La Defensora del Pueblo denuncia la ineficacia en la lucha contra la trata
Los agentes no logran que las v¨ªctimas pierdan el miedo a denunciar a las mafias La mayor¨ªa renuncia incluso al periodo de reflexi¨®n para recuperarse y pensar si desea colaborar con las autoridades El informe detecta graves carencias en la detecci¨®n de las v¨ªctimas
Las cifras son abrumadoras. Y, seg¨²n el informe sobre trata de personas del Defensor del Pueblo presentado ayer, son solo la punta del iceberg. En los tres ¨²ltimos a?os, las fuerzas de seguridad han identificado en Espa?a a m¨¢s de 4.000 v¨ªctimas de explotaci¨®n sexual, es decir, personas que, contra su voluntad, son obligadas a mantener relaciones sexuales una y otra vez. Extranjeras casi todas. Sobre todo, rumanas, brasile?as, paraguayas y nigerianas. Por este orden. ?Qu¨¦ ocurre con ellas? ?Cu¨¢ntos casos acaban en condena de los explotadores? ?Cu¨¢ntas mujeres son protegidas por el Estado despu¨¦s? Muy pocas. ?Cu¨¢ntas v¨ªctimas m¨¢s podr¨ªa haber? Seg¨²n el informe, muchas. Por eso la nueva defensora, Soledad Becerril, denunciaba ayer la ineficacia en la lucha contra esta lacra.
La pregunta previa es si las cifras son fiables. ?Hay realmente 4.000 mujeres obligadas a prostituirse? ?C¨®mo se sabe? ?Por qu¨¦ el Defensor cree que en realidad son m¨¢s? Todo son estimaciones. Al menos, los datos tienen una base algo m¨¢s s¨®lida que cuando, hace unos a?os, se hablaba de 50.000, o de 100.000 v¨ªctimas. Sin m¨¢s explicaci¨®n. Ahora la polic¨ªa cuenta con unos indicadores que aplica.
El a?o pasado, por ejemplo, las fuerzas de seguridad detectaron ¡ªen distintas redadas en clubes de alterne, pisos, en la calle o en otras situaciones¡ª, a 14.370 personas que parec¨ªan estar en riesgo de ser v¨ªctimas de trata. De ellas, 1.082 fueron finalmente catalogadas como tales. ?Por qu¨¦? Por los indicios que manejan, como que no tienen en su poder su documentaci¨®n o no tienen control sobre ella; porque no pueden comunicarse con otras personas libremente; porque no tienen libertad de movimientos; porque han sido forzadas a mantener relaciones sexuales; porque est¨¢n pagando una deuda; porque han sido amenazadas si intentan escapar; porque han sido lastimadas o privadas de comida, agua, sue?o, atenci¨®n m¨¦dica u otras necesidades vitales...
Para la defensora, estos indicadores no se aprecian as¨ª como as¨ª, y el hecho de que de 14.000 v¨ªctimas potenciales solo se identifiquen 1.000, implica que algo se hace mal y que la polic¨ªa carece de herramientas y especializaci¨®n suficientes. ¡°Esto no va de preguntarle a la mujer si es una v¨ªctima¡±, se?alan desde el organismo. ¡°Es algo m¨¢s complejo, porque la trata es un fen¨®meno complicado¡±. El informe marca las pautas que deber¨ªan seguirse para una correcta identificaci¨®n: seleccionar adecuadamente al int¨¦rprete, evitar crear nuevos traumas, no hacer la misma pregunta una y otra vez... Por otro lado, el informe considera que el perfil de v¨ªctima que maneja la polic¨ªa no incluye a las mujeres que son interceptadas tratando de entrar de manera irregular en territorio nacional.
Las cifras del documento ofrecen otro dato revelador, uno de los m¨¢s importantes, seg¨²n fuentes de la defensora: las mujeres est¨¢n rechazando masivamente la opci¨®n que les concede la Administraci¨®n de tomarse un periodo para pensar si quieren denunciar y colaborar con las autoridades. Se negaron a aceptarlo 680 mujeres de las 763 a quienes se les ofreci¨® en 2011. Algo, se?ala el informe, est¨¢ fallando.
Que las mujeres decidan colaborar con las autoridades es complicado. La mayor¨ªa tienen miedo. Han sufrido amenazas y no quieren m¨¢s problemas. Por ello, seg¨²n el informe, el restablecimiento y la reflexi¨®n deben ser dos fases ¡°claramente diferenciadas¡±: ¡°En primer lugar, la v¨ªctima debe recuperarse, sentirse segura, y solo cuando esta primera fase ha culminado con ¨¦xito y siempre con el acompa?amiento y asesoramiento de una entidad especializada (la necesidad de una mayor intervenci¨®n de las ONG es algo en lo que tambi¨¦n incide el informe), podr¨¢ enfrentarse a la segunda fase, en la que deber¨¢ ser informada de la posibilidad de cooperar con las autoridades competentes¡±.
Este fallo lo condiciona todo. Lleva tambi¨¦n al fracaso de los procesos judiciales contra los explotadores. Aunque la polic¨ªa incremente, como ha sucedido, las operaciones de lucha contra la trata y la explotaci¨®n sexual, los problemas para que los delitos acaben finalmente sentenciados son m¨²ltiples.
Judicialmente hay que distinguir entre el delito de trata (que lo es como tipo espec¨ªfico solo desde la ¨²ltima reforma del C¨®digo Penal, de 2010) y el de explotaci¨®n sexual. La trata implica el traslado de pa¨ªs de una persona para explotarla (sexual, laboralmente...). En todo caso, el testimonio de las v¨ªctimas es esencial. Si estas no siguen adelante, lo que es muy habitual por las amenazas que sufren, todo se viene abajo y los explotadores quedan impunes. El informe pide que se acuda tambi¨¦n a otros medios de prueba: ¡°La investigaci¨®n financiera es una herramienta importante para la obtenci¨®n de pruebas, la evaluaci¨®n de los riesgos, para conocer mejor el modus operandi de los tratantes y para perfeccionar los m¨¦todos de detecci¨®n¡±.
Mientras las autoridades buscan la f¨®rmula para luchar contra estos delitos, las v¨ªctimas relatan historias de terror y soledad. Como esta: ¡°Me dijeron que ten¨ªa que prostituirme. Si no, matar¨ªan a mi hija. Me la pon¨ªan al tel¨¦fono, llorando...¡±
Deficiencias constatadas con menores v¨ªctimas de trata
?Cu¨¢ntos menores hay en Espa?a v¨ªctimas de trata? A pesar de que son los m¨¢s vulnerables, no se sabe a ciencia cierta. Por esa raz¨®n, el informe de la Defensora del Pueblo plantea la necesidad de crear una base de datos independiente que aglutine los datos del Ministerio Fiscal.
Para conocer el estado de la cuesti¨®n, el Defensor consult¨® con las entidades de protecci¨®n de menores de todas las comunidades aut¨®nomas y de Ceuta y Melilla. Las dos ciudades y ocho comunidades aseguraron que no ten¨ªan a ning¨²n menor v¨ªctima de trata bajo su protecci¨®n. De las dem¨¢s, ninguna ten¨ªa recursos asistenciales espec¨ªficos para tratarlos y solo Valencia hac¨ªa un seguimiento de las diligencias penales iniciadas contra los autores del delito de trata o explotaci¨®n sexual.
¡°Esta falta de coordinaci¨®n entre la Fiscal¨ªa y las entidades de protecci¨®n de menores dificulta gravemente el proceso de recuperaci¨®n y el trabajo de las entidades especializadas que las acogen¡±, se?ala. Hay otro problema. ?Qu¨¦ pasa con los menores que llegan en patera, con alguien que dice ser su madre pero cuya filiaci¨®n no est¨¢ acreditada, y que pueden ser v¨ªctimas? El Defensor ha constatado ¡°deficiencias¡± importantes y recuerda la obligaci¨®n de que todos estos casos se pongan en conocimiento del fiscal y la comunidad aut¨®noma.
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