Una asociaci¨®n pide un plan p¨²blico que busque desaparecidos del franquismo

Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado hoy "un plan de la Administraci¨®n programado, sistem¨¢tico y financiado p¨²blicamente que permita con agilidad la localizaci¨®n (...) y la sepultura digna" de todas las personas asesinadas durante la Guerra Civil y los primeros a?os del franquismo. As¨ª lo exige la asociaci¨®n judicial en un comunicado hecho p¨²blico con motivo de la decisi¨®n del Tribunal Supremo de absolver al juez Baltasar Garz¨®n del delito de prevaricaci¨®n del que estaba acusado por declararse competente para investigar los cr¨ªmenes del franquismo.

La asociaci¨®n progresista y minoritaria de jueces dice que la Ley de Memoria Hist¨®rica se ha mostrado "ineficaz" e "insuficiente" y pide tambi¨¦n que se declaren "expresamente nulas todas las sentencias que fueron dictadas por tribunales que de tales solo ten¨ªan el nombre" y que se reponga formalmente "el nombre de las personas injustamente condenadas".

"Exigimos a los poderes p¨²blicos que acometan las reformas legales y realicen las inversiones precisas para reparar esta situaci¨®n, como expresi¨®n de dignidad de las v¨ªctimas de la dictadura franquista, con las que tenemos una deuda, en tanto que son depositarias de nuestra memoria y expresi¨®n de nuestra dignidad colectiva", a?ade el texto.

En la sentencia en la que absuelve a Garz¨®n, notificada ayer, el Tribunal Supremo reconoce que las distintas leyes aprobadas en democracia, como la de Memoria Hist¨®rica, no han satisfecho las demandas de las v¨ªctimas para la localizaci¨®n de sus familiares asesinados ni han procurado la "efectiva reconciliaci¨®n" que persegu¨ªa la Ley de Amnist¨ªa de 1977.

Jueces para la Democracia se?ala hoy, en este sentido, que el hecho de que se haya considerado que Garz¨®n no pod¨ªa abrir una causa penal para perseguir los cr¨ªmenes del franquismo "no puede ser excusa para obviar responsabilidades colectivas que debemos asumir como sociedad democr¨¢tica". Y agregan: "Nada puede justificar que los poderes p¨²blicos y los agentes sociales que tienen la obligaci¨®n de ayudar a recuperar la dignidad de las v¨ªctimas miren a otro lado".

En este sentido, la asociaci¨®n afirma que "son exigibles pol¨ªticas y actuaciones mucho m¨¢s eficaces y mucho m¨¢s sensibles que las que nos han dado en los ¨²ltimos a?os, superando el mero simbolismo de algunas actuaciones y abarcando conjuntamente un problema que es de toda la sociedad".

Respecto a la absoluci¨®n de Garz¨®n, la asociaci¨®n subraya el hecho de que el Supremo haya establecido que "no toda resoluci¨®n fundada en una interpretaci¨®n disidente de la mayoritaria, ni toda resoluci¨®n judicial no ajustada a derecho, comporta necesariamente la comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n".