Las escuchas de Garz¨®n sobre G¨¹rtel fueron avaladas por jueces y fiscales

El juez Baltasar Garz¨®n se sentar¨¢ a las 10.30 de esta ma?ana en el banquillo de los acusados del Sal¨®n de Plenos del Tribunal Supremo para ser juzgado por haber ordenado grabar las conversaciones de los cabecillas de la trama G¨¹rtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine S¨¢nchez, y las del abogado Ignacio Pel¨¢ez, que acudi¨® a entrevistarse con el primero. Nunca un juez ha respondido penalmente por ordenar unas intervenciones telef¨®nicas, aunque se han anulado centenares de ellas por defectos de forma. Garz¨®n no solo se enfrenta a un juicio por ordenar dicha prueba, sino a la m¨¢s que probable pena de hasta 17 a?os de inhabilitaci¨®n que conllevar¨¢ su expulsi¨®n irreversible de la carrera judicial.

La intervenci¨®n de las comunicaciones de los cabecillas de la trama G¨¹rtel con sus abogados, por las que hoy se sienta en Garz¨®n en el banquillo, fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le sucedi¨® en la instrucci¨®n, Antonio Pedreira, por las dos fiscales Anticorrupci¨®n adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano. Frente a todos ellos y frente al criterio de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Antol¨ªn Herrero y Pilar Valc¨¢rcel, el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, decidi¨® abrir juicio oral aceptando los argumentos de los abogados de los cabecillas de la trama corrupta.

Las escuchas, seg¨²n ha explicado Garz¨®n y su defensa, no fueron ordenadas porque s¨ª. Ya en el primer auto en febrero de 2009, Garz¨®n centr¨® las escuchas en el abogado Jos¨¦ Antonio L¨®pez Rubal, dados los claros indicios de que en las actividades de la trama hab¨ªan intervenido abogados, que dada su condici¨®n, podr¨ªan actuar de ¡°enlace¡± de los cabecillas con el exterior. Al resultar ese abogado imputado en la trama, Correa y Crespo lo sustituyeron por Rodr¨ªguez Mourullo y Chocl¨¢n. Garz¨®n prorrog¨® las escuchas y Anticorrupci¨®n no puso trabas.

En su informe de 20 de marzo, Anticorrupci¨®n inform¨® a Garz¨®n de que una parte importante de seis conversaciones grabadas se refer¨ªan a ¡°estrategias de defensa¡± y deb¨ªan ser excluidas del procedimiento. Pero al final de ese mismo informe, la fiscal¨ªa dijo expresamente que no se opon¨ªa a las intervenciones la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal, la unidad policial antifraude. El 27 de marzo, Garz¨®n orden¨® la exclusi¨®n de las conversaciones interesadas por Anticorrupci¨®n.

Al aparecer indicios de criminalidad contra aforados, Garz¨®n se inhibi¨® al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El nuevo instructor, Antonio Pedreira, prorrog¨® a petici¨®n de la fiscal¨ªa las escuchas ordenadas por Garz¨®n y, m¨¢s adelante, en enero de 2010, rechaz¨® anular las grabaciones. Pedreira sostuvo entonces que el derecho de defensa no era ¡°ilimitado¡± ni una patente de corso a los abogados para colaborar en delitos. Tambi¨¦n expuso que, bajo supervisi¨®n judicial, s¨ª es posible la intervenci¨®n entre un abogado cooperador y sus clientes. Seg¨²n Pedreira, de la misma forma que se puede ordenar la entrada y registro en despachos profesionales, se puede, de forma motivada, acordar la intervenci¨®n de comunicaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, anul¨® parte de las intervenciones ordenadas por Garz¨®n. Aunque uno de los tres magistrados, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, se opuso a la anulaci¨®n por entender que se daba un margen muy elevado de ¡°impunidad y privilegio¡± a los abogados.