D¨ªez y Dur¨¢n antes que los banqueros

Que nuestra ley electoral necesita una revisi¨®n no es ninguna novedad. Lo que es nuevo es que dicha revisi¨®n, dada la victoria del PP, vaya a quedar en el ba¨²l de los recuerdos tras el 20-N, justamente despu¨¦s de una legislatura marcada por la insatisfacci¨®n generalizada hacia nuestra clase pol¨ªtica (tercer problema que m¨¢s preocupa a los espa?oles despu¨¦s del paro y la econom¨ªa) y el movimiento de los indignados, que tantas simpat¨ªas ha cosechado. La renovaci¨®n de la vida pol¨ªtica, la representatividad de las instituciones y el sistema electoral eran algunas de las reivindicaciones de este movimiento que solo atienden ahora las formaciones que como UPyD, IU o Equo salen perjudicadas en el reparto de esca?os y, por tanto, no tienen ninguna posibilidad de abrir el debate.

La proporcionalidad de los votos es la base de la democracia: un ciudadano, un voto. Nuestro sistema transgrede tal principio exageradamente. Mientras que cada esca?o de UPyD ha necesitado casi 230.000 votos, el PP solo ha requerido 58.230 y Amaiur, 47.661. Visto desde otro ¨¢ngulo, al ¨²nico diputado socialista por Soria salido del 20-N solo ha obtenido 16.058 votos. Los 10 de Madrid, 87.504 cada uno.

Puede, sin embargo, que no sea una mala idea incorporar ciertos correctivos para promover legislaturas estables y dar voz a los territorios menos poblados y perif¨¦ricos. El sistema D¡¯Hont se aplica en una treintena de pa¨ªses porque evita la excesiva fragmentaci¨®n de los Parlamentos y los problemas de gobernabilidad. En Espa?a se suma, sin embargo, otro elemento mucho m¨¢s distorsionador (la circunscripci¨®n provincial) que favorece con exceso a los partidos con alta concentraci¨®n territorial de votantes, lo que tendr¨ªa sentido en un pa¨ªs tan descentralizado como este si no fuera porque ya se dispone de Gobiernos y Parlamentos aut¨®nomos, adem¨¢s del Senado. Esta C¨¢mara alta, por cierto, de importante representaci¨®n territorial, cuesta 55 millones de euros anuales y su reforma, cuando no su desaparici¨®n, es una reivindicaci¨®n que deber¨ªa ser atendida. De su escasa relevancia tal como est¨¢ hoy concebida da fe el m¨ªnimo inter¨¦s que suscita su composici¨®n. De la necesidad de su reforma hablan tambi¨¦n las urnas: se han disparado esta vez los votos para el Senado en blanco (1,26 millones; el 5,3% del total) y nulos (m¨¢s de 900.000; el 3,71%).

De los dos grandes, solo el Partido Socialista ha mencionado en la campa?a electoral alguna reforma del sistema, pero establecer listas abiertas, aun suponiendo una mejora de la representatividad pol¨ªtica, no tiene el calado suficiente para la regeneraci¨®n que se desea. Cambiar las reglas para el reparto de esca?os o reformar el Senado tampoco ser¨ªa la panacea, pero abrir¨ªa una v¨ªa importante de regeneraci¨®n en una democracia que como la espa?ola empieza a ofrecer s¨ªntomas de rigidez y partitocracia.

Es s¨ªntoma de rigidez la incapacidad para pactar un cambio de la Constituci¨®n que no sea por el procedimiento abreviado como ha ocurrido recientemente con el techo para los d¨¦ficits p¨²blicos. La sucesi¨®n de la Corona, eliminado la extempor¨¢nea preferencia del var¨®n, y la remodelaci¨®n del Senado son las reivindicaciones m¨¢s demandadas desde que hace 33 a?os se aprob¨® la Carta Magna.

De la partitocracia hay abundantes se?ales. Las m¨¢s obvias son los sistemas cerrados y casi siempre por aclamaci¨®n mediante los cuales los partidos encumbran a sus l¨ªderes y la numantina resistencia de las grandes formaciones a perder los privilegios que les otorga un reparto de esca?os evidentemente injusto. Porque la distancia que hoy castiga en esca?os al PSOE frente al PP puede volverse en su favor en los pr¨®ximos comicios y viceversa. Los partidos se aferran al poder conquistado y rechazan tambi¨¦n la posibilidad de perder puestos de trabajo en los que colocar a los suyos, bien sea en las Diputaciones, bien en el Senado, bien en las Administraciones auton¨®micas.

En tales reformas tienen, adem¨¢s, los nuevos gobernantes una panoplia de posibilidades para aplicar sus planes de austeridad. Pero su necesidad no deviene de la mera coyuntura econ¨®mica, sino de la imperiosa urgencia de profundizar en nuestros modos democr¨¢ticos y de devolver a los ciudadanos su afecto por la pol¨ªtica.