El juez del ¡®caso Fabra¡¯ acusa a sus jefes de ¡°perturbar¡± su independencia
Jacobo Pin afirma que la Audiencia de Castell¨®n presiona para que cierre la causa por cohecho
Las presiones han acabado provocando el estallido. Y el Consejo General del Poder Judicial tiene ahora una patata caliente que habr¨¢ de resolver. Despu¨¦s de ver c¨®mo la secci¨®n primera de la Audiencia Provincial de Castell¨®n trataba de rebatir sus decisiones, el titular del juzgado n¨²mero 1 de Nules, instructor del caso Fabra, ha decidido pedir amparo al ¨®rgano de gobierno de los jueces con el fin de que esa secci¨®n de la Audiencia, que preside el propio presidente del organismo, Carlos Dom¨ªnguez, ¡°deje de perturbar mi independencia¡±.
El juez sostiene que esa secci¨®n est¨¢ ¡°tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho¡± del que est¨¢ acusado el presidente del PP de Castell¨®n, Carlos Fabra. La causa, de momento, est¨¢ abierta por los presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
¡°Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un ¨®rgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbaci¨®n de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuesti¨®n jurisdiccional¡±, se?ala el juez en la providencia en la que reclama el amparo.
Denuncia al Consejo del Poder Judicial maniobras de la secci¨®n primera
El juez, Jacobo Pin, que dirige la instrucci¨®n del caso Fabra desde hace tres a?os, relata en su escrito las ¨²ltimas resoluciones de la secci¨®n primera de la Audiencia, que incluso han desdicho las se?aladas por otra secci¨®n del mismo tribunal, la segunda, que ha sido la encargada de resolver los recursos durante los m¨¢s de ocho a?os de instrucci¨®n. Pin indica que ¡°aun a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no le otorga tal posibilidad¡±, la secci¨®n primera ha tratado de adoptar algunas medidas como la de declarar nulo el auto de apertura de juicio oral que pon¨ªa al presidente del PP de Castell¨®n, Carlos Fabra, a un pie del banquillo de los acusados.
En esa resoluci¨®n, adem¨¢s, los magistrados apuntaron el sobreseimiento del delito de cohecho, insinu¨¢ndolo pero no dict¨¢ndolo expresamente, lo que, seg¨²n el juez, ¡°no pueden hacer en el estado actual del procedimiento¡±. La decisi¨®n de la Audiencia provoc¨® que el propio juez pidiera una aclaraci¨®n para que este tribunal dijera expl¨ªcitamente si ten¨ªa que archivar la causa por cohecho. Pero la secci¨®n primera no lo ha hecho, quiz¨¢ porque ser¨ªa incurrir en una irregularidad a¨²n mayor. ¡°Consider¨¦ y considero que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho¡±, insiste el juez en su escrito.
Jacobo Pin expone que ha sido instructor del caso Fabra durante tres de los ocho a?os que se dilata ya la causa, ¡°controlando en todo momento la legalidad del cauce procedimiental a seguir (¡), atendiendo a los hechos declarados punibles (¡), supervisando la calificaci¨®n jur¨ªdica¡±. Y afirma que ¡°el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas impide demorar m¨¢s la tramitaci¨®n de la presente causa, cuya instrucci¨®n est¨¢ concluida desde hace meses¡±.
Desde que Pin se hizo cargo de la causa ¡ªel noveno juez a lo largo de estos m¨¢s de ocho a?os¡ª, la diligencia ha sido una norma en un procedimiento que se antojaba eterno. Sin embargo, las dilaciones en la resoluci¨®n de recursos han impedido que el de Fabra sea ya un caso cerrado.
¡°Consider¨¦ y considero que concurren indicios de cohecho¡±, insiste
La causa se inici¨® cuando Vicente Vilar, un fabricante de fitosanitarios y hasta entonces amigo de Fabra, le denunci¨® por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos. El entonces presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n medi¨®, seg¨²n los indicios, ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de acelerar la autorizaci¨®n de esos productos. Adem¨¢s, la investigaci¨®n de las maniobras y supuestos cobros ilegales destap¨® cuatro presuntos fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra junto a su entonces esposa, Mar¨ªa Amparo Fern¨¢ndez, que dejaron de ingresar 1,2 millones en las arcas p¨²blicas. Por todo ello, la fiscal¨ªa pide 15 a?os de c¨¢rcel para Carlos Fabra.
El presidente de la Audiencia de Castell¨®n, Carlos Dom¨ªnguez, que no ha firmado las ¨²ltimas resoluciones de su secci¨®n, ha sido cuestionado por su amistad con Fabra. De hecho, esa relaci¨®n fue uno de los motivos que se sopesaron a la hora de su reelecci¨®n, en 2008, en la que cont¨® con el apoyo del ahora presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa. El ¨®rgano de gobierno de los jueces no atendi¨® las advertencias ni al hecho de que vulnerara las normas de reparto y resolviera un recurso del caso. Ahora ser¨¢ ese mismo Consejo, presidido por De Rosa, quien tendr¨¢ que resolver la petici¨®n de amparo del juez de Nules.
M¨¢s de ocho a?os de investigaci¨®n y nueve jueces
El caso Fabra ha sufrido un proceloso camino que ha acabado.
Diciembre 2003. Un empresario denuncia al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, al que acusa de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores pol¨ªticos.
Enero de 2004. Carlos Fabra afirma no haber percibido "compensaci¨®n econ¨®mica alguna por interceder en defensa de los intereses de los empresarios". Dos ministros, Jes¨²s Posada (Agricultura) y Celia Villalobos (Sanidad), admiten haberse reunido con Fabra.
Enero de 2004. La primera juez del caso asciende a magistrada y deja el Juzgado de Nules, que instruye la causa. Despu¨¦s, el caso acoger¨¢ hasta nueve jueces y cuatro fiscales.
Febrero de 2004. Fabra declara como imputado por tr¨¢fico de influencias y cohecho. Admite haber visitado La Moncloa para hacer gestiones.
Febrero de 2004. El denunciante aporta dos archivadores con documentos y facturas de supuestos regalos a pol¨ªticos.
Abril de 2004. La Uni¨®n de Consumidores se persona como acusaci¨®n particular.
Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por fraude.
Mayo de 2006. Se investiga a toda la familia Fabra.
Mayo de 2007. Las pesquisas destapan que el dirigente del PP y su familia cuadruplicaron su patrimonio en cinco a?os.
Septiembre de 2008. Un informe pericial revela que entre 1999 y 2004 Fabra y su esposa ingresaron 5,3 millones de origen no justificado.
Julio 2010. La fiscal¨ªa pide 15 a?os de c¨¢rcel para Carlos Fabra. La acusaci¨®n lo eleva a 20.
Enero de 2012. El juez decide dictar auto de apertura de juicio y fija una fianza de 4,2 millones de euros.
Mayo de 2012. La Audiencia de Castell¨®n decide anular el auto de apertura de juicio e insin¨²a que se debe archivar la acusaci¨®n por cohecho.
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