Hacienda se arroga el poder de destituir a quien incumpla los planes de ajuste

Quienes no cumplan los planes de ajuste aprobados por el Gobierno no solo est¨¢n expuestos a llevarse una reprimenda p¨²blica o a la amenaza de intervenci¨®n. El anteproyecto de Ley de Transparencia atribuye al Ministerio de Hacienda la potestad de destituir a los cargos p¨²blicos, de cualquier Administraci¨®n, que incumplan ¡°deliberadamente¡± las medidas correctoras recogidas en dichos planes.

El Consejo de Ministros dio esta tarde luz verde al anteproyecto del que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, destac¨® el procedimiento sancionador para altos cargos por el incumplimiento de las normas de buen gobierno. El Consejo de Ministros ser¨¢ el ¨®rgano sancionador para los ministros y secretarios de Estado que incumplan. Y el Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas sancionar¨¢ la conducta del resto de altos cargos, tanto auton¨®micos como de corporaciones locales, que vulneren tanto la Ley de Transparencia como la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Entre las conductas que la Ley de Transparencia considera muy graves, y conllevan la destituci¨®n, se encuentra el incumplimiento de otras obligaciones recogidas en la Ley de Estabilidad como son el destinar el super¨¢vit a la reducci¨®n de deuda o el deber de suministrar informaci¨®n o justificar desviaciones presupuestarias ante el Gobierno.

Y como la puesta en marcha de los mecanismos de transparencia previstos en la ley se prolongar¨¢ durante un a?o tras la aprobaci¨®n de la norma, el anteproyecto incluye una cl¨¢usula que indica que, en lo referente al buen gobierno, su entrada en vigor se producir¨¢ el mismo d¨ªa de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.

El Consejo de Ministros inici¨® as¨ª ayer la tramitaci¨®n de la esperada y prometida Ley de Transparencia, que pasar¨¢ ahora a los ¨®rganos consultivos para despu¨¦s ser objeto de debate parlamentario. Pero su tramitaci¨®n ha comenzado antes de que concluyera el an¨¢lisis encargado al comit¨¦ de expertos que el propio Gobierno design¨®. El comit¨¦ se reuni¨® el jueves por la tarde y ning¨²n miembro del Ejecutivo advirti¨® de que ayer se dar¨ªa luz verde al anteproyecto, decisi¨®n que ha sido considerada como un ¡°desaire¡±, ¡°menosprecio¡± o ¡°feo¡± por algunos de los 38 miembros de este ¨®rgano. Los expertos tienen pendientes dos reuniones, aunque desconocen si finalmente plantear¨¢n propuestas o, simplemente, asesorar¨¢n a los grupos parlamentarios que lo requieran, ya que esta era otra de sus atribuciones.

S¨¢enz de Santamar¨ªa inform¨® de que se han recogido algunas de las sugerencias formuladas a trav¨¦s de las 3.700 aportaciones (que no son p¨²blicas) que ciudadanos y colectivos presentaron en el plazo abierto por el Gobierno para enriquecer el texto.

En cualquier caso, el anteproyecto no ha atendido ninguna de las dos principales quejas, ya que mantiene el silencio negativo y no reduce las excepciones para el acceso a informaci¨®n. S¨¢enz de Santamar¨ªa asegur¨® haber valorado la sustituci¨®n del silencio negativo (con el que la Administraci¨®n puede no responder a una solicitud de informaci¨®n y este silencio se considera como una negativa) por el positivo pero el hecho es que el texto lo mantiene.

Se ha incluido a los colegios profesionales entre los entes que son susceptibles de cumplir la norma pero se mantiene al margen a la Casa del Rey. Adem¨¢s, se ha a?adido otro l¨ªmite al acceso a la informaci¨®n, que se denegar¨¢ cuando ¡°exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que se haga p¨²blica¡± o que ¡°no exista un inter¨¦s superior que respalde la publicaci¨®n¡±. Y, eso s¨ª, se ha otorgado algo m¨¢s de independencia a la agencia que velar¨¢ por el cumplimiento de la ley ya que el nombramiento y el cese de su presidente se equipara al de los organismos reguladores.

La inclusi¨®n de la Casa del Rey entre las instituciones sujetas al cumplimiento de la ley fue una de las sugerencias que se realiz¨® al borrador de la norma, pero esta no ha sido aceptada, seg¨²n ha desvelado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, tras el consejo de ministros. "No forma parte del grupo de administraciones p¨²blicas", ha justificado. Tampoco se han incluido los partidos pol¨ªticos. Las ¨²nicas instituciones que se han a?adido en el anteproyecto son los colegios profesionales. El cambio del silencio administrativo negativo como contestaci¨®n a una solicitud de informaci¨®n por el positivo era otra de las sugerencias realizadas por colectivos y particulares. Pero tampoco ha sido admitida. ¡°Lo hemos valorado pero ante la situaci¨®n de materias que son sensibles para la seguridad ciudadana o de las personas, la defensa nacional o que afecten a competencia, ante las dificultades de limitaciones, mantendr¨¢ silencio negativo para evitar perjuicios a intereses p¨²blico o de terceros", ha justificado la vicepresidenta.

Entre las aportaciones que no parecen haber sido atendidas se encuentran las del colectivo Acces Info, que considera que el derecho de acceso a la informaci¨®n que establece el borrador ¡°es muy limitado¡± y que las excepciones deber¨ªan reducirse e incluso suprimirse en el caso de la que niega la posibilidad de acceso a los informes previos en los que se basan las resoluciones administrativas.

La plataforma Coalicci¨®n Pro Acceso tambi¨¦n consider¨® que la denegaci¨®n de acceso a cualquier tipo de informaci¨®n ¡°debe ser excepcional, mientras que Avaaz, una comunidad de movilizaci¨®n on line, apuesta igualmente porque la ley reconozca ¡°el principio de publicidad de toda la informaci¨®n en manos de todas las instituciones p¨²blicas, solo limitado en los casos excepcionales establecidos por la ley y ponderando siempre el inter¨¦s p¨²blico de la informaci¨®n requerida¡±.

El colectivo de Archiveros en la Funci¨®n P¨²blica tambi¨¦n ha hecho p¨²blicas sus aportaciones al borrador de la Ley de Transparencia. En ellas, inciden en que la ley deber¨ªa hacer referencia al acceso a ¡°documentos de titularidad p¨²blica¡± y no a ¡°informaci¨®n p¨²blica¡±. Tambi¨¦n consideran que deber¨ªan se?alarse y limitarse bien los plazos para la contestaci¨®n de peticiones de informaci¨®n con el fin de evitar dilaciones.