Rajoy dar¨¢ su primera se?al a ETA tras las sentencias de Sortu y Parot

El Gobierno del Partido Popular espera una sentencia del Tribunal Constitucional en las pr¨®ximas semanas sobre la doctrina Parot que afectar¨¢ a unos 60 de los m¨¢s de 550 presos de ETA encarcelados en las prisiones espa?olas. El mismo tribunal, tambi¨¦n en pocas semanas, resolver¨¢ sobre el recurso de la izquierda abertzale contra la ilegalizaci¨®n de Sortu, decretada por el Tribunal Supremo la pasada primavera.

Ambas cuestiones est¨¢n pendientes desde hace muchos meses y son claves no solo para el futuro pol¨ªtico de la izquierda aberzale y de m¨¢s del 10% de los presos de ETA. Las decisiones sobre Sortu y la doctrina Parot marcar¨¢n la pauta de los nuevos tiempos tras el cese definitivo de ETA del pasado 20 de octubre y el relevo en La Moncloa de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero por Mariano Rajoy.

En el caso de que la sentencia sobre la doctrina Parot d¨¦ la raz¨®n a los 62 presos que la recurrieron, esa resoluci¨®n servir¨¢ de cobertura jur¨ªdica para avanzar en la l¨ªnea de reinserci¨®n individual de los reclusos etarras en aplicaci¨®n de la legalidad que ha empezado, de modo t¨ªmido, a poner en pr¨¢ctica el Gobierno popular, en continuidad con el de Zapatero. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, ha mantenido recientemente un encuentro con el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

La doctrina Parot, creada por el Supremo en 2006, eleva en la pr¨¢ctica hasta los 30 a?os el cumplimiento efectivo de prisi¨®n para los reclusos condenados con el C¨®digo Penal de 1973. Consiste en descontar los beneficios penitenciarios de cada una de sus penas por separado en lugar de restarlos del l¨ªmite m¨¢ximo de cumplimiento que resulte de su acumulaci¨®n (30 a?os), como se hac¨ªa hasta entonces.

El pasado julio, el Constitucional estuvo a punto de abordar los primeros recursos de amparo contra esta doctrina, que se ha aplicado a m¨¢s de 60 presos de ETA con m¨²ltiples condenas por terrorismo. En las deliberaciones previas del tribunal se acogi¨® la idea de no declararla inconstitucional, pero s¨ª dar amparo a los recurrentes que, antes de su creaci¨®n por el Supremo, tuvieran aceptada ya la liquidaci¨®n de su condena ¡ªesto es, conocieran su fecha de excarcelaci¨®n¡ª y que la hayan visto revisada retroactivamente para que permanezcan m¨¢s tiempo en prisi¨®n.

En cuanto a la decisi¨®n sobre Sortu, los expertos calculan que la nueva marca pol¨ªtica de la izquierda abertzale ser¨¢ probablemente legalizada, una vez que lo ha sido Bildu ¡ªpara las elecciones municipales de mayo de 2011¡ª y Amaiur ¡ªpara las generales de noviembre¡ª. Con el condicionante favorable a?adido de que, el 20 de octubre, ETA declar¨® el cese definitivo de la violencia.

La sentencia sobre el recurso a la doctrina Parot, que afecta a unos 60 presos de ETA, se aplicar¨¢ en varios bloques y, m¨¢s all¨¢ de decidir el futuro de algo m¨¢s de un 10% de los presos de la banda, marcar¨¢ una pauta jur¨ªdica que ser¨¢ muy ¨²til al Gobierno del PP, que la fijar¨¢ como referente de actuaci¨®n.

As¨ª, si el Tribunal Constitucional se inclinara por la l¨ªnea de eliminar las medidas extraordinarias aplicadas a los etarras cuando la banda terrorista ejerc¨ªa la violencia, se producir¨ªa un importante desatasco de presos veteranos. Y, sobre todo, el Gobierno dispondr¨ªa de una importante cobertura jur¨ªdica en la l¨ªnea de avanzar en la reinserci¨®n de los etarras dentro de la legalidad tras el cese de ETA.

En esa misma l¨ªnea de cumplimiento de la legalidad, el Ejecutivo seguir¨¢ la llamada v¨ªa Nanclares, con el acceso a la semilibertad de aquellos reclusos que, de forma individual, se acojan a los beneficios penitenciarios previstos en la ley y cumplan las condiciones que les impone el C¨®digo Penal: rechazo del terrorismo, reconocimiento del da?o causado y petici¨®n de perd¨®n. El Gobierno ha reeditado esta v¨ªa abierta en la etapa socialista y ya la ha aplicado a un recluso etarra, Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez P¨¦rez de Nanclares. Su acceso al tercer grado supone el l¨ªmite que se ha marcado el Ejecutivo en esta primera etapa de su mandato.

La apuesta del Gobierno por la v¨ªa de las peticiones individuales de los reclusos etarras lo ha decidido a descartar las soluciones colectivas. El Ejecutivo no prev¨¦ un acercamiento masivo de presos a las c¨¢rceles vascas, como reclamaron al presidente Mariano Rajoy tanto el lehendakari socialista, Patxi L¨®pez, como el presidente del PNV, I?igo Urkullu, en sus entrevistas en La Moncloa.

El martes, Rajoy cerrar¨¢ su ciclo de encuentros con los partidos vascos con una entrevista con el l¨ªder del PP en ese territorio, Antonio Basagoiti. Tras ella, se espera que Basagoiti d¨¦ pistas de la l¨ªnea de actuaci¨®n de su partido sobre la gesti¨®n del final de ETA. Basagoiti pretende, desde su visi¨®n m¨¢s pr¨®xima de la sociedad vasca, ofrecer una cobertura pol¨ªtica a las decisiones del Gobierno en esta materia.

El equilibrio en el que se tiene que mover Rajoy es el de dar se?ales a la sociedad vasca de que el Gobierno ha captado que la situaci¨®n ha cambiado, tras el cese definitivo de ETA, pero sin que la izquierda abertzale capitalice esas se?ales y sin irritar a los sectores m¨¢s recalcitrantes de la derecha.

De ah¨ª que haya pedido tiempo y discreci¨®n a los dirigentes vascos con los que se ha reunido. Es de esperar que, tras la reuni¨®n con Basagoiti, tanto este como Rajoy reclamen a la izquierda abertzale y a ETA m¨¢s pasos en la direcci¨®n de la disoluci¨®n de la banda, lo que, a su vez, facilitar¨ªa mucho las exigencias para el pase al tercer grado y el acceso a la libertad condicional de los presos de la banda.