CiU quiere un contrato de tres a?os

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular calibran ya de d¨®nde le vendr¨¢n los apoyos para la convalidaci¨®n de la Reforma Laboral. Seguramente CiU ser¨¢ su aliado de m¨¢s peso, aunque impondr¨¢ cambios si el Gobierno quiere ir acompa?ado en la reforma.

Esta es la concepci¨®n con la que el influyente grupo catal¨¢n afronta su papel en el trayecto de la ley hasta que salga del Parlamento al final de la primavera.

El grupo nacionalista se aleja de la formulaci¨®n de inconstitucionalidad que han avanzado el PSOE e IU

Al esc¨¢ndalo producido en la izquierda y en los sindicatos, al que se une el PNV, por la creaci¨®n de un contrato de pr¨¢cticas de un a?o tras el cual se produce el despido sin ning¨²n derecho, CiU contrapondr¨¢ otro de tres a?os. S¨ª, temporal tambi¨¦n, pero ?no es mejor de tres que de uno?, se preguntan en el equipo de CiU que trabaja en las enmiendas, encabezado por el diputado Carles Campuzano, titular en material laboral y social.

La modalidad de contratos de tres a?os ya existi¨® durante mucho tiempo y result¨® pernicioso para los empresarios, pero tambi¨¦n para los trabajadores. Transcurrido ese trienio se abr¨ªan dos caminos: la fijeza o el despido. Si prospera la petici¨®n de CiU, despu¨¦s de esos tres a?os el empresario no tendr¨¢ obligaci¨®n de dar continuidad al trabajador, pero tampoco nada impedir¨¢ que pueda volver a contratarle.

En su af¨¢n de poner dosis de ¡°sensibilidad social¡± a la reforma, el grupo nacionalista quiere tamizar la ausencia de intermediaci¨®n. La reforma del Gobierno elimina la autorizaci¨®n administrativa del Ministerio de Trabajo para llevar a cabo un ERE. CiU quiere que ¡°se facilite el acuerdo entre empresarios y trabajadores con la mediaci¨®n de la autoridad laboral auton¨®mica¡±, que para eso tiene competencias en esa materia. ¡°Todo, antes de llegar a los tribunales¡±, propone Carles Campuzano.

Este grupo, en un alarde de sinceridad, reconoce que la reforma facilitar¨¢ el despido de mayores de 55 a?os. Para evitarlo, CiU propone reducir las cuotas sociales para los trabajadores de esa edad, de suerte que los empresarios tengan menos razones para despedir a esos trabajadores.

Por mucho que se suavice el texto, la izquierda parlamentaria y los sindicatos ven razones de inconstitucionalidad. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, van a impulsar el recurso, y ante su ausencia de competencia para presentarlo pedir¨¢n a la Defensora del Pueblo que utilice la suya para promoverlo. Esta es la v¨ªa que desean, aunque si la Defensora no les amparara recurrir¨¢n a la v¨ªa de 50 diputados. Esto es f¨¢cil, ya que tanto el PSOE como IU tambi¨¦n ven motivos de inconstitucionalidad tanto por el procedimiento de tramitaci¨®n como por el fondo del texto. Los sindicatos estiman que la f¨®rmula del decreto ley, por raz¨®n de urgencia, no tiene justificaci¨®n en este caso, ante el reconocimiento del Gobierno de que la reforma no va a crear empleo de inmediato. Las razones de fondo son numerosas y se concentran en la ¡°desigualdad entre espa?oles¡± y la extinci¨®n de canales de laudo y arbitraje, seg¨²n fuentes sindicales.