El Gobierno ajusta la Ley de Transparencia a la Constituci¨®n

El borrador del anteproyecto de la Ley de Transparencia era inconstitucional. As¨ª lo plantearon algunos de los expertos del comit¨¦ nombrado por el Gobierno para estudiar el texto y certificaron profesores y catedr¨¢ticos consultados. El anteproyecto ya ha iniciado su tramitaci¨®n y ha sido remitido a la Agencia de Protecci¨®n de Datos con una importante variaci¨®n respecto al r¨¦gimen sancionador para quienes incumplan esta ley o la de Estabilidad Presupuestaria.

En el borrador, tal como se?al¨® hasta dos veces la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, el poder para sancionar a altos cargos de las Administraciones auton¨®micas y locales reca¨ªa en el ministro de Hacienda y Administraciones P¨²blicas. Dado que arrogarse este poder constitu¨ªa la vulneraci¨®n del principio de autonom¨ªa y de legitimaci¨®n democr¨¢tica (porque un cargo del Estado no tiene competencia sobre otro auton¨®mico o local), el anteproyecto indica que cuando los infractores no pertenezcan a la Administraci¨®n general del Estado, la competencia para la imposici¨®n de sanciones corresponder¨¢ a ¡°los ¨®rganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicaci¨®n del r¨¦gimen disciplinario propio de las Administraciones en las que presten servicio¡±.

De esta manera, el ministro no podr¨¢ sancionar o llegar a destituir, tal como se?al¨® Santamar¨ªa, a ning¨²n cargo auton¨®mico o local, sino que tendr¨¢ que ser cada Administraci¨®n la que castigue las infracciones.

El Gobierno no ha permitido el acceso a las cerca de 4.000 sugerencias planteadas por los ciudadadanos

Esta es una de las m¨¢s importantes modificaciones del anteproyecto de la Ley de Transparencia, que apenas recoge algunas de las cerca de 4.000 sugerencias presentadas por los ciudadanos. Sin embargo, S¨¢enz de Santamar¨ªa no hizo referencia a ella tras el Consejo de Ministros de la semana pasada, en el que se dio luz verde al anteproyecto. De hecho, la vicepresidenta mencion¨® el r¨¦gimen sancionador, pero sin hacer alusi¨®n a este cambio.

En cualquier caso, no se sabe si la aportaci¨®n ha sido por sugerencia de los ciudadanos, porque sus peticiones no se han hecho p¨²blicas, o por las advertencias de los expertos, a los que el Gobierno obvi¨® cuando dio luz verde al anteproyecto antes de que el comit¨¦ acabara de analizar la futura ley.

El nuevo texto incluye como entidades a las que incumbe la ley las agencias estatales y los colegios profesionales. Adem¨¢s, ha cambiado la exclusi¨®n de acceso a los informes por ¡°informes internos¡±, aunque no define qu¨¦ es un ¡°informe interno¡±, y sin embargo ampl¨ªa el acceso a los informes cuando se refieran a la elaboraci¨®n de textos normativos. El Gobierno no ha tocado ninguna otra excepci¨®n, pero s¨ª precisa que los l¨ªmites al derecho de acceso ¡°atender¨¢n a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un inter¨¦s p¨²blico o privado superior que justifique el acceso¡±, aunque se trata de un argumento bastante subjetivo, sobre todo teniendo en cuenta que mantiene el silencio negativo como posibilidad de respuesta. Es decir, que la Administraci¨®n no conteste una solicitud de informaci¨®n debe entenderse como que no la va a proporcionar.

El anteproyecto tambi¨¦n se ha ampliado para fijar el plazo de prescripci¨®n de las infracciones en cinco a?os y para ajustar el cese del presidente de la Agencia Estatal de Transparencia.