¢s instancias del Poder Judicial.

Seg¨²n la Constituci¨®n, el Estado representado por estos ministerios y muchas otras instituciones tienen la imperiosa necesidad de velar por el bienestar de la ni?ez y todas las personas. Por el contrario, no deben solapar y tratar de justificar la inoperancia de operadores, fortaleciendo mucho m¨¢s la corrupci¨®n. La regi¨®n de Piura no es ajena a esta realidad, por eso es necesario exigir el debido proceso de los casos y promover la cultura de denuncia. Las ni?as y los ni?os est¨¢n aqu¨ª y est¨¢n ahora.

En este sentido, el Gobierno Territorial Aut¨®nomo Awaj¨²n (GTAA), a quien Manos Unidas acompa?a desde 2018 en el proceso de denuncias que las mujeres de este pueblo originario vienen haciendo junto al Centro Amaz¨®nico de Antropolog¨ªa y Aplicaci¨®n Pr¨¢ctica, la Organizaci¨®n Nacional de Mujeres Ind¨ªgenas Andinas y Amaz¨®nicas del Per¨² y la Asociaci¨®n Inter¨¦tnica de Desarrollo de la Selva Peruana, tambi¨¦n se ha pronunciado en contra de las declaraciones de los ministros peruanos, desmintiendo que la violencia sexual sea una pr¨¢ctica cultural, exigiendo que se disculpen p¨²blicamente y rectifiquen sus declaraciones.

Mediante la sensibilizaci¨®n, la capacitaci¨®n y la prevenci¨®n, se busca frenar la vulnerabilidad y los riesgos a los que est¨¢n expuestos las ni?as y los ni?os de los pueblos originarios, as¨ª como el desprecio y la indolencia con la que son tratados por las autoridades p¨²blicas. Un ejemplo son las actividades de Radio Cutival¨² en el proyecto Tu vida no tiene precio, denuncia la trata en las regiones de Piura y Amazonas, que incluyen el reporte de casos, denuncias p¨²blicas, y la incorporaci¨®n del tema en planes de tutor¨ªa de las instituciones educativas o en los comit¨¦s de seguridad ciudadana.

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