Ante el rodillo parlamentario, la oposici¨®n recurre a la v¨ªa judicial

La Constituci¨®n marca los l¨ªmites a todas las leyes. Sus principios fundamentales y los derechos y deberes que recoge son el tope que cualquier norma no puede rebasar. Cuando el di¨¢logo no funciona, cuando las f¨®rmulas de consenso se agotan o ni siquiera se inician, cuando las mayor¨ªas convierten el parlamento en un escenario de rechazo a cualquier alternativa, queda el Constitucional. No es una opci¨®n banal. Se trata de apelar a la m¨¢s alta instancia y los requisitos de acceso no son nimios. En el caso de pugnas pol¨ªticas, los argumentos se centran, fundamentalmente, en cuestiones de competencias de las Administraciones.

La posibilidad de gobernar a trav¨¦s de decretos escogida por Mariano Rajoy ha provocado, en solo seis meses, el anuncio de un importante n¨²mero de recursos ante el Constitucional. La decisi¨®n de tomar las riendas del pa¨ªs a golpe de decreto o sin atender a acuerdos o enmiendas parlamentarias no deja a los partidos de la oposici¨®n mucha m¨¢s opci¨®n que recurrir al tribunal. No siempre ha sido as¨ª. Los primeros seis meses de los dos anteriores presidentes del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, fueron m¨¢s sosegados y el recurso al Tribunal Constitucional apenas tuvo que esgrimirse en contadas y escogidas ocasiones.

El PSOE ya ha anunciado cinco recursos. Dos de ellos est¨¢n en estudio o pendientes de si el Gobierno mantiene su posici¨®n o rectifica. Los modos y los argumentos para la elecci¨®n del presidente de RTVE, la amnist¨ªa fiscal y la reforma laboral son tres de los asuntos que tendr¨¢ que ver el Constitucional. El veto del PP a las peticiones de comparecencia de Carlos D¨ªvar, ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, fue otro de los temas que se plante¨® para que fuera estudiado por este tribunal, despu¨¦s de que los populares mantuvieran su empe?o en protegerle. Y el estudio jur¨ªdico del decreto de la reforma sanitaria determinar¨¢ si sus medidas son recurridas tambi¨¦n ante el tribunal.

El PSOE ha anunciado cinco recursos en solo seis meses. Los anteriores Gobiernos solo provocaron la presentaci¨®n de dos

En el caso de la elecci¨®n del presidente de RTVE, los socialistas consideran que el real decreto ley que tambi¨¦n fija nuevas normas para la elecci¨®n de los consejeros no cumple con las necesarias razones de urgencia y extraordinaria necesidad que justifican la adopci¨®n de esta decisi¨®n a trav¨¦s de la figura del real decreto ley.

Adem¨¢s de ¡°inmoral¡±, tal como calific¨® el PSOE la amnist¨ªa fiscal aprobada por el PP, el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra este otro decreto esgrime que la norma ¡°quiebra la esencia misma¡± del mandato constitucional de contribuir a la Hacienda p¨²blica en condiciones de ¡°igualdad, proporcionalidad y progresividad¡±. Adem¨¢s, considera que la medida tambi¨¦n es inconstitucional en la forma porque varias sentencias han dictado que no es posible utilizar la v¨ªa del decreto ley para cuestiones que afecten a este deber de contribuir a la Hacienda p¨²blica.

El principal partido de la oposici¨®n esperar¨¢ a que la reforma laboral se convierta definitivamente en ley para presentar el recurso de inconstitucionalidad. De momento, la norma est¨¢ aprobada por v¨ªa de urgencia y en vigor, pero, a la vez, mantiene un tr¨¢mite de aprobaci¨®n parlamentaria. En cualquier caso, el PSOE ya ha estudiado la ley y considera que vulnera, al menos, cinco art¨ªculos de la Constituci¨®n, con especial incidencia en los relativos al derecho del trabajo, la negociaci¨®n colectiva y la tutela judicial efectiva.

El Constitucional ya ha decidido, en esta legislatura, sobre un recurso, presentado por los socialistas y por Izquierda Unida, sobre el voto emigrante en Asturias, que acab¨® otorgando al PSOE el diputado en discordia.

El Constitucional ya ha resuelto, en esta legislatura, el recurso por el voto emigrante de Asturias

A¨²n en el caso de que finalmente el PSOE no lleve el decreto sanitario al Constitucional, los recortes llegar¨¢n en cualquier caso a este tribunal, ya que el Gobierno catal¨¢n ha anunciado que lo recurrir¨¢ porque entiende que invade competencias auton¨®micas. Tambi¨¦n lo har¨¢ el Gobierno vasco y, probablemente, Andaluc¨ªa. Navarra podr¨ªa unirse a esta decisi¨®n a finales de mes.

En el plano auton¨®mico, los socialistas valencianos tambi¨¦n han optado por recurrir al Constitucional contra el decreto del Gobierno valenciano de medidas urgentes para la reducci¨®n del d¨¦ficit. El recurso alega que la decisi¨®n del Gobierno de Alberto Fabra vulnera los derechos de los trabajadores y ataca el Estatuto de Autonom¨ªa, ya que afecta a los derechos de los trabajadores de la funci¨®n p¨²blica valenciana.

En los seis primeros meses de Aznar en el poder, el PSOE y las autonom¨ªas socialistas presentaron dos recursos de inconstitucionalidad. Uno fue por el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica pactada por el Gobierno y el PP para el quinquenio 1997-2001. Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura, el PSOE y la Junta General del Principado de Asturias, gobernada por el PP, acudieron al Constitucional por considerar que se hab¨ªan invadido competencias auton¨®micas.

La financiaci¨®n auton¨®mica y medidas urgentes fueron las dos propuestas de Aznar que llegaron al Constitucional

El segundo recurso tuvo que ver con un decreto de medidas urgentes, aprobado por el reci¨¦n nombrado Gobierno en junio del 96. La nueva regulaci¨®n de sucesiones y donaciones y un nuevo r¨¦gimen para incrementos y disminuciones patrimoniales llevaron a los socialistas a optar tambi¨¦n por la v¨ªa judicial, esgrimiendo que no hab¨ªa causa de urgencia para utilizar el real decreto ley y por la vulneraci¨®n del principio constitucional de progresividad que implicaba la nueva tributaci¨®n.

En la otra direcci¨®n, desde el Gobierno hacia el resto de las Administraciones, la hemeroteca muestra a un Mariano Rajoy, entonces ministro de Administraciones P¨²blicas, que ya peleaba por mantener y hacer respetar una congelaci¨®n salarial para los funcionarios p¨²blicos. Para ello, el Ejecutivo ¡°amenaz¨®¡± a todas las comunidades y Ayuntamientos con recurrir ante el Constitucional las decisiones de todos aquellos que incumplieran esa norma.

La llegada de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero al Gobierno, en marzo de 2004, relaj¨® la tensi¨®n acumulada entre el Ejecutivo de Aznar y varios Gobiernos aut¨®nomos durante las dos legislaturas populares. La Ley de Montes, la Ley de acompa?amiento de los ¨²ltimos presupuestos de Aznar, en 2004, la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU), la de Formaci¨®n Profesional y la Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n (LOCE) hab¨ªan sido motivos de recurso. Pero la llegada de los socialistas al poder suaviz¨® la pugna judicial y el s¨ªntoma fue la decisi¨®n del Gobierno de Zapatero de retirar, tras apenas dos meses en la presidencia, un primer paquete de recursos, promovidos por el Ejecutivo del PP ante el Tribunal Constitucional contra normas de las comunidades aut¨®nomas.

El PP recurri¨® a la v¨ªa judicial la creaci¨®n de grupo propio de ERC y el derogado PHN

Pero en aquellos seis primeros meses, hasta septiembre de 2004, el PP solo decidid¨® recurrir en un par de ocasiones al Constitucional. Lo hizo contra la decisi¨®n de permitir a Esquerra Republicana de Catalu?a (ERC) tener grupo propio en el Congreso de los Diputados. Y tambi¨¦n acudi¨® a esta instancia judicial ante el real decreto ley del Gobierno central que derog¨® el art¨ªculo 13 de la Ley de Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN). Los Gobiernos populares de Murcia, Catalu?a, Arag¨®n y la Comunidad Valenciana decidieron que la legalidad del decreto deb¨ªa ser vista por el Constitucional.