Las excepciones empa?an la norma

El anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno, uno de los proyectos estrella del Gobierno del PP, corre el riesgo de convertirse en un papel m¨¢s, sin capacidad para evitar que Espa?a deje de ser uno de los pa¨ªses m¨¢s opacos de Europa.

Uno de los problemas es que la definici¨®n de la futura ley est¨¢ cargada de excepciones. En el art¨ªculo 9 del anteproyecto se dice que ¡°se entiende por informaci¨®n p¨²blica los contenidos o documentos¡± de car¨¢cter p¨²blico ¡°siempre y cuando estos no perjudiquen a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad p¨²blica o la prevenci¨®n, investigaci¨®n y sanci¨®n de il¨ªcitos penales, administrativos o disciplinarios¡±.

La potestad de decidir si se cumple alguna de esas excepciones es del Gobierno. Por ejemplo, las peticiones hechas por los investigadores ?lvaro Jim¨¦nez Mill¨¢n y Carlos Sanz D¨ªaz podr¨ªan ser denegadas nuevamente bajo el amparo de la nueva ley. El Gobierno podr¨ªa alegar que sus solicitudes de acceder a los documentos sobre las relaciones de Espa?a, Jap¨®n y Filipinas entre 1975 y 1982 o las relaciones hispano¨¢rabes entre 1970 y 1982 perjudican a las relaciones exteriores del Estado. Con la ley en la mano, los investigadores ni siquiera podr¨ªan tramitar un recurso.

La definici¨®n de la ley ha sido criticada por la Coalici¨®n pro Acceso, una plataforma que integra a 54 organizaciones, y por la Organizaci¨®n para la Seguridad y la Cooperaci¨®n en Europa (OSCE). En un informe publicado en abril, la OSCE recomendaba redactar la definici¨®n de nuevo siguiendo ¡°el principio de m¨¢xima divulgaci¨®n y eliminando los l¨ªmites enunciados¡±.

Las asociaciones que han seguido el tema de cerca entienden que haya ciertas restricciones en el acceso a la informaci¨®n pero exigen que esos l¨ªmites puedan al menos ser recurridos. ¡°Tal como est¨¢ redactada, los ciudadanos no podr¨¢n recurrir muchos asuntos¡±, se?ala Helen Darbishire, directora de la ONG Access Info Europe.

El texto del anteproyecto solo permite recurrir aquello que quede fuera de la definici¨®n. Un organismo de nueva creaci¨®n, la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluaci¨®n de las Pol¨ªticas P¨²blicas y la Calidad de los Servicios, ser¨¢ el que determine si la informaci¨®n ha de facilitarse para satisfacer el inter¨¦s p¨²blico. La Coalici¨®n Pro Acceso ha pedido en varias ocasiones que esta agencia sea independiente pero, finalmente ¡ªsalvo que el anteproyecto de ley sufra modificaciones¡ª, la agencia depender¨¢ del Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas. Es decir, ser¨¢ un organismo del Gobierno el que decida si una informaci¨®n es de inter¨¦s p¨²blico o no.

Seg¨²n la Coalici¨®n Pro Acceso, la tramitaci¨®n de la Ley de Transparencia est¨¢ caracteriz¨¢ndose por una absoluta falta de transparencia. Para empezar, el Consejo de Ministros decidi¨® dar luz verde al anteproyecto a mediados del mes pasado, antes de que una comisi¨®n de 38 expertos designada por el Ministerio de la Presidencia para debatir la ley finalizara las conversaciones.

La semana pasada se celebr¨® la cuarta sesi¨®n de la Comisi¨®n de Expertos. El t¨ªtulo de la reuni¨®n era ¡°Propuestas de la sociedad civil¡± y los asistentes acudieron con la esperanza de conocer las 3.600 sugerencias que los ciudadanos hab¨ªan hecho a la ley en una consulta p¨²blica en Internet que el gobierno llev¨® a cabo durante dos semanas de abril. Pero ninguna de esas propuestas se hizo p¨²blica.

Cuando los expertos preguntaron a la representante del Ministerio de la Presidencia cu¨¢ndo se dar¨ªan a conocer los comentarios de los ciudadanos, esta contest¨® que no lo sab¨ªa, ¡°que no ten¨ªa la informaci¨®n¡±, se?ala Helen Darbishire, de Access Info, una de las organizaciones que forma parte de la Comisi¨®n.

Las propuestas no se han hecho p¨²blicas porque el Gobierno ha considerado que son correspondencia y que podr¨ªa infringir leyes como la de Protecci¨®n de Datos, seg¨²n public¨® el diario El Mundo el pasado viernes citando a fuentes del Ministero de la Presidencia.

Mientras tanto, y a la espera de que el Gobierno apruebe la ley, los ciudadanos han empezado a enviar preguntas a las administraciones. La web tuderechoasaber.es ha recogido m¨¢s de 400 solicitudes en poco m¨¢s de dos meses. Seg¨²n un portavoz de la web, un tercio han sido ya contestadas, aunque no siempre de manera exitosa.