Hacienda y la polic¨ªa acreditan ante dos jueces la financiaci¨®n ilegal del PP

El c¨ªrculo no est¨¢ todav¨ªa cerrado. Pero el Ministerio de Hacienda y la polic¨ªa est¨¢n encajando las piezas del complicado puzle de la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP, aquella que, seg¨²n los indicios, sirvi¨® entre 2007 y 2008 para pagar actos electorales del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la entonces y a¨²n presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del que fuera presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

El an¨¢lisis de la contabilidad de las sociedades de la trama y la del propio PP est¨¢ estrechando el c¨ªrculo de la investigaci¨®n ordenada por los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Jos¨¦ Ceres, que instruyen la causa G¨¹rtel.

Hacienda y la polic¨ªa han enviado en las ¨²ltimas semanas a los jueces informes que apuntalan este desv¨ªo irregular de fondos al PP. Y se basa en dos ¨¢mbitos. Por un lado, la propia red corrupta que dirig¨ªa Francisco Correa, gran beneficiaria (directa o indirectamente) de adjudicaciones no siempre regulares y que compens¨® con dinero o regalos a sus aliados pol¨ªticos. Por otra parte, la misma trama aprovech¨® a otros beneficiarios de concesiones y contratos de la Administraci¨®n p¨²blica para cobrarles las deudas que el propio PP adquiri¨® con la red G¨¹rtel por prestaci¨®n de servicios y organizaci¨®n de eventos.

Lo que a¨²n no se ha definido es si fue la propia trama la que exigi¨® a los empresarios que saldaran las deudas del PP o fue el partido el que se?al¨® que eran estos a quienes se deb¨ªan cobrar esos pagos. O es que los l¨ªmites entre unos y otros se disipaban ya que, tal como asegur¨® el exconcejal que denunci¨® el caso, ¡°Correa era el s¨¦ptimo hombre con m¨¢s poder en el Partido Popular¡±.

Una de esas empresas que supuestamente financi¨® al PP aparece, adem¨¢s, como cobradora de facturas por un importe de 600.000 euros a un Ayuntamiento popular, no solo sin mediar contrato ni adjudicaci¨®n sino que los servicios que dice haber prestado no se han certificado. De los informes que hasta ahora se han aportado a la causa, la investigaci¨®n sostiene que en el a?o 2007, el PP de la Comunidad Valenciana ocult¨® al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, adem¨¢s, hay ¡°terceras personas¡± que habr¨ªan pagado, a trav¨¦s de la empresa Orange Market (filial de G¨¹rtel en Valencia), actos electorales de esta formaci¨®n.

Los documentos indican tambi¨¦n que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobr¨® a la formaci¨®n 612.322 euros, es decir, un poco m¨¢s de la tercera parte.

En el caso de Madrid, la evaluaci¨®n de la contabilidad de las sociedades de la trama top¨® con que la fundaci¨®n Fundescam emiti¨® a la red corrupta facturas de trabajos en los que ¡°el cliente real era el Partido Popular¡±. Esta es una fundaci¨®n del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campa?as electorales. La detecci¨®n de este desv¨ªo de dinero cay¨® en saco roto ya que el posible delito hab¨ªa prescrito pero, ante las evidencias, el juez orden¨® la revisi¨®n de las cuentas en 2007 y 2008, a?os en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habr¨ªan prescrito.

Han pasado tres a?os desde que se inici¨® la investigaci¨®n de los manejos de la m¨¢s extendida trama de corrupci¨®n, la red G¨¹rtel. Respecto al PP valenciano, la polic¨ªa, hasta ahora, hab¨ªa presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pag¨® al partido hasta 470.000 euros, a trav¨¦s de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.

La investigaci¨®n atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los ¨²ltimos informes se?alan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportaci¨®n de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.

A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podr¨ªa haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operaci¨®n irregular de mayor calado ya que factur¨® al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que seg¨²n los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabaj¨®, no se realizaron. Esta empresa, adem¨¢s, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castell¨®n, al que factur¨®, durante siete a?os, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignaci¨®n presupuestaria para ello, ni fiscalizaci¨®n previa, ni un procedimiento de contrataci¨®n reglado.

Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presid¨ªa el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.