Reformas ideol¨®gicas

El Gobierno del PP ha comenzado a mostrar, al mes de su constituci¨®n, sus planes de reforma preferentes en campos ajenos a la econom¨ªa. De manera sorpresiva, y sin dar opci¨®n de r¨¦plica a la oposici¨®n, la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa anunci¨® en el Congreso la intenci¨®n del Gobierno de que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a la mayor¨ªa de los miembros ¡ª12 de 20¡ª del Consejo General del Poder Judicial.

A esta reforma, sin duda la de m¨¢s calado institucional, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha a?adido la introducci¨®n de la cadena perpetua para delitos graves ¡ª¡°prisi¨®n permanente revisable¡±, en la terminolog¨ªa del pol¨ªtico¡ª, la eliminaci¨®n de la ley de plazos para el aborto con expresa voluntad de exigir el consentimiento paterno para menores de 16 y 17 a?os que decidan abortar, el juicio conjunto de adultos y menores en causas por delitos graves en que est¨¦n implicados y el copago judicial a partir de la segunda instancia bajo el pretexto de reducir la litigiosidad.

Por el tipo de asuntos a que se refiere, esta bater¨ªa de reformas parece responder, m¨¢s que a objetivos de regeneraci¨®n democr¨¢tica, a motivaciones ideol¨®gicas sentidas por la mayor¨ªa de votantes del PP. Se observa especialmente en la propuesta de llevar el castigo penal al l¨ªmite de la Constituci¨®n con la cadena perpetua, a pesar de que la pena m¨¢xima en Espa?a ya est¨¢ en los 40 a?os o en devolver a la familia su sentido jer¨¢rquico al permitirse que una menor, previa informaci¨®n a sus padres, decida sobre algo tan ¨ªntimo como su embarazo. Solo motivos ideol¨®gicos puede haber tambi¨¦n detr¨¢s de la posible eliminaci¨®n de la ley de plazos aprobada hace dos a?os y que consagraba el derecho de la mujer a decidir libremente, por cuanto dicha norma no supone un mayor acceso al aborto.

De otro lado, sustraer al Parlamento la elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial para atribu¨ªrsela a los jueces ha sido una tentaci¨®n permanente del PP, acuciado por una derecha judicial que considera que el poder jurisdiccional es suyo y no del Estado. Aunque la elecci¨®n parlamentaria ha dado lugar a una exacerbada instrumentalizaci¨®n partidista del m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de los jueces, como sabe bien el actual partido gobernante, el remedio no est¨¢ en desvincularlo del Parlamento, sede de la soberan¨ªa popular.