Camps y el PP se enfrentan al delito de financiaci¨®n ilegal a las puertas del 22 M

El PP valenciano, a las puertas de un ¨¦xito electoral hist¨®rico, se enfrenta a una investigaci¨®n judicial por un delito especialmente grave: la financiaci¨®n ilegal a trav¨¦s de empresas contratistas de la Generalitat Valenciana utilizando como intermediaria a la red corrupta G¨¹rtel, que dirig¨ªa Francisco Correa.

Las acusaciones son mayores: pagos a trav¨¦s de la caja B y ocultaci¨®n al fisco de m¨¢s de 2,5 millones de euros; endoso a terceros de deudas propias y contrataciones irregulares recompensadas con regalos. Todas estas irregularidades o delitos fueron presuntamente? cometidas por el PP valenciano que preside Francisco Camps, imputado ya por un delito de cohecho impropio al aceptar regalos de la misma trama corrupta que le facilitaba la financiaci¨®n ilegal del partido.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) abordar¨¢ hoy si es competente y abre una causa sobre uno de los delitos m¨¢s graves que puede cometer un partido pol¨ªtico o devuelve el expediente, cargado de pruebas comprometedoras para el PP valenciano, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Seg¨²n la investigaci¨®n policial, hubo pagos a trav¨¦s de caja B y ocultaci¨®n al fisco de m¨¢s de 2,5 millones de euros

El PP se ha empe?ado en reducir a los supuestos regalos de trajes la investigaci¨®n a la que est¨¢ siendo sometido judicialmente en el caso G¨¹rtel. Sin embargo, las pesquisas se centran en otros manejos graves: financiaci¨®n irregular (tipificado como delito electoral), fraude fiscal, cohecho y prevaricaci¨®n. Las inculpaciones proceden de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal de la Polic¨ªa (Udef) y de otro de la Agencia Tributaria (AET), realizados a partir de la documentaci¨®n incautada en el registro de las empresas de los ¡°amiguitos del alma¡± de Camps, los empresarios de Orange Market, una de las sociedades de la red G¨¹rtel. Es la propia informaci¨®n de los acusados la que les ha descubierto.

De no existir indicios, la trama podr¨ªa haberse archivado en el tiempo que lleva instruy¨¦ndose. Pero tampoco ha sido as¨ª. El par¨®n al que ha sido sometida la investigaci¨®n obedece a que hay que determinar cu¨¢l es el tribunal que debe encargarse del caso. El juez del TSJM, Antonio Pedreira, decidi¨®, hace ahora un a?o, que era el TSJCV quien deb¨ªa proseguir con la investigaci¨®n. Entre recursos, alegaciones y plazos, no ha sido hasta hoy el d¨ªa se?alado para que la sala de lo civil y penal del tribunal valenciano empiece a deliberar si es competente para instruir la rama valenciana del caso G¨¹rtel.

El par¨®n al que ha sido sometida la causa se debe a que hay que determinar qu¨¦? tribunal debe encargarse de ella

En su auto de inhibici¨®n, el juez hablaba de cuatro delitos. Tres de ellos habr¨ªan sido cometidos por los populares y en el escenario del partido y el cuarto, por los mismos cargos del PP pero en la Generalitat Valenciana, es decir, afectando a las arcas p¨²blicas:

- Financiaci¨®n irregular relacionada con las elecciones de mayo de 2007

El juez describe c¨®mo, de acuerdo con la documentaci¨®n, ¡°un importante porcentaje de deuda que el citado partido [PP valenciano] habr¨ªa contra¨ªdo con la mercantil [Orange Market] se habr¨ªa abonado de forma opaca en efectivo, sin reflejo en ning¨²n estado contable ni declaraci¨®n tributaria¡±. Otra parte de esa deuda, a?ade el auto, ¡°habr¨ªa sido pagada por algunos empresarios¡± mediante el abono de facturas que ¡°reflejar¨ªan servicios inexistentes¡±. El objetivo de tal maniobra era ¡°seg¨²n todos los indicios¡±, encubrir donaciones de esas empresas al PP. Cabe se?alar que esos empresarios son adjudicatarios de varias instituciones gobernadas por los populares.

- Delito fiscal

Este delito se habr¨ªa cometido al omitir en las declaraciones gastos por un importe de 2,5 millones de euros. Corresponde a los ingresos obtenidos por Orange Market del PPCV y que el partido ocult¨® al fisco.

- Falsedad en documento mercantil

La elaboraci¨®n de facturas de ¡°servicios inexistentes¡± para endosar la deuda del PP valenciano a ocho empresas hace al partido, por extensi¨®n, part¨ªcipe de esta trama de facturaci¨®n falsa.

- Cohecho y prevaricaci¨®n

El auto de Pedreira califica de ¡°contundente¡± el informe sobre las irregularidades cometidas por la Generalitat valenciana en la contrataci¨®n de las empresas de la trama G¨¹rtel. Entre ellas destaca la adjudicaci¨®n de los expositores de la feria de turismo FITUR y la visita del Papa a Valencia, que deriv¨® en el pago de 6,4 millones de euros a la trama por un servicio que cost¨® 3,1, con lo que los presuntos corruptos pudieron repartirse unas comisiones de m¨¢s de tres millones de euros. Al margen de estas dos adjudicaciones, la Generalitat fraccion¨® contratos para la adjudicaci¨®n sin control de decenas de contratos por un total de 7,2 millones de euros, procedentes todos ellos del dinero de los contribuyentes. Y, al tiempo que aumentaba la contrataci¨®n a las empresas de la trama, se incrementaban los regalos a los dirigentes del PP.

Entres los implicados hay una decena de cargos populares, ocho empresas? supuestamente beneficiadas, el extesorero B¨¢rcenas y Orange Market

La resoluci¨®n del TSJCV no entrar¨¢ en el fondo de la cuesti¨®n sino en si es competente o no para decidir sobre estos presuntos delitos. Sin embargo, asumirlo como propio es tanto como corroborar que en su presunta comisi¨®n hay indicios de implicaci¨®n de pol¨ªticos del PP valenciano. Adem¨¢s, tambi¨¦n habr¨¢ de delimitar sobre qui¨¦nes va a actuar, ya que en el listado de implicados aparecen una decena de cargos populares, las ocho empresas a las que supuestamente se endos¨® deuda del PP, el extesorero Luis B¨¢rcenas y Orange Market.

Fue el propio TSJCV quien desvel¨® que hoy iniciar¨ªa sus deliberaciones. Es m¨¢s que probable que la resoluci¨®n no se dicte hoy ni ma?ana. Pero tambi¨¦n es posible que la votaci¨®n y fallo, sin el argumentario, se decida entre hoy y ma?ana. Y la sala, sea cual sea su decisi¨®n, no deber¨ªa hurtar al electorado la posibilidad de conocerla.