Salida de emergencia

La reuni¨®n del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera del mi¨¦rcoles ratific¨® las extra?as formas de hacer pol¨ªtica que tiene el Partido Popular (PP). Durante la sesi¨®n parlamentaria matinal, el presidente del partido, Mariano Rajoy, hab¨ªa exigido que se aplazara a 10 a?os la devoluci¨®n del exceso de dinero (nada menos que 18.736 millones en total) que han recibido las autonom¨ªas por error en el c¨¢lculo de los ingresos fiscales, que el Gobierno adelantara los fondos de competitividad y convergencia, y que las comunidades pudieran emitir deuda con el aval del Estado. Pero en el Consejo, donde es necesario presentar pruebas y argumentos, los presidentes auton¨®micos del PP bajaron el diapas¨®n del conflicto. Es m¨¢s, ratificaron dos principios importantes: el compromiso de moderar el d¨¦ficit auton¨®mico en el 1,3% del PIB y una regla que limite el gasto p¨²blico de las comunidades en funci¨®n del ciclo econ¨®mico.

Y, con las reticencias de rigor, aprobaron el plan de Econom¨ªa de acceder a cr¨¦ditos del ICO destinados a cubrir la deuda con sus proveedores. La soluci¨®n no es perfecta, pero sirve para salir del paso. Apenas repercute en las obligaciones de las autonom¨ªas, pero contribuir¨¢ a aliviar la situaci¨®n de las empresas suministradoras.

Pero, una vez terminado el Consejo, el PP volvi¨® a llevar el debate pol¨ªtico sobre las finanzas auton¨®micas adonde m¨¢s le gusta, que es al estruendo medi¨¢tico. El presidente gallego, N¨²?ez Feij¨®o, adelantado de las reivindicaciones del PP, insisti¨® en que la estabilidad es imposible si no se cumplen las exigencias de los Gobiernos populares. Est¨¢ latente la amenaza de un colapso dirigido del sistema auton¨®mico. Esto es pol¨ªtica (tal como la entiende el PP), no un debate sobre c¨®mo se mejora la gesti¨®n p¨²blica. El PP amontona inconvenientes (devoluci¨®n de transferencias, a la que ya se ha negado el Gobierno, o peticiones financieras imposibles) para acorralar un poco m¨¢s al Ejecutivo y encharcar el terreno de juego al candidato Rubalcaba.

El problema es que al equipo econ¨®mico del Gobierno le asisten esta vez buenas razones. Lo que pretenden Rajoy y su corte auton¨®mica es hacer responsable al Ejecutivo del desequilibrio de las cuentas de las comunidades y trasladar el peso del ajuste auton¨®mico a la Hacienda p¨²blica. Pero, como explic¨® la vicepresidenta Salgado, las autonom¨ªas dispondr¨¢n de un margen adicional de gasto en 2012, mientras que el Gobierno tendr¨¢ que seguir ajustando sus cuentas. No hay raz¨®n objetiva para temer un colapso ni para demorar las devoluciones desde los cinco a?os actuales a 10. Si Hacienda aceptara la pr¨®rroga a un decenio, el PP y su abrumador peso auton¨®mico reclamar¨ªan 15 o 20 a?os.

El estribillo del presidente del PP es que, puesto que el Gobierno se equivoc¨® al calcular los ingresos, debe ahora resolver el problema. Rajoy no aprecia responsabilidades pol¨ªticas en el desaguisado auton¨®mico. Pero resulta que los dirigentes auton¨®micos se han aplicado durante decenios a una pol¨ªtica de gasto pr¨®xima al despilfarro (baste citar las obras fara¨®nicas en Galicia o en Valencia) fiados a una provisi¨®n de ingresos inagotables originados por la prosperidad econ¨®mica basada en la burbuja inmobiliaria.

Es hora de aceptar los hechos. A las autonom¨ªas les espera un duro ajuste por delante y el TC ha dictaminado que el Gobierno tiene competencias en el control del gasto auton¨®mico. Sobre ambos principios, el PP tendr¨¢ que decidir si quiere colaborar en la tarea de garantizar la solvencia de la deuda o si pretende seguir con la maniobra indigna de gritar que el Estado de las autonom¨ªas se hunde. Si se decide por lo primero, basta con que guarde silencio durante algunos meses y los Gobiernos aut¨®nomos que controla presenten a discusi¨®n en septiembre la regla de gasto para sus Administraciones.