La juez de Lugo env¨ªa al Supremo la acusaci¨®n contra Blanco de un imputado
El escrito sugiere indicios de tr¨¢fico de influencias contra el ministro
La juez de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lugo, Estela San Jos¨¦, remiti¨® sin previo aviso al Tribunal Supremo lo que parece ser una exposici¨®n razonada sobre posibles indicios de un delito de tr¨¢fico de influencias en el que habr¨ªa incurrido el ministro de Fomento y cabeza de lista por Lugo, Jos¨¦ Blanco, dentro de su investigaci¨®n de la denominada Operaci¨®n Campe¨®n. El escrito lleg¨® unas horas antes de que arrancara la campa?a electoral y permiti¨® al Partido Popular exigir de nuevo la dimisi¨®n del candidato socialista.
La juez no consult¨® ni notific¨® a la Fiscal¨ªa de Lugo su decisi¨®n, y el Tribunal Supremo se limit¨® a confirmar que la Secretar¨ªa de Causas Especiales, que tramita los procesos contra aforados, en este caso el ministro de Fomento y diputado en el Congreso, hab¨ªa registrado un asunto procedente del juzgado de Lugo sin especificar cu¨¢l por encontrarse bajo secreto del sumario.
El PP pide la dimisi¨®n porque ¡°hay indicios de criminalidad¡±
Doctrina del Supremo
El PP no ha podido empezar mejor la campa?a electoral. A las ¨®ptimas expectativas se uni¨® ayer la decisi¨®n de la juez de Lugo de remitir al Tribunal Supremo las acusaciones del empresario Jorge Dorribo contra Jos¨¦ Blanco, portavoz del Gobierno y n¨²mero dos del PSOE.
P¨²blicamente, el PP pidi¨® ayer la dimisi¨®n de Blanco y asegur¨® que la decisi¨®n judicial supone que la juez ha encontrado ¡°indicios de criminalidad¡± contra ¨¦l. El equipo de campa?a del PP a?ade el efecto positivo que, en su opini¨®n, tendr¨¢ este caso en su campa?a electoral, entre otras cosas porque dificulta a los socialistas intentar macar la agenda pol¨ªtica del arranque de campa?a. La noticia sirve para que los socialistas tengan problemas para colocar sus mensajes y, desde luego, para que desistan de intentar usar la corrupci¨®n de G¨¹rtel u otros casos que afectan al PP como argumento electoral. De hecho, desde el inicio de la instrucci¨®n, los populares utilizan las palabras de Blanco exigiendo dimisiones en el caso G¨¹rtel.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sa¨¦nz de Santamar¨ªa, asegur¨® en un comunicado que la situaci¨®n de Blanco en el Gobierno es ¡°insostenible¡± y que son m¨¢s claras a¨²n las exigencias de dimisi¨®n. Adem¨¢s, tir¨® por elevaci¨®n y asegur¨® que aumenta la responsabilidad tanto del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, como del cabeza de lista del partido, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, por mantenerlo de ministro y de candidato. ¡°Ni Zapatero ni Rubalcaba pueden esconderse m¨¢s. Tienen que asumir su responsabilidad pol¨ªtica con su dimisi¨®n. Cada d¨ªa que pasa sin que dimita, el candidato socialista se hace m¨¢s responsable de la situaci¨®n de Blanco¡±, asegur¨® Sa¨¦nz de Santamar¨ªa.
Para rematar la argumentaci¨®n, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, asegur¨® en un comunicado difundido por su partido que ¡°la doctrina del Tribunal Supremo exige que existan indicios de criminalidad para que le remitan un asunto, y la jueza sin duda conoce la doctrina del tribunal¡±.
Trillo, adem¨¢s, advirti¨® al fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde Pumpido, de que no debe interferir en la admisi¨®n a tr¨¢mite y debe dejar decidir a la Sala. Seg¨²n dijo, ¡°en ese caso, como en otros muchos, Conde Pumpido ya ha intervenido demasiado, y siempre a favor del Gobierno¡±.
El prop¨®sito del PP es mantener la presi¨®n sobre Blanco en los pr¨®ximos d¨ªas, para rentabilizar el efecto de la decisi¨®n de la juez de Lugo.
Seg¨²n las fuentes consultadas, una exposici¨®n razonada sobre un supuesto delito de tr¨¢fico de influencias no necesitar¨ªa acreditar los requisitos que exige el presunto cohecho y permitir¨ªa a la juez un cierto ¡°encaje¡± para dirigirse al Supremo sin haber realizado determinadas diligencias, inexcusables si se trata de demostrar un soborno.
Entre ¨¦stas, el interrogatorio del primo del ministro, Manuel Bran, supuesto receptor de un cohecho de 200.000 euros del empresario farmac¨¦utico Jorge Dorribo a cambio de gestiones con Blanco para conseguir subvenciones para su empresa, Laboratorios Nupel, y una autorizaci¨®n del Ministerio de Sanidad. Dicho interrogatorio no se ha practicado, pese a haberlo solicitado el propio Bran y pese a que el ministro Blanco asegurase en reiteradas ocasiones que es ¡°falso¡± el pago de 200.000 euros a su primo.
V¨ªspera de campa?a
Fuentes jur¨ªdicas pr¨®ximas al caso valoraron la intervenci¨®n de la juez San Jos¨¦ como ¡°una explosi¨®n controlada del sumario¡±, precisamente la v¨ªspera del inicio de la campa?a. Seg¨²n esas fuentes, la actuaci¨®n de la juez habr¨ªa ¡°incumplido los principios ¨¦ticos de no injerencia en la campa?a electoral para no afectar a los candidatos¡± y con el secreto del sumario prorrogado por la juez ¡°para que el ministro no se pueda defender¡±. Seg¨²n esas fuentes, dado que el criterio del Supremo es paralizar las actuaciones durante el periodo electoral, Blanco tendr¨¢ una espada de Damocles sobre su cabeza durante toda la campa?a, sin poder evitarlo. Un eventual rechazo por el Tribunal Supremo de la exposici¨®n de la juez o la devoluci¨®n de la causa para que siga investigando se producir¨ªa despu¨¦s de las elecciones, cuando el perjuicio ser¨ªa irrevocable.
Otras fuentes pr¨®ximas al PSOE se sorprendieron de que a la juez ¡°no le haya interesado la declaraci¨®n del principal testigo¡± del caso ya que ha ¡°agotado la investigaci¨®n sin haberla iniciado¡± y conform¨¢ndose solo con lo que ha dicho Dorribo. El hecho de que San Jos¨¦ actuase a espaldas de la Fiscal¨ªa de Lugo sorprendi¨® relativamente, ya que tambi¨¦n lo hizo cuando dirigi¨® sendas exposiciones razonadas al Tribunal de Justica de Galicia contra los ahora exdiputados auton¨®micos Pablo Cobi¨¢n (PP) y Fernando Blanco (BNG).
Dorribo, que estuvo encarcelado entre mayo y agosto por un presunto fraude en subvenciones p¨²blicas de la Xunta, declar¨® a la juez, seg¨²n el diario El Mundo, que Blanco se hab¨ªa comprometido en febrero pasado a hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad a fin de que le concediese el permiso preceptivo para abrir una planta de f¨¢rmacos unidosis. Al mismo tiempo, seg¨²n el empresario, Blanco tambi¨¦n le habr¨ªa gestionado una subvenci¨®n del Ministerio de Hacienda. Ambas solicitudes fueron denegadas. La de Hacienda el 11 de junio y la de Sanidad el 18 de julio.
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