Un nuevo delito contra ¡®el buen gobierno¡¯ inhabilitar¨¢ a quien gaste sin presupuesto
Es la propuesta de modificaci¨®n del C¨®digo Penal incluida en la Ley de Transparencia que prev¨¦ aprobar el Ejecutivo
Hace dos meses, tras aprobar el mayor tijeretazo de gasto p¨²blico de la democracia y en pleno debate sobre las consecuencias del endeudamiento desaforado de las Administraciones, el Gobierno lanz¨® este anuncio: crear¨ªa un nuevo delito para castigar la gesti¨®n irresponsable del dinero p¨²blico. ¡°Vamos a exigir responsabilidades penales¡±, dijo el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro. Eso que anunci¨® se concretar¨¢ ma?ana con la propuesta de modificaci¨®n del C¨®digo Penal incluida en la Ley de Transparencia que prev¨¦ aprobar el Ejecutivo. Se ha barajado denominarlo delito ¡°contra el buen gobierno¡±. Lo que no est¨¢ nada claro es qu¨¦ se va a castigar exactamente.
No se trata de perseguir la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, porque para eso ya existe un delito; ni de llevar a juicio a quien se endeude mucho; ni siquiera se trata, en principio, de aplicar el C¨®digo Penal al responsable p¨²blico que presupueste un gasto excesivo y luego no pueda sostenerlo con unos escu¨¢lidos ingresos (que es lo que en los ¨²ltimos a?os ha ocurrido en Espa?a: los ingresos se desplomaron y las facturas quedaron sin pagar). No. Seg¨²n fuentes del Gobierno, y a falta de los ¨²ltimos cambios que puedan hacerse en el proyecto de ley, la nueva pena ¡ªque ser¨ªa de inhabilitaci¨®n, no de c¨¢rcel¡ª se aplicar¨ªa a los cargos p¨²blicos que contrajeran un gasto sin haberlo presupuestado antes (o sin convalidarlo despu¨¦s con una ampliaci¨®n de presupuesto). Es decir, al alcalde o concejal o consejero auton¨®mico o ministro que autorice un gasto y no lo registre en el presupuesto.
¡°Un gestor p¨²blico no puede gastar m¨¢s all¨¢ de los l¨ªmites que tenga en su presupuesto¡±, explic¨® Montoro en enero. Y a?adi¨®: ¡°Lo que nunca es correcto son las facturas en el caj¨®n¡±. Pero la inmensa mayor¨ªa de las facturas acumuladas en los cajones de las Administraciones no son obligaciones de gasto no presupuestadas, opacas o sin respaldo legal, sino gastos para los que result¨® que no hab¨ªa dinero contante y sonante.
El mismo d¨ªa que habl¨® Montoro, el secretario de Estado de Administraciones P¨²blicas, Antonio Beteta, aclar¨® a EL PA?S que lo que se pretend¨ªa no era crear un nuevo delito, sino ¡°aplicar¡± los que ya existen (malversaci¨®n, falsedad). Unos d¨ªas m¨¢s tarde, la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, matiz¨® que la responsabilidad penal contra cargos p¨²blicos estar¨ªa reservada para ¡°aquellos casos que puedan tener un car¨¢cter doloso, de ocultaci¨®n¡±, aunque tampoco precis¨® los casos. Y el 28 de febrero, en el Senado, volvi¨® a discriminar: anunci¨® ¡°sanciones¡± para quienes ¡°vulneren el tope de d¨¦ficit y endeudamiento¡±, ¡°comprometan gasto sin cr¨¦dito suficiente¡± o ¡°eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas¡±. Pero cuando habl¨® de ¡°sanciones penales¡± solo apunt¨® a las ¡°conductas m¨¢s graves¡±, en las que concurran ¡°intencionalidad¡±, ¡°grave negligencia¡±, ¡°quebranto a la hacienda¡± o ¡°claro perjuicio para los servicios¡±.
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