El juez imputa a Ortiz, su mujer y al arquitecto del PGOU de Alicante

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante, ha acordado las primeras imputaciones por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el tr¨¢mite del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). El juez, que dirige la investigaci¨®n de esta pieza separada del sumario general del caso Brugal, iniciar¨¢ la ronda de interrogatorios a los imputados con el arquitecto Jes¨²s Quesada, redactor del documento. El profesional ha sido citado para el pr¨®ximo d¨ªa 30. A continuaci¨®n, el 4 de julio, el juez interrogar¨¢ al empresario Ortiz, y al d¨ªa siguiente har¨¢ lo propio con la mujer del promotor, Mar¨ªa Manuela Carratal¨¢.

A lo largo del mes de julio, el magistrado tomar¨¢ declaraci¨®n al resto de 21 de acusados en esta causa por parte del fiscal anticorrupci¨®n de Alicante, salvo a dos: la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado auton¨®mico Luis D¨ªaz Alperi. El magistrado hace esta salvedad dada la condici¨®n de aforado del exregidor, categor¨ªa de la que tambi¨¦n gozar¨¢ en unos d¨ªas la regidora, que encabez¨® lista auton¨®mica del PP.

El arquitecto Jes¨²s Quesada preside la mercantil Laboratorios de Proyectos S. L., empresa a la que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante le adjudic¨® la redacci¨®n del nuevo PGOU de Alicante. Quesada sustituy¨® en el cometido al arquitecto Llu¨ªs Cantallop, despedido por Alperi por discrepar de modelo de planeamiento.

En su escrito, el fiscal atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada y tr¨¢fico de influencias. El representante del ministerio p¨²blico, sobre la base del informe policial, acusa a Quesada de siete supuestas infracciones penales. La primera, el 15 de mayo de 2008, cuando mantuvo una reuni¨®n ¡°velada¡± en la Gerencia de Urbanismo de Ayuntamiento de Alicante con la alcaldesa (en esa fecha a¨²n concejal de Urbanismo) y Ortiz. La segunda, prestar ¡°auxilio¡± a Ortiz en el proyecto de remodelaci¨®n del estadio Rico P¨¦rez, con la anuencia de Castedo. Sobre este proyecto, seg¨²n la polic¨ªa, arquitecto facilit¨® informaci¨®n en otras dos ocasiones. Las otras cuatros irregularidades son facilitar al promotor datos sobre las futuras ¨¢reas de suelo protegido para que el empresario comprar¨¢ suelo y luego trasvasar los aprovechamientos urban¨ªsticos a las zonas urbanizables.

El fiscal atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada y tr¨¢fico de influencias

El promotor Enrique Ortiz est¨¢ considerado por la polic¨ªa y el fiscal como el l¨ªder de esta trama sobre el PGOU. El ministerio p¨²blico le atribuye los delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho y uso de informaci¨®n privilegiada vinculados a los siguientes hechos: solicitar informaci¨®n privilegiada del PGOU, de manera repetida, a Castedo y Alperi; influenciar, dise?ar y conseguir resolver a su medida aspectos fundamentales del documento; comprar terrenos para su futura recalificaci¨®n seg¨²n informaci¨®n privilegiada, y pactar veladamente con Sonia Castedo la remodelaci¨®n del Rico P¨¦rez. A cambio de estos favores, el promotor colm¨® de d¨¢divas a Castedo y al exregidor Alperi, entre ellas, un viaje a Creta en un jet privado a Alperi.

La tercera imputada en la causa es Mar¨ªa Manuela Carratal¨¢, esposa de Ortiz. El fiscal le acusa de los delitos de uso privilegiado de informaci¨®n y participaci¨®n en un delito de cohecho, por apoyar a su esposo en la gesti¨®n de obtenci¨®n de dinero para presuntos pagos por favores recibidos en el PGOU. En este apartado, la polic¨ªa investiga si la imputada entreg¨® a Alperi 60.000 euros para su viaje de dos semanas a Creta.