Reforma transitoria

La negociaci¨®n de la reforma de la negociaci¨®n colectiva ha concluido con una intervenci¨®n del Gobierno que los agentes sociales han rechazado r¨¢pidamente con ostensibles muestras de disgusto. El Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros es la respuesta pol¨ªtica adecuada a la falta de acuerdo entre la patronal CEOE y los sindicatos; por lo tanto, parte de las decepciones y cr¨ªticas que los empresarios, UGT y CC OO han transmitido deben recaer sobre a ellos mismos. Si han sido incapaces de pactar, lo l¨®gico es que se recurra a la segunda mejor opci¨®n: que el gobierno legisle. No parece elegante que la CEOE se rasgue ahora las vestiduras despu¨¦s de que una parte de la patronal se dedicara al juego pol¨ªtico (instado probablemente desde el PP) de bloquear el pacto para hurtar los laureles al Gobierno.

El Gobierno ha optado por mantener la ultraactividad de los convenios, introduciendo una detallada casu¨ªstica para renovarlos (plazos de entre ocho y catorce meses con recurso al arbitraje si es necesario) que parece insuficiente a las empresas, y una liberalizaci¨®n moderada de los convenios, dotando de m¨¢s poder a los de empresas, que parece excesiva a los sindicatos. La decepci¨®n de la CEOE, c¨¢ndida o t¨¢ctica, a elegir, part¨ªa de la suposici¨®n de que era posible un acuerdo con los sindicatos (o con el Gobierno) que liquidara la ultraactividad y que UGT y CC OO (o Trabajo) aceptaran la eliminaci¨®n en la pr¨¢ctica de los convenios sectoriales y provinciales en beneficio de los de empresa. Ya se ha visto que este Gobierno no lo acepta; ya se ver¨¢ si el pr¨®ximo los hace, porque las exigencias poselectorales pueden aconsejar un acuerdo del Gobierno con los sindicatos.

Por lo tanto, la reforma de la negociaci¨®n colectiva parece un avance moderado, de transici¨®n, avanzado respecto a las leyes actuales y escaso respecto a las expectativas creadas. Pero presenta dos problemas de envergadura que limitan su efectividad. El primero es que, como en la reforma de la contrataci¨®n, sigue la l¨ªnea tortuosa de aprobar un Decreto mientras se insta a las partes a que sigan negociando, con la promesa de que los acuerdos subsiguientes se tramitar¨¢n con la Ley. Es un m¨¦todo incierto, que puede dar lugar a situaciones como la que ayer mismo se produjo, cuando el Ejecutivo anunci¨® un Real Decreto para regular los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo que permite despidos a las empresas que prevean p¨¦rdidas transitorias (la exigencia inicial en la reforma eran p¨¦rdidas permanentes). Las reformas laborales no pueden estra sometidas a cambios permanentes, casi todos imprecisos. Porque la reforma de los ERE no explica cuales son los t¨¦rminos excatos para declarar p¨¦rdidas transitorias.

El segundo gran problema es de orden pr¨¢ctico. Sea quien sea el cupable de la falta de acuerdo entre los agentes sociales, una norma que unos y otros rechazan no puede ser efectiva. No s¨®lo no crear¨¢ empleo, una pretensi¨®n que quiz¨¢ sonase a ut¨®pica desde el principio, sino que ni siquiera podr¨¢ aplicarse con comodidad.?