El delito fiscal tendr¨¢ una pena m¨¢s dura y los delatores ser¨¢n premiados

El Gobierno pretende endurecer las penas para los evasores fiscales y aquellos que defrauden a la Seguridad Social. El Consejo de Ministros aprob¨® este viernes un anteproyecto de ley que reforma el C¨®digo Penal para elevar a seis a?os (ahora est¨¢ en cinco) la pena m¨¢xima de c¨¢rcel en los casos m¨¢s graves de fraude: cuando este supere los 600.000 euros, proceda de una organizaci¨®n criminal o se utilicen para¨ªsos fiscales. Al aumentar la pena, el plazo de prescripci¨®n en esos casos se ampl¨ªa tambi¨¦n: pasa de cinco a diez a?os. El objetivo es evitar que los procesos m¨¢s complejos ¡ªcasos de corrupci¨®n o tramas criminales¡ª queden sin sanci¨®n.

El Gobierno escucha as¨ª una de las hist¨®ricas reclamaciones de los inspectores de Hacienda, que ped¨ªan endurecer las penas, aumentar el plazo de investigaci¨®n y establecer un nuevo tipo de delito m¨¢s severo. Pero tambi¨¦n agiliza los mecanismos de recaudaci¨®n para delitos fiscales y allana el camino para las regularizaciones voluntarias. El Ejecutivo necesita ingresos con los que aplacar el pesado d¨¦ficit p¨²blico y esta f¨®rmula sirve para generar recursos adicionales.

Hace dos a?os y medio el PP se opuso a una propuesta similar (aunque m¨¢s dura) del Gobierno socialista para aumentar la pena por delito fiscal. Ahora, el PP ha decidido acometer la reforma.

El Ministerio de Hacienda present¨® a principios de a?o su plan contra el fraude fiscal, con que el que pretend¨ªa recaudar cerca de 8.200 millones, cantidad que puede quedar desfasada con esta reforma legal. ¡°El objetivo de la reforma no es tanto abrir un litigio como mejorar la recaudaci¨®n¡±, seg¨²n fuentes del Ejecutivo.

Por eso se incluyen medidas para ¡°favorecer la regularizaci¨®n voluntaria del contribuyente o la recaudaci¨®n¡±, seg¨²n la nota de prensa.

Uno de los apartados de la reforma consiste en la creaci¨®n de un ¡°atenuante¡± (rebaja importante de la pena) cuando un contribuyente pague su deuda con el fisco antes de que transcurran dos meses desde que haya recibido la notificaci¨®n judicial como imputado. Esa reducci¨®n de penas y sanciones tambi¨¦n se aplicar¨¢ a quien, habiendo cometido fraude, colabore para ¡°la identificaci¨®n o captura de otros sujetos responsables¡±. Es decir, a quien denuncie a otros defraudadores.

Con esta reforma, el Ejecutivo garantiza a los evasores que se acojan a la amnist¨ªa fiscal que no se les denunciar¨¢ ante los juzgados. No se les perseguir¨¢ por las posibles irregularidades fiscales, contables y otras falsedades que hayan podido cometer. Se da respuesta as¨ª a una de las demandas de los asesores fiscales, que reclamaban la m¨¢xima seguridad jur¨ªdica antes de que sus clientes destapen el dinero negro para regularizarlo con la amnist¨ªa fiscal aprobada por el Gobierno.

El proyecto de ley prev¨¦ una regla especial para perseguir las tramas de crimen organizado de forma inmediata. Hasta ahora deb¨ªan esperar a que transcurriera el a?o fiscal para hacerlo. As¨ª, los inspectores podr¨¢n denunciar desde el momento en que el fraude supere los 120.000 euros.

El texto recoge, asimismo, que Hacienda pueda continuar con el procedimiento recaudatorio en paralelo con la tramitaci¨®n del proceso penal, y se faculta a los inspectores fiscales para mantener la investigaci¨®n. Se pretende evitar con ello casos de desapoderamiento o de alzamientos de bienes por parte del deudor tributario. Es decir, que los venda o los ponga a nombre de un tercero.

La reforma endurece, por otro lado, el fraude contra la Seguridad Social. Se crea un nuevo tipo de delito agravado ¡ªhasta seis a?os de c¨¢rcel y 10 a?os de prescripci¨®n¡ª para casos de empresas ficticias que simulan relaciones laborales para que los trabajadores puedan cobrar el paro, o talleres clandestinos con empleados sin registrar en la Seguridad Social. Adem¨¢s, se reduce, en todos los casos, la cuant¨ªa m¨ªnima a partir de la que se considera que hay delito: antes era de 120.000 euros, y pasa a 50.000.

Por ¨²ltimo, la reforma incluye el nuevo art¨ªculo del C¨®digo Penal que hace semanas anunci¨® el Gobierno para castigar a los responsables p¨²blicos que escondan facturas en los cajones. Se establece la pena de entre uno y diez a?os de inhabilitaci¨®n y una multa de seis a doce meses a la autoridad que falsee ¡°la contabilidad, documentos o informaci¨®n que deban reflejar la situaci¨®n econ¨®mica¡± de la entidad p¨²blica, siempre y cuando lo haga ¡°a sabiendas¡± y con el objetivo de ¡°causar un perjuicio econ¨®mico¡± a la instituci¨®n. Es un nuevo supuesto penal que algunos juristas consideran que no era necesario crear.