El alcalde de Gibraltar

A diferencia de Alemania o Espa?a, que tienen una sola circunscripci¨®n nacional para las elecciones al Parlamento Europeo, Reino Unido se divide en varias. Una de las europarlamentarias de la circunscripci¨®n de Inglaterra del Suroeste y de Gibraltar desde junio de 2009, Julie Girling, acaba de hacer su primera visita a Gibraltar para familiarizarse, seg¨²n ha declarado, con la roca que representa.

Este episodio demuestra la escasa atenci¨®n que en Reino Unido se presta a Gibraltar. En Espa?a, donde la atenci¨®n abunda, se detecta un problema de percepci¨®n desenfocada. Por ejemplo, ?se sabe que existe un gobernador con funciones m¨¢s importantes que las del ministro Peter Caruana? ?Qu¨¦ supuso para Gibraltar la nueva Constituci¨®n de 2006?

Lo primero que habr¨ªa que aclarar es que, pese a los intentos de Reino Unido, Gibraltar no es ni ser¨¢ un pa¨ªs independiente porque las Naciones Unidas, que supervisaron el proceso hist¨®rico de descolonizaci¨®n, rechazaron esa idea al reconocer que Gibraltar era un caso de cesi¨®n territorial con condiciones entre dos Estados europeos. Como no pudo hacerlo independiente, Reino Unido ha seguido un plan B, que es asimilarlo a sus otros territorios de ultramar, en la categor¨ªa heterog¨¦nea de British Overseas Territory, como las islas Caim¨¢n o Santa Elena, y darle una apariencia de Constituci¨®n. Adem¨¢s, en una gran pirueta jur¨ªdica, Reino Unido acepta responsabilidad por la aplicaci¨®n del derecho de la Uni¨®n Europea en Gibraltar. Es decir, el territorio es ultramar, pero no completamente ultramar.

Reino Unido deber¨ªa abandonar la idea de unir la devoluci¨®n a la voluntad popular

La Constituci¨®n de 2006 es un texto otorgado por la reina que no surge de un proceso constituyente normal en Gibraltar, sino que fue redactado en Londres y luego sometido a refer¨¦ndum. Evidentemente, cuestiones de defensa, de interior y de relaciones exteriores quedan en manos de Reino Unido. Pero es importante subrayar que, incluso en los asuntos dom¨¦sticos, hay solo un autogobierno limitado, ya que el representante de su majestad brit¨¢nica, el gobernador, tiene poderes claramente por encima del llamado Gobierno de Gibraltar. El gobernador nombrado por Londres disfruta de poderes legislativos (art¨ªculos 33 y 34), ejecutivos (47) y judiciales (57), y no puede ser sometido a los tribunales (art¨ªculo 20.3), lo que acerca el r¨¦gimen pol¨ªtico del pe?¨®n m¨¢s al de una base militar con poblaci¨®n civil, que dispone de ciertas competencias, que al de una verdadera democracia bajo tutela de una potencia extranjera.

Reino Unido devolvi¨® Hong Kong a China en 1997

Teniendo en cuenta que los poderes del Ministro Jefe (traducci¨®n quiz¨¢s m¨¢s correcta de Chief Minister que la de Minis-tro Principal) se asemejan a los de un alcalde, con su polic¨ªa local y todo, no parece buena la idea del exministro Moratinos de organizar un foro tripartito poniendo al mismo nivel a ese regidor con los ministros de Asuntos Exteriores espa?ol y brit¨¢nico, que son quienes discuten los asuntos internacionales del territorio. De hecho, Caruana mantiene sus disputas abiertas con el alcalde de La L¨ªnea.

El texto de 2006 reproduce derechos y libertades fundamentales similares a los protegidos por el Consejo de Europa, como si fuera necesario reafirmar esas normas entre Espa?a y Reino Unido, Estados miembros del sistema de garant¨ªas de los derechos humanos m¨¢s avanzado del mundo. Adem¨¢s, la Constituci¨®n solo menciona a la Uni¨®n Europea una vez y de pasada (art¨ªculo 47.3) para asegurar que la aplicaci¨®n del derecho europeo no afecta a las competencias de los ministros. Aunque solo fuera por estos motivos, el texto parece sacado de la noche de los tiempos.

La clave, no obstante, no est¨¢ en la Constituci¨®n, sino en la orden real que la dicta, porque en el pre¨¢mbulo contiene la famosa promesa de la reina, seg¨²n la cual Gibraltar no pasar¨¢ a soberan¨ªa de otro Estado contra los deseos del pueblo de Gibraltar.

Hay argumentos s¨®lidos en derecho internacional para sostener que esa promesa incumple el Tratado de Utrecht que la Reina y el Gobierno de Reino Unido deben honrar. En el art¨ªculo X del Tratado de Utrecht de 1713 Espa?a cede a Reino Unido el territorio con la condici¨®n de que "si a la corona de Gran Breta?a le pareciere conveniente dar, vender, o enajenar de cualquier modo la propiedad de la ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dar¨¢ a la corona de Espa?a la primera acci¨®n antes que a otros para redimirla".

Reino Unido ha pretendido que esta obligaci¨®n de retroceder los derechos territoriales antes de "enajenar de cualquier modo", como dice el tratado, se disuelve frente al principio m¨¢s moderno de la libre determinaci¨®n de los pueblos coloniales. Pero Naciones Unidas nunca ha endosado ese principio para Gibraltar.

A?o tras a?o, Peter Caruana se ha quejado amargamente ante el Comit¨¦ de Descolonizaci¨®n de Naciones Unidas por esa falta de apoyo de la organizaci¨®n ante los deseos de los gibraltare?os de ser independientes. Cerrado ese camino, Gibraltar vive en el limbo de las situaciones jur¨ªdicas inciertas con el agravante de que los dos Estados en liza son socios en la Uni¨®n Europea.

En el fondo de la controversia sobre Gibraltar existe una cesi¨®n de territorio de un Estado a otro por medio de un tratado. Por este motivo, la opini¨®n de la poblaci¨®n no es considerada relevante por las instituciones internacionales y Espa?a deber¨ªa seguir esa l¨ªnea. La poblaci¨®n ha sufrido igualmente cambios importantes que afectan a su continuidad. Por ejemplo, durante la II Guerra Mundial la poblaci¨®n civil de Gibraltar fue evacuada y la repoblaci¨®n posterior no siempre se hizo con los desplazados.

Reino Unido devolvi¨® Hong Kong a China en 1997, un espacio compuesto por territorios cedidos por 100 a?os y otros cedidos a perpetuidad. Portugal devolvi¨® Macao tambi¨¦n a China 329 a?os despu¨¦s de una cesi¨®n sin plazo formalizada en 1670. Si Reino Unido no quiere devolver Gibraltar, ya que no hay l¨ªmites temporales, deber¨ªa decir simplemente que no le apetece o que prefiere mantener una base militar all¨ª, pero, tras la negativa de Naciones Unidas, deber¨ªa abandonar la idea de la libre determinaci¨®n. Esa idea choca adem¨¢s con el derecho europeo, que se aplica en el Pe?¨®n, y con el contenido de la Constituci¨®n de 2006, que excluye la democracia plena, la separaci¨®n de poderes y el imperio del derecho para los mismos gibraltare?os.

Mart¨ªn Ortega Carcel¨¦n es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid.

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