Vuelta de tuerca a los servicios p¨²blicos

Despu¨¦s de un mes vertiginoso de recortes para tranquilizar a los mercados, los servicios p¨²blicos en Espa?a siguen siendo p¨²blicos. Pero son m¨¢s caros. Y para algunos colectivos la puerta se entrecierra. Cuando los cambios por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy se pongan en pr¨¢ctica ¡ªla mayor¨ªa, en septiembre¡ª, los ciudadanos pagar¨¢n m¨¢s por las medicinas ¡ªy algunos que no pagaban lo har¨¢n por primera vez¡ª, pagar¨¢n m¨¢s por ir a la universidad, ver¨¢n c¨®mo la ayuda a la dependencia se restringe un poco m¨¢s y tendr¨¢n que pens¨¢rselo dos veces antes de recurrir una sentencia judicial. El golpe m¨¢s fuerte ser¨¢ para los inmigrantes sin papeles: pierden el derecho a la tarjeta sanitaria que se les reconoci¨® por primera vez en 2000.

El PP alega que las reformas son necesarias porque las cuentas se han descontrolado y porque en los ¨²ltimos a?os ha habido mucho abuso de los servicios p¨²blicos, financiados por unos exhaustos contribuyentes; la oposici¨®n sostiene que detr¨¢s de los recortes hay una "demolici¨®n del Estado de bienestar" y que el objetivo del Gobierno es deteriorar ahora los servicios p¨²blicos para, en un futuro, privatizarlos.

EL PA?S ha hecho una recopilaci¨®n de los principales cambios que los ciudadanos van a empezar a notar en sanidad, educaci¨®n, dependencia y justicia. Por lo general, las novedades se traducen en problemas para el bolsillo, aunque en algunos casos implican, adem¨¢s, cierto cambio de modelo en las prestaciones que por el momento solo se apunta.

Este resumen no incluye el principal proyecto legislativo de estos cuatro meses: la reforma laboral, que ha dado la vuelta a muchos aspectos del mercado de trabajo ¡ªy recortado derechos¡ª pero no afecta espec¨ªficamente al funcionamiento de lo p¨²blico. Y debe ser le¨ªdo con dos cautelas: los decretos leyes, aunque ya est¨¢n en vigor, podr¨ªan ser modificados m¨ªnimamente en el tr¨¢mite parlamentario; y su aplicaci¨®n concreta se deja, en muchos casos, en manos de las comunidades. Los Gobiernos aut¨®nomos decidir¨¢n hasta qu¨¦ punto llevan el recorte.

SANIDAD

Los pensionistas pagan, los inmigrantes quedan fuera

El copago no ha llegado a la sanidad: ir al ambulatorio, al especialista o ingresar en un hospital sigue siendo gratuito (pagado con impuestos) para los ciudadanos con tarjeta sanitaria, que, en la pr¨¢ctica, hasta ahora, eran todos salvo los rentistas. Pero ahora hay un colectivo que va a quedar fuera: los 150.000 inmigrantes extracomunitarios sin papeles solo tendr¨¢n derecho a atenci¨®n de urgencias, no a consulta o tratamiento habitual (salvo si son ni?os o embarazadas: en ese caso mantienen el mismo trato que los espa?oles). Esa situaci¨®n de mayor desamparo es la que ten¨ªan los sin papeles hasta 2000; aquel a?o, el Gobierno del PP cambi¨® la ley y estableci¨® que bastaba estar empadronado para tener tarjeta sanitaria: extendi¨® el derecho; ahora, el PP da marcha atr¨¢s: lo restringe.

Para el resto de ciudadanos el acceso a la sanidad no cambia: tienen tarjeta quienes coticen o hayan cotizado, o est¨¦n bajo cobertura de otra persona, o no tengan recursos. Es decir, casi todo el mundo, salvo rentistas. La redacci¨®n del decreto del Gobierno levant¨® la sospecha de si los mayores de 26 a?os que ya no tengan cobertura de los padres y est¨¦n en paro quedar¨ªan desasistidos; el ministerio responde que no, que estar¨¢n asistidos, como hasta ahora, si acreditan no tener ingresos. Sus derechos son los mismos que ten¨ªan. El problema es, m¨¢s bien, que ahora hay muchos m¨¢s j¨®venes en esa situaci¨®n, porque el paro juvenil se ha disparado hasta alcanzar el 50%.

La otra novedad clave del real decreto es el copago farmac¨¦utico. Los pensionistas, que suponen el 75% del gasto en medicinas y que hasta ahora las ten¨ªan gratis, van a tener que pagar parte de la receta por primera vez (un 10% del precio del medicamento, salvo aquellos con rentas muy altas que pagar¨¢n el 60%); y el resto de ciudadanos, que ya pagaban el 40% de la receta, pagar¨¢n m¨¢s: entre el 40% y el 60%, en funci¨®n de su nivel de renta. Los enfermos cr¨®nicos seguir¨¢n pagando como ahora: un 10%; y los parados que hayan agotado todas las ayudas no pagar¨¢n nada.

La aportaci¨®n de los jubilados tendr¨¢ un l¨ªmite en euros: para la inmensa mayor¨ªa, entre 8 y 18 euros mensuales. Por ejemplo: si un pensionista con varias dolencias consume medicinas por valor de 200 euros al mes, le tocar¨ªa pagar 20 euros (el 10%); pero solo pagar¨¢ 8 o 18 (depende de su renta) y el resto se lo devolver¨¢ la Administraci¨®n. La Administraci¨®n, eso s¨ª, tiene seis meses para devolverlo, y eso si no se retrasa. La pensi¨®n media en Espa?a es de unos 800 euros mensuales.

Tambi¨¦n van a dejar de financiarse con fondos p¨²blicos algunos medicamentos para s¨ªntomas leves (se apunta, por ejemplo, a los antidiarr¨¦icos y antimucol¨ªticos), que ahora se dan con receta y pasar¨¢n a ser ¨ªntegramente de pago; el Gobierno no ha dicho a¨²n cu¨¢les. Y las sillas de ruedas, muletas, pr¨®tesis, preparados alimenticios y ambulancias no urgentes las copagar¨¢ el usuario con los mismos porcentajes que las medicinas (ahora tambi¨¦n se pagan en la mayor¨ªa de las comunidades, no en todas, pero cada una establece en qu¨¦ medida).

Est¨¢ por decidirse algo fundamental: si se recortar¨¢n o no las prestaciones que ofrece la sanidad p¨²blica. Ahora hay un cat¨¢logo de servicios b¨¢sicos, com¨²n para todas las comunidades aut¨®nomas, que luego estas pueden ampliar pero pagando las prestaciones extra con fondos propios. El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, ha anunciado que revisar¨¢ ese cat¨¢logo. No ha especificado m¨¢s. Podr¨ªa retirar prestaciones o cambiar los requisitos para acceder a ellas; o incluir otras nuevas, aunque eso, ahora mismo, es m¨¢s que improbable.

EDUCACI?N

Clases con m¨¢s alumnos, universidad m¨¢s cara

El recorte en educaci¨®n ¡ªque se pone en marcha a partir del curso 2012-2013 y afectar¨¢ tanto a la escuela p¨²blica como a la privada concertada¡ª llegar¨¢ por dos v¨ªas: en primaria y secundaria, exprimiendo los recursos: m¨¢s ni?os por profesor y m¨¢s horas lectivas (no m¨¢s horas de trabajo) para los docentes. En la universidad, subiendo al m¨¢ximo las tasas y con la previsi¨®n ¡ªesto a¨²n no se ha aprobado, aunque se ha anunciado¡ª de endurecer los requisitos acad¨¦micos para tener beca.

El tope de alumnos por clase en primaria pasar¨¢ de 27 ni?os a 30; en secundaria obligatoria, de 30 a 36; en bachillerato, de 37 a 42. Objetivo aparente: reducir plantilla no funcionarial (si cada profesor se hace cargo de m¨¢s alumnos, sobrar¨¢n interinos y sustitutos). Un cambio que, seg¨²n las asociaciones de profesores y de padres, empobrecer¨¢ la calidad de la ense?anza. A eso hay que a?adir que las bajas solo se cubrir¨¢n pasadas dos semanas (ahora hay un plazo distinto en cada comunidad).

Los profesores, por otro lado, tendr¨¢n que dedicar m¨¢s horas a dar clase. Su jornada laboral no cambia (37,5 horas semanales), pero var¨ªa el reparto por tareas. No tendr¨¢n m¨¢s horas de trabajo, pero s¨ª m¨¢s horas lectivas: mientras que ahora dedican un m¨¢ximo de 25 horas en primaria y de 18 a 21 en secundaria a dar clase ¡ªel resto es para corregir ex¨¢menes, preparar las clases, atender a los padres, etc¨¦tera¡ª, ahora esos umbrales ser¨¢n el "m¨ªnimo" de horas lectivas, no el m¨¢ximo. Dar¨¢n, por tanto, m¨¢s horas de clase, a costa de todo lo dem¨¢s.

En cuanto a la universidad, ser¨¢ mucho m¨¢s caro estudiar en ella (aunque seguir¨¢ estando muy mayoritariamente financiada con fondos p¨²blicos). Ahora, el estudiante paga aproximadamente el 15% de la matr¨ªcula: unos 950 euros de los 6.000 que cuesta un curso. Y cada a?o las tasas suben, m¨¢s o menos, entre el 2% y el 6,5% (el IPC m¨¢s un extra que puede ser, como m¨¢ximo, de cuatro puntos: lo decide cada comunidad).

Lo que hace el decreto del Gobierno es ampliar esa horquilla y permitir a las comunidades que cobren al estudiante entre ese 15% actual y un 25% de la matr¨ªcula. Eso quiere decir que las tasas para el curso pr¨®ximo podr¨ªan subir hasta un 66% (hasta 540 euros m¨¢s, seg¨²n la estimaci¨®n del Ministerio de Educaci¨®n), aunque es imposible conocer la subida media (depender¨¢ de qu¨¦ horquilla aplique cada comunidad, cu¨¢nto se est¨¦ pagando ahora en cada una, cu¨¢nto cueste el curso...). Eso para la primera matr¨ªcula. Los repetidores lo tendr¨¢n peor, sobre todo los reincidentes: pagar¨¢n, en la segunda matr¨ªcula, entre el 30% y el 40% del coste; en la tercera, entre el 65% y el 75%, y en la cuarta, entre el 90% y el 100%, es decir, el coste ¨ªntegro del curso. Ahora, repetir tambi¨¦n sale m¨¢s caro, pero no tanto; cada comunidad decide qu¨¦ penalizaci¨®n cobra a los repetidores.

Por ¨²ltimo, las becas. El presupuesto baja un 12%. El Gobierno dice que las mantendr¨¢, aunque ha deslizado que habr¨¢ cambios en los requisitos. No se tocar¨¢n los umbrales de renta m¨¢ximos para obtener la beca. Pero s¨ª lo que se exige luego al estudiante para mantenerla: ahora, el becado debe aprobar entre el 60% y el 80% de los cr¨¦ditos acad¨¦micos (dependiendo de la dificultad de la carrera); Educaci¨®n planea pasar al 65%-85% de los cr¨¦ditos y que no baste con el aprobado, sino que se exija una nota m¨ªnima de 5,5 para las becas de matr¨ªcula y de 6 para las becas-salario (las que se dan para que los alumnos no dejen los estudios para trabajar).

DEPENDENCIA

El calendario se paraliza

La ayuda a la dependencia sufre un recorte de 283 millones de euros: desaparece, ¨ªntegra, una de las dos partidas con las que el Gobierno la cofinancia. La otra partida, la principal (unos 1.500 millones), se mantiene porque no es eliminable: el Ejecutivo est¨¢ obligado a pagar su parte, ya que la ayuda a la dependencia, como la sanidad, la educaci¨®n o las pensiones, es un derecho desde 2006.

Pero hay algo igual o m¨¢s duro que el recorte de presupuesto, y es que el calendario de la ley ¡ªque deb¨ªa integrar progresivamente a los dependientes en funci¨®n de su gravedad, hasta atenderlos a todos en 2015¡ª se paraliza. Este a?o les tocaba entrar a los dependientes moderados de grado 2 (los m¨¢s graves de los moderados), pero no entrar¨¢n. Y entre los grandes dependientes, te¨®ricamente ya cubiertos, sigue habiendo miles en lista de espera.

Por otro lado, se reduce de 86 a 50 millones la partida destinada a la atenci¨®n social que dan los Ayuntamientos a las personas m¨¢s necesitadas. Puede ser la puntilla para unos servicios sociales, los locales, que ya no dan abasto.

JUSTICIA

Un recurso, 800 euros

Las tasas judiciales existen desde 2003, pero solo las pagaban las empresas, y no todas. Ahora las va a pagar todo el mundo: empresas y particulares. Y las tarifas se disparan: la horquilla actual es de 50 a 600 euros; la nueva, de 100 a 1.200 euros. Ser¨¢, sobre todo, mucho m¨¢s caro recurrir una sentencia: de 300 euros pasa a 800. El Ministerio de Justicia argumenta que hay que acabar con el "exceso de litigiosidad" en Espa?a y con el abuso que supone encadenar recursos para eternizar los pleitos.

Sigue exenta de tasas, como estaba, la jurisdicci¨®n penal; pero a la civil y la contencioso-administrativa se une ahora la jurisdicci¨®n de lo social (derecho laboral): recurrir una sentencia sobre un expediente de regulaci¨®n de empleo, por ejemplo, costar¨¢ 500 euros. Hasta ahora era gratis.

Con informaci¨®n de Emilio de Benito, Pilar ?lvarez y Carmen Mor¨¢n.