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El drama de los dem¨¢s no mueve su voto

Los servicios sociales, cuarto pilar del Estado de bienestar, apenas se mencionan en campa?a Las ayudas a los desfavorecidos caen en el olvido de los pol¨ªticos cuando son m¨¢s necesarias

Carmen Mor¨¢n Bre?a
Un grupo de indigentes aguarda para lograr cama en un albergue municipal de Madrid.
Un grupo de indigentes aguarda para lograr cama en un albergue municipal de Madrid.?LVARO GARC?A

Los candidatos llegaron al plat¨®, se sentaron frente a frente y diseccionaron la situaci¨®n econ¨®mica. Llegado el bloque social se enfrentaron por los problemas educativos, por los recortes sanitarios, los matrimonios gais, la igualdad de sexos. Y alguno mencion¨® la Ley de Dependencia en menos de 10 segundos, fugazmente, a t¨ªtulo de inventario. ?Y los servicios sociales? No es f¨¢cil que se trate esta ¨¢rea, que se discuta sobre ella, sobre lo que se ha hecho y lo que hay que hacer. Es una cartera muy descentralizada, pero tambi¨¦n lo son la educaci¨®n o la sanidad.

Miles de maestros y de m¨¦dicos han debido sentirse aludidos estos d¨ªas cuando hablan los pol¨ªticos en campa?a electoral, pero los m¨¢s de 400.000 profesionales del sector de los servicios sociales quiz¨¢ no tanto. Mar¨ªa Jos¨¦ Redondas, trabajadora social de base y presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Galicia, desde luego no: ¡°Suelen referirse a la pol¨ªtica social, pero es que ah¨ª lo meten todo, el desempleo, las pensiones y, como mucho, visualizan la dependencia, pero no todo lo dem¨¢s¡±.

Y ese adem¨¢s que menciona Redondas no es poca cosa en tiempos de crisis. El paso de 2008 a 2009 supuso un incremento del 36% en el n¨²mero de usuarios que se acercaron a los servicios sociales para demandar ayuda, alrededor de ocho millones de personas. Son familias que, de repente, no pueden pagar el agua o la luz o la hipoteca, madres solteras que necesitan apoyo con sus hijos; personas en riesgo de exclusi¨®n social porque han perdido algo m¨¢s que el trabajo; drogas, alcohol, gente que vive en albergues... Y s¨ª, dependientes, estos tambi¨¦n est¨¢n bajo el paraguas de los servicios sociales y ya hay m¨¢s de un mill¨®n reconocidos como tales. Tambi¨¦n es millonario el colectivo de la discapacidad. As¨ª que hay pocos hogares que no se sientan concernidos por los servicios sociales. ?No es un olvido pol¨ªtico demasiado oneroso en tiempo electoral?

Ocho millones de personas pidieron ayuda en 2009, un 36% m¨¢s que en 2008

¡°La solidaridad no mueve multitudes, la gente se mueve por lo que le afecta y, en ese sentido, llevan ya a?os interiorizando que la educaci¨®n, como la sanidad, son universales y necesarias. Las consideran como un derecho y como tal lo defienden. Nadie se identifica, sin embargo, con situaciones de pobreza y de exclusi¨®n, pero la dependencia s¨ª deber¨ªa defenderse como un gran derecho, que lo es, pero la gente todav¨ªa no lo ve as¨ª, es una ley muy joven a¨²n¡±, explica Gustavo Garc¨ªa Herrera, de la Asociaci¨®n Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La prueba de que el derecho a una ayuda por dependencia no ha calado a¨²n la tiene Garc¨ªa Herrera en su propia casa: ¡°Mi madre me discute sobre esto. Se empe?a en que tiene que ahorrar por si lo necesita cuando sea dependiente para ir a una residencia; yo le digo que tiene derecho a ella con ahorros y sin ahorros. Y ella, erre que erre, que no. No se ve como un derecho todav¨ªa¡±, cuenta este experto.

Los dem¨¢s servicios sociales que se prestan empiezan ahora a figurar como derechos en las nuevas leyes que se est¨¢n redactando en las comunidades aut¨®nomas, pero solo cuatro tienen ya aprobado el cat¨¢logo en el que figuran los servicios que han de prestarse en caso de hacerse acreedor de ellos.

La segunda clave de la poca presencia de los servicios sociales en la agenda de campa?a la asocia Garc¨ªa Herrera a otro aspecto que ¡°tampoco se acaba de asumir¡±, y es ¡°la enorme contribuci¨®n a la riqueza del pa¨ªs que generan los servicios sociales, una fuente de empleo, se ha demostrado, como no se ha visto en otros sectores¡±.

Efectivamente, los datos oficiales reci¨¦n presentados por el Gobierno indican que entre 2009 y 2010 se han creado 165.000 trabajos, el 74% relacionados directamente con la atenci¨®n a las personas con dependencia, y el resto empleos indirectos en otros sectores productivos. La implantaci¨®n de la ley tambi¨¦n proporciona retornos al erario p¨²blico, hasta 1.272 millones de euros seg¨²n los datos del Gobierno. Estos c¨¢lculos muestran, adem¨¢s, que se recuperan 20 c¨¦ntimos por cada euro invertido.

El sector defiende que ¡°los servicios sociales no son gasto sino inversi¨®n¡±

¡°No puede dejarse de insistir en este extremo econ¨®mico de los servicios sociales, que son una inversi¨®n, no un gasto, lo mismo que en educaci¨®n o en sanidad. Pero se habla de empleo a secas y eso no basta¡±, dice Garc¨ªa Herrera.

En eso coincide Carlos Sos¨ªas, presidente en Espa?a de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, en siglas inglesas). ¡°Los pol¨ªticos suelen hablar de empleo sin apellidos, pero hay empleo que no es de calidad, ese no sirve, como no sirven las recetas de empleo tradicionales. Deben salir a la luz las incongruencias del modelo tradicional de crecimiento, que hay que cambiar por uno sostenible. En estos a?os de la recesi¨®n el ¨ªndice de pobreza ha aumentado dos puntos, pero cuando hab¨ªa crecimiento econ¨®mico no baj¨® un solo punto¡±, explica. ¡°As¨ª que no basta hablar de creaci¨®n de trabajo. Es cierto que con la crisis ha crecido el desempleo en casi tres millones, pero ya hab¨ªa cerca de dos antes. Y muchos de esos desempleados necesitan algo m¨¢s que encontrar un trabajo; si se trata de personas en riesgo de exclusi¨®n necesitan un acompa?amiento, porque pueden tener un empleo y perderlo a los dos meses. O j¨®venes sin cualificaci¨®n que no volver¨¢n a la construcci¨®n, hay que buscar otros empleos¡±, a?ade Sos¨ªas.

Y ah¨ª se revela con fuerza el sector de servicios sociales. El hecho de que las mujeres inmigrantes hayan aguantado la crisis mejor que sus maridos fotograf¨ªa con nitidez el par¨®n en el sector de la construcci¨®n y el empuje que mantienen, sin embargo, los cuidados personales a discapacitados y, sobre todo, a ancianos dependientes.

El modelo espa?ol de bienestar social, y el mediterr¨¢neo por extensi¨®n, descansa en buena parte en las familias y los cuidados que prestan desinteresadamente a ni?os, ancianos y familiares con discapacidad. Pero ese sistema est¨¢ tocando a su fin, porque permitir que las mujeres sigan haci¨¦ndose cargo de esos cuidados es cerrarles oportunidades en el mercado laboral y perpetuar un modelo en el que solo ellas se encargan de cuidar.

La gente a¨²n no ha interiorizado que la asistencia social es un derecho

Durante la transici¨®n espa?ola los servicios sociales estuvieron muy presentes en la vida pol¨ªtica porque nac¨ªan entonces como un pilar del bienestar que consagrar¨ªa un derecho y desterrar¨ªa para siempre la beneficencia. ¡°Sin embargo, en el imaginario colectivo a¨²n se asocia mayoritariamente servicios sociales con marginalidad, con pobreza. El reciente pasado ben¨¦fico y asistencial a¨²n no est¨¢ superado en la actual generaci¨®n. Y eso no es atractivo ni condiciona decisiones a la hora de decidir por una u otra opci¨®n de Gobierno¡±, opina Garc¨ªa Herrera. ¡°Y eso que todos los partidos no son iguales en esta materia, ni mucho menos. Y ni siquiera el mismo partido es igual en las distintas comunidades, como ocurre con la buena gesti¨®n de la Ley de Dependencia en Castilla y Le¨®n y la p¨¦sima en la Comunidad Valenciana, por ejemplo.

Pero la falta de concienciaci¨®n de que se est¨¢ ante un derecho anula las protestas. Cabe preguntarse, por ejemplo, c¨®mo es posible que los terribles retrasos y desprop¨®sitos en la gesti¨®n de la dependencia en algunas comunidades no hayan ocasionado multitudinarias protestas en la calle. Se trata, adem¨¢s, de colectivos vulnerables: ancianos, personas con discapacidad o familias que, agotadas de pedir en ventanilla, acaban por conformarse con el modelo cl¨¢sico de cuidar en casa. Las manifestaciones m¨¢s sonadas se dieron en la Comunidad Valenciana y ahora en Castilla-La Mancha, pero la repercusi¨®n tampoco ha sido grande. ¡°Si en lugar de perder la prestaci¨®n econ¨®mica un par de meses, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha recientemente, hubieran dejado de pagar las pensiones habr¨ªa saltado a los discursos de los principales l¨ªderes, seguro¡±, opina Garc¨ªa Herrera.

M¨¢s sonoro a¨²n que el silencio de los afectados es el de las organizaciones que les ayudan, el llamado tercer sector. Cruz Roja no quiso opinar para este reportaje, tampoco C¨¢ritas, dos de las grandes asociaciones que m¨¢s ayuda prestan a las personas que no encuentran cobijo en los servicios sociales p¨²blicos. No es f¨¢cil para estas organizaciones criticar a los pol¨ªticos, habida cuenta de que parte de sus presupuestos provienen de dinero p¨²blico. Pero es que tampoco la Plataforma de ONG de Acci¨®n Social, donde se agrupan muchas de estas organizaciones, quiso opinar sobre la escasa presencia de los servicios sociales en el mensaje pol¨ªtico.

¡°Est¨¢ en nuestra agenda y en nuestro programa"

Y, en fin, tampoco los pol¨ªticos sienten que se hurte este asunto del debate de campa?a. ¡°Est¨¢ en nuestra agenda y en nuestro programa y lo mencionamos continuamente, con la misma claridad con la que defendemos el desarrollo de la Ley de Dependencia¡±, asegura Marisol P¨¦rez, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados de Asuntos Sociales esta legislatura. ¡°Rubalcaba ha hecho una proposici¨®n para que el 80% de la financiaci¨®n a las comunidades se dedique a educaci¨®n, sanidad y servicios sociales, con car¨¢cter finalista y con evaluaci¨®n del cumplimiento¡±, se?ala P¨¦rez. ¡°Yo creo que el PSOE s¨ª habla de esto, pero hay que entender que son todav¨ªa derechos recientes que la gente no tiene tanto miedo a perder como la educaci¨®n o la sanidad, por eso se habla quiz¨¢ m¨¢s de esas materias¡±, a?ade P¨¦rez. Su hom¨®loga del PP en el Congreso, Lourdes M¨¦ndez, cree que son los socialistas los que no hablan de ello. ¡°Se lo he preguntado a los cuatro ministros que ha habido, que por qu¨¦ la pol¨ªtica social no se ten¨ªa en cuenta. Han reducido el plan concertado [con el que se financian servicios sociales a los Ayuntamientos] y para atender a la Ley de la Dependencia han desbaratado todo lo dem¨¢s, muchos programas que exist¨ªan en los servicios sociales se les ha dejado a su suerte¡±.

El pasado ben¨¦fico y asistencial no est¨¢ superado por la actual generaci¨®n

Pero ni Mariano Rajoy ni Rubalcaba hablaron de los servicios sociales en el debate y apenas mencionaron la Ley de Dependencia. ¡°S¨ª, lo mencion¨® Rubalcaba de forma enga?osa, para decir que hab¨ªa subido el presupuesto de Sanidad, pero no dijo que ese ministerio ahora tiene tambi¨¦n Pol¨ªtica Social, as¨ª que la subida a¨²n se queda corta¡±, insiste M¨¦ndez.

El Gobierno recort¨® el presupuesto que destina a los Ayuntamientos para servicios sociales, una partida de 97 millones que perdi¨® alrededor de nueve. Explicaron que ese dinero lo hab¨ªan recibido los municipios por otras v¨ªas. Y ha habido recortes en numerosas comunidades aut¨®nomas, tambi¨¦n gobernadas por el PP. Este verano el drama de las ayudas m¨ªnimas de inserci¨®n se repet¨ªa en varias partes: filas de gente que reclamaba su prestaci¨®n porque no tiene nada m¨¢s y que no la encontraba en los presupuestos sociales de sus comunidades ni municipios. Muchos de estos casos, desesperados, se han derivado a las organizaciones sociales, que tambi¨¦n se han visto desbordadas durante todo el a?o.

Por eso IU culpa a los dos grandes partidos, los que gobiernan. Dicen que no hablan de esos asuntos, porque ambos recortan, unos desde el Gobierno central y otros en las comunidades. ¡°Se dedican m¨¢s a educaci¨®n y sanidad porque ven que le preocupa a la ciudadan¨ªa, pero la dependencia, con la que se generar¨ªan muchos puestos de trabajo, parece que tiene un horizonte m¨¢s bien privatizador¡±, lamenta el secretario federal de Econom¨ªa y Empleo de esta formaci¨®n, Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa Rubio.

¡°En ¨¦poca de crisis el miedo y la insolidaridad arrasan y m¨¢s bien proliferan mensajes xen¨®fobos y discriminatorios. Hubo un tiempo en que algunos colectivos eran objeto de inter¨¦s por parte de los partidos, los gitanos, la discapacidad, los mayores... Pero cuando la crisis arrecia, la gente tiende a pensar que en la barca del bienestar no caben tantos. Y ah¨ª aparecen los pobres, los marginados, los excluidos, los que tienen problemas con las drogas. Son estos colectivos los que se asocian todav¨ªa con los servicios sociales. La Ley de Dependencia rompe esa vinculaci¨®n marginal del sector, pero, parad¨®jicamente, esa ley no se relaciona con los servicios sociales¡±, dice Garc¨ªa Herrera.

Efectivamente, esa ley se ha vendido durante mucho tiempo, y a¨²n se le oye a alg¨²n pol¨ªtico, como el cuarto pilar del Estado de bienestar, una idea que mortifica en el sector. Lo explica Gustavo Garc¨ªa Herrera: ¡°Es solo un derecho m¨¢s, fabuloso y bienvenido, pero el cuarto pilar del Estado de bienestar es mucho m¨¢s que eso, son los servicios sociales¡±.

Programa, programa, programa...

Algunas pinceladas sobre asuntos sociales le¨ªdas en los compromisos electorales:

  • PSOE. Planes espec¨ªficos de empleo en el sector de los servicios sociales. Aplicaci¨®n y pleno desarrollo en los pr¨®ximos a?os de la Ley de la Dependencia. Potenciar la prestaci¨®n de servicios frente a las prestaciones econ¨®micas y refuerzo de la red de servicios. Garantizar un marco de financiaci¨®n estable para la ley.
  • PP. Fortalecer los sistemas de coordinaci¨®n entre las Administraciones p¨²blicas y las organizaciones sociales para actuar con mayor eficacia en la asistencia a personas y familias en situaci¨®n de necesidad o riesgo de exclusi¨®n. Modificar la Ley de Dependencia para garantizar una cartera de servicios b¨¢sica y com¨²n para todas las personas dependientes, as¨ª como para garantizar la calidad y la equidad de las prestaciones y servicios.
  • IU. Ley de servicios sociales estatal, concibiendo los servicios sociales como un derecho instituido. Ley de bases para la implantaci¨®n de una renta m¨ªnima o salario social b¨¢sico a nivel estatal para su desarrollo y gesti¨®n por las comunidades y financiaci¨®n compartida. Financiaci¨®n y gesti¨®n p¨²blica de la Ley de Dependencia.
  • UPyD. Ley nacional de garant¨ªa de derechos y servicios sociales que garantice el acceso a las prestaciones b¨¢sicas a todos los ciudadanos. Modificaci¨®n de la Ley Dependencia para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social. Ley nacional de rentas m¨ªnimas de inserci¨®n.

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Sobre la firma

Carmen Mor¨¢n Bre?a
Trabaja en EL PA?S desde 1997 donde ha sido jefa de secci¨®n en Sociedad, Nacional y Cultura. Ha tratado a fondo temas de educaci¨®n, asuntos sociales e igualdad. Ahora se desempe?a como reportera en M¨¦xico.

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